EDITORIAL

Abigeato e inseguridad

Hace 11 años que se promulgó la ley N° 17.826 sobre Delito de Abigeato pero lamentablemente, la situación en el campo sigue siendo de gran indefensión. El desamparo existe desde el punto de vista de la justicia, del económico y de la seguridad personal.

Esto no hace más que aumentar la desmoralización entre pequeños y grandes productores que sufren en carne propia la impunidad con que operan los delincuentes.

Qué duda cabe que el agro es el gran motor de la actividad económica del país. En momentos como los actuales, cuando ya las condiciones externas no resultan tan favorables y ante la dura constatación de que el Frente Amplio no administró con responsabilidad la amplia recaudación que le brindaban esos años de bonanza, a pesar de las múltiples advertencias de todos lados, es ineludible ponerle atención a ese sector productivo que también sufre las consecuencias. Para un hacendado grande, la muerte y el robo de un animal puede resultarle un daño mayor o menor, dependiendo de si era una vaca preñada o no, si era de pedigree, si eran buenos terneros o novillos, si se trató de un toro de cabaña que representa la pérdida no solo de su valor comercial, sino de los años y esfuerzos económicos y de trabajo invertidos para mejorar la genética del ganado uruguayo.

Para un colono o un tambero pequeño, puede representar su ruina, la suya y la de su familia. No es de extrañar entonces, que ese estado de cosas sea una de las causas del despoblamiento de la campaña, donde decenas de productores han dejado el campo por la inseguridad, siendo también una de las explicaciones de la reducción del stock ovino, porque las ovejas son el botín más fácil.

Esta inseguridad no solo se refiere a lo material, sino a lo individual. La gente que vive en el campo se encuentra sumamente expuesta a los malhechores, que cada vez son más atrevidos y sanguinarios. Va en proporción directa con la falta de temor al castigo porque saben bien que o no llega o es muy leve.

A pesar de que se crearon otros instrumentos como las brigadas (Bepra) para este combate y exista hoy la posibilidad de descubrir a los maleantes con análisis de ADN, luego ante la contundente prueba pasa que al ladrón no se le procesa por robo, sino por faena clandestina, con pena más leve. Así ocurrió el año pasado con el caso de un toro campeón que apareció cuereado en el predio, cuya carne fue identificada en cierta carnicería. Estas actividades delictivas encierran un peligro para la salud de la población, lo que debería preocupar a las autoridades por las secuelas sanitarias que vienen a sumarse a los otros perjuicios. Por lo tanto, es buena noticia que el Ejecutivo días atrás haya logrado neutralizar la resistencia de sus propios diputados —a diferencia de los legisladores del P.N.— y se haya dado media sanción al ajuste propuesto para dicha ley. La cual apunta a un endurecimiento de las penas, eliminándose los castigos alternativos y que incluye como figura de delito al "reducidor", además de una serie de agravantes.

Es sabido que mucha gente ha renunciado a la cría de ovinos porque son continuamente saqueados, como aquel productor de Soriano que rendido y amargado ante su impotencia para proteger su majada, diezmada continuamente por los cuatreros, mandó todo lo que le quedaba a remate. Abandonó para siempre la producción a la que había dedicado toda su vida. En 40 meses había perdido 400 ovinos, de los 750 que poseía.

Las actitudes de una mal entendida tolerancia, aquello de pensar que robarse un animal no es tan grave, o la suposición de que esos ladrones solo lo hacen empujados por el hambre, están en la base de la descomposición social que proviene de no proteger el derecho de propiedad y los bienes de quienes trabajan honestamente y cumplen con la ley.

Aparte, es notorio que detrás de este accionar delictivo, en la mayoría de los casos lo que prima es el interés de hacer un negocio, chico o grande. Muchas veces se trata de bandas organizadas, cuando no de algún vecino que decidió hacerse rico de esta manera. La inoperancia de la policía y la justicia y la pobre respuesta que reciben las víctimas de los robos la traducen las cifras.

En el 2015 hubo 1535 denuncias, (muchas ni llegan a realizarse) y se aclararon 84. Procesamientos con prisión, 39 y sin prisión, 54. Pero falta aún la legítima defensa extendida no solo a la casa habitación, sino a los galpones u otra instalación de las que forman parte de cualquier establecimiento de campo, teniendo en cuenta los copamientos ocurridos en distintos departamentos y los robos violentos a mano armada.

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