EDITORIAL

Los acuerdos y las cárceles

La noticia del acuerdo al que llegaron el gobierno y la oposición para adelantar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal para mediados de 2017 es alentadora. Mucho más cuando el presidente se comprometió a que habrá recursos económicos para implementar este cambio.

La iniciativa se produce en un momento difícil para la vida en las cárceles. La semana pasada, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, realizó un informe extraordinario y urgente sobre el Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (Compen). Allí destacó la terrible situación de violencia entre marzo y abril de 2016, que incluyó el asesinato de 4 presos a manos de otros presos. A ese dato hay que sumar en estos días la muerte de otra persona privada de libertad en el Compen: esta vez fue por causa natural, según los médicos, ya que era enfermo crónico de asma.

Por supuesto que estos no son episodios aislados. Por lo general, no pasa un mes sin que no haya noticia de al menos un asesinato de un preso en dependencias carcelarias. Por la vía de los hechos hemos reinstalado en la prisión una especie de pena de muerte expeditiva que no respeta las más mínimas garantías de ninguna especie, acerca de juicios justos y civilizados.

Petit además mostró en su informe que hay algo que dificulta enormemente la vida en la cárcel: el hacinamiento y el ocio. En el Compen, hay capacidad para recluir a 2.648 personas, pero al mes de marzo había encerradas 3.449. En ninguno de sus módulos hay programas que mejoren la vida de los presos con actividades útiles: no hay tratamientos de adicciones, ni asistencia social, ni emprendimientos productivos o laborales, ni distintos tipos de programas para mejorar capacidades, o hacerse de mayor cultura, o acceder a cursos de prevención de la violencia. Petit señala que menos del 10% del total de los reclusos, que en su mayoría son jóvenes menores de 25 años en el Compen, tiene alguna actividad. En este contexto lo más probable es que al terminar su condena el preso reincida en el delito.

De forma general y así como funcionan hoy en día la inmensa mayoría de las cárceles, ellas son (malos) depósitos de gente con poco nivel de instrucción y mala situación socioeconómica que estará pronta para delinquir nuevamente apenas pueda. Y la inmensa mayoría de esa gente, además, son jóvenes. En 2013, por ejemplo, del total de los 13.056 procesamientos penales, 5.492 fueron a personas entre 18 y 25 años y 4.042 a personas entre 26 y 35 años. Comparados con la región, somos el país con más presos cada 100.000 habitantes en toda Sudamérica. En cifras absolutas, superamos la impresionante cifra de 10.000 encarcelados.

La semana próxima está prevista una nueva reunión entre el gobierno y los representantes de la oposición para seguir avanzando en temas vinculados a la seguridad pública. En concreto, se hablará de la libertad anticipada de pre-sos, de las penas contra el narcotráfico y de la mayor sanción para los presos reincidentes. Es claro que en estos asuntos todos los representantes políticos deben tomar decisiones que aseguren a la sociedad poder defenderse mejor del delito. Pero también es evidente que las decisiones que vayan en el sentido de aumentar las penas, o las que lleven a que el delincuente pase más tiempo en la cárcel, deben tener una contrapartida ineludible: cambiar la vida actual en las cárceles del país.

Porque en este estado de situación, si no se toman decisiones que mejoren la situación en las cárceles, aprobar medidas que encierren a más gente por más tiempo implica ponerse al límite de la demagogia. Es políticamente irresponsable porque significa mejorar en algo la situación de inseguridad a corto plazo, pero también implicará su empeoramiento a mediano plazo, ya que habrá más gente presa que, se sabe, lo más seguro es que cometerá nuevamente un delito cuando salga.

Es cierto que en lo inmediato se precisa más firmeza contra el crimen. Pero también es necesario invertir fuertemente en infraestructura para terminar con el hacinamiento. Además, hay que educar en las cárceles: dar la posibilidad amplia y sistemática a los presos, que son mayoritariamente jóvenes, de estudiar y formarse en oficios mientras cumplen sus condenas. Petit aboga por una buena posibilidad a tener en cuenta, que es que hayan allí programas educativos, con cursos liceales y UTU.

En todo caso, el diálogo político parece estar dando buenos frutos. Falta que deje en claro que además mira el largo plazo con responsabilidad.

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