EDITORIAL

Sin agenda ni plan B

Cuando el año pasado el presidente Vázquez, en pleno paro general y con cara de victorioso anunció el proyecto de UPM, los grandes títulos que lo acompañaron parecían augurar una verdadera revolución capaz de sacudir hasta las raíces de los árboles.

La renuncia de Andrés Masoller, un integrante clave del equipo económico del Frente Amplio desde su acceso al poder en 2005, plantea muchísimas interrogantes sobre el destino que el gobierno proyecta para los próximos años en el país y la incidencia que puede tener la construcción de la tercera planta de celulosa.

"La razón fundamental es la discrepancia con el acuerdo que se estaría alcanzando con UPM" fue la escueta declaración del jerarca al abandonar su cargo y, obvio, que las interrogantes vienen por el lado de qué encierra la concreción de esa obra cuyas negociaciones se han manejado en el más absoluto secretismo por las autoridades.

Cuando el año pasado el presidente Vázquez, en pleno paro general y con cara de victorioso anunció el proyecto, los grandes títulos que lo acompañaron parecían augurar una verdadera revolución capaz de sacudir hasta las raíces de los árboles: el alivio capitalista había llegado y con él pondría fin al apagón de la economía uruguaya que Mujica y compañía le habían legado.

—Una inversión de US$ 5.000 millones. La empresa UPM aporta US$ 4.000 millones y el Estado uruguayo US$ 1.000 millones en mejoras imprescindibles para su explotación y para el país.

—Se construirá en el centro del país, sobre el río Negro, en la zona de influencia de los departamentos de Durazno, Tacuarembó y Cerro Largo.

—La inversión uruguaya estará centrada en la construcción y arreglo del sistema carretero (unos 230 kilómetros), y caminería rural, así como las instalaciones ferroviarias que serán la principal vía de salida de la producción hacia el puerto de Montevideo.

El combo así planteado, es impresionante: construcción de una planta gigantesca (en la de Fray Bentos trabajaron unos 5.000 obreros en este tarea), más carreteras, más vías férreas, más reacondicionamiento en el puerto, todos al unísono garantizaban una explosión de ocupación —con sus beneficiosas secuelas— como tal vez nunca había tenido Uruguay. Vázquez descansaría tranquilo y bajo palio durante el resto de su mandato. ¿Quién podría estar en desacuerdo con estos títulos?

Ocurre que en cualquier negociación, además de los títulos hay letra chica. De lo poco que se sabe es que UPM planteó una zona franca, un régimen de exoneraciones tributarias y un "estatuto" laboral-sindical especial. En este último punto hay un principio de acuerdo con el gobierno y el Pit-Cnt; en materia de zonas francas no parece haber problemas porque las hay por todo el Uruguay, lo que deja a las exoneraciones tributarias (o algunas otras cláusulas desconocidas para la opinión pública) como la piedra del problema que derivó en la renuncia de Masoller. ¿Qué se concedió que molestó tanto al jerarca, al punto de abandonar el barco? ¿Será tan grande el paraíso fiscal acordado?

Masoller, caracterizado por un férreo control sobre los dineros públicos, se bancó estoico y en silencio los grandes "hitos" de la administración Mujica como los despilfarros de Ancap y el Fondes, e incluso se manejó su discrepancia con la última Rendición de Cuentas. No quedan muchas dudas de que si ahora renunció es porque la cosa es más grave de lo pensado. O tal vez se cansó —como muchos— de repartir "estímulos" para los inversores extranjeros y postergar a los empresarios uruguayos que apuestan desde hace años al país, les doblan las espaldas con ajustes fiscales y encima deben soportar los embates de los caminantes de la DGI.

El problema es que Vázquez no tiene plan B, y Vázquez es el que manda. La única posibilidad de hacer algo durante su segundo período como Presidente está en la nueva planta de celulosa. O es esto o es nada, porque la agenda de gobierno hace tiempo que no existe. Para peor, los grandes números no ayudan. El déficit fiscal se disparó con el año electoral en 2014 hasta el 3,4% del PIB, pero luego no amainó en su subida: en 2015 fue 3,6% y en 2016 alcanzó el 4%. Como si fuera poco la deuda externa ha crecido de manera insistente y amenaza seriamente a las futuras generaciones si no se pone freno. A diciembre de 2016 era del orden de US$ 36.000 millones (unos diez mil dólares por uruguayo), equivalente al 60% del PIB y se desembolsan por año US$ 3.000 millones por intereses y servicios de la deuda. La pérdida del grado inversor ha estado a estudio de las calificadoras y eso preocupa mucho a las autoridades nacionales.

Pero lo cierto es que no hay en estos momentos otra fuente de financiamiento para mantener el clientelismo y su gasto que no sea pedir prestado y esperar a que retorne la bonanza. Así vamos.

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