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Negociación con UPM

Deben cumplirse las normas


@|Negociación, confidencialidad y la ley.

La negociación constituye una las funciones esenciales que debe desarrollar un gobierno. Mediante la misma se ingresa a un proceso dinámico, con otra u otras partes, procurando llegar a un acuerdo que concilie los intereses contrapuestos que pueden ser de muy diversa naturaleza. Toda negociación implica, generalmente, una transacción y por ende, recíprocas concesiones.
Se le ha criticado al Señor Presidente de la República el no publicitar los términos de la negociación que mantiene con UPM. No compartimos ese criterio, el secreto de las mismas es un instrumento esencial para alcanzar un resultado satisfactorio. Si se hacen públicas esas negociaciones durante el proceso en que las mismas se desarrollan y trasciende que se han debido efectuar concesiones, puesto que ese es el objeto de toda negociación, la crítica de la opinión pública, a través de los medios de difusión del pensamiento, puede generar una mayor rigidez en la posición de las partes y, en algunos casos, puede hacer fracasar el acuerdo perseguido.
Ahora, cabe preguntarse, ¿si el Poder Ejecutivo, para el caso de que la asamblea de accionistas de UPM se expida favorablemente, aceptando el acuerdo así negociado, puede, sin más trámite, poner en ejecución lo acordado?

En opinión del suscrito, ello no puede llevarse a cabo sin cumplir con el marco constitucional y legal aplicable. Se trata de una contratación administrativa, quizás la más importante en la historia de nuestro país, que va a requerir el cumplimiento estricto de las normas de administración y contabilidad financiera, la protección del medio ambiente y, en algunos casos un marco legal especial que deberá discutirse en el Poder Legislativo. El acuerdo y el compromiso de ejecución de ningún modo pueden quedar librados, exclusivamente, a una respuesta de conformidad desde Finlandia. Ese acuerdo debe estar condicionado al cumplimiento de los preceptos legales aplicables en la República Oriental del Uruguay.

En otras palabras, la empresa UPM ha solicitado una espera de 10 días para consultar a sus accionistas y está en su derecho a hacerlo, pero ello es sin perjuicio del deber que tiene el gobierno del Presidente Vázquez de cumplir con la normativa vigente en nuestro país en materia de contratación administrativa y de protección ambiental. Es decir, que el contrato con UPM, para el caso de que su respuesta fuese positiva, no queda perfeccionado con la simple notificación en ese sentido, se va a requerir, para que ello suceda, que toda esta compleja contratación haya cumplido con las normas constitucionales, legales y administrativas que regulan el gasto público, las inversiones extranjeras y la preservación del medio ambiente.

Personalmente, estoy convencido de que, de llevarse a cabo este enorme emprendimiento, el país recogerá importantes beneficios, pero ello va a depender del precio que haya que pagar y del cumplimiento de la normativa vigente.

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