@| Estamos llegando a fin de año y ya el gobierno está buscando de dónde sacar plata para bajar sus cuantiosos déficit. No alcanzó con la desproporcionada suba de tarifas que aplicó UTE el 1 de enero de este 2017, que contribuyó a formar el Fondo Energético (que finalmente se destinará a otros fines); se habla ahora nuevamente de subirlas.
Ante un panorama bastante optimista de disponibilidad energética, otra sería la política a aplicar y no castigar como se hace ahora al que consume más, justamente hacer todo lo contrario.
Es un buen momento para bajar las tarifas y además reestructurarlas.
Llama la atención, por ejemplo, en muchas facturas la incidencia de los cargos fijos por potencia contratada. Tengo a la vista una factura de una casa construida hace 27 años (en la época que UTE no cobraba por potencia contratada) por un total de $ 3.120 (consumo 244 kwh), donde el cargo de potencia contratada es de $ 1309,67 (incluido IVA) al que hay que sumarle el cargo fijo de $ 182,40, dando así un total de $ 1.492,07, o sea 48% de cargos fijos!
Es costumbre aplicar a los cargos por potencia contratada los mismos incrementos que a las tarifas; considero que no correspondería ese proceder, las inversiones de UTE ya fueron amortizadas hace años y otro debería ser el criterio.
Además, no es sencillo tramitar ante UTE una baja de potencia, tiene su costo y es poco lo que se puede bajar.
Seguramente los 70.000 usuarios de UTE que están colgados en forma irregular no pagan potencia contratada, pero pueden tener aire acondicionado y antenas satelitales, como se ve en muchas fotos de los asentamientos.