El presidente Vázquez volvió a anunciar desde la lejana Ginebra, en Suiza, su intención de prohibir el consumo de cigarrillos a menos de 200 metros de escuelas, liceos y hospitales. A su juicio, esta medida sería un avance en la lucha contra el tabaquismo.

El presidente Vázquez volvió a anunciar desde la lejana Ginebra, en Suiza, su intención de prohibir el consumo de cigarrillos a menos de 200 metros de escuelas, liceos y hospitales. A su juicio, esta medida sería un avance en la lucha contra el tabaquismo.

La idea sonó bien en algunos oídos y generó varios apoyos. Pero, aun sin entrar en temas de fondo, alcanza con pensar un poco para que se enfríe cualquier entusiasmo.

En primer lugar, se trata de una prohibición muy difícil de aplicar. ¿Cómo vamos a medir los 200 metros y quién se encargará de hacerlo? ¿Cómo podremos saber si estamos en un área de exclusión? Imaginemos a alguien que fuma mientras camina por una zona que conoce poco. ¿Cómo podrá saber que está violando la norma porque hay una escuela a la vuelta de la esquina?

Podríamos, por cierto, señalizar el perímetro de 200 metros en torno a cada centro hospitalario, escuela, liceo y establecimiento de UTU. Pero la cantidad de señales sería enorme, de modo que instalarlas y mantenerlas sería costoso. Eso suena inviable en un país en el que las cebras se desvanecen porque nadie las repinta, o donde los carteles de tráfico son vandalizados sin que nadie los repare. Y aun si lo lográramos, todavía enfrentaríamos problemas. Por ejemplo: ¿vamos a castigar a cada uruguayo que salga a fumar a la puerta de su casa y viva cerca de una escuela?

Por otra parte, ¿quién va a fiscalizar y a aplicar las multas? ¿Vamos a encargar esa tarea a una policía que no puede con el delito? ¿Y qué pasaría si la persona en infracción se niega a identificarse? ¿Vamos a tener detenidos por esta causa, habiendo tanta gente que no es detenida por motivos mucho más graves?

Suponiendo que alguien sea encontrado en infracción por una autoridad competente y la persona acepte identificarse, ¿cómo se va a efectivizar el pago de la multa? Las dificultades para resolver este problema han impedido hasta ahora que se sancione a peatones que infringen normas. El intento de multar a los dueños de perros duró menos que un lirio. ¿De golpe van a superarse estos problemas?

Una norma que no puede aplicarse ni respaldarse en sanciones es un saludo a la bandera. Su enunciación puede caer bien en algunos foros internacionales, pero su capacidad de cambiar la realidad será casi nula.

La propuesta supone, además, un raro ordenamiento de prioridades. Vivimos en un país en el que es normal sentir olor a marihuana cuando se pasa por la puerta de algunos liceos. Vivimos en un país donde no es raro ver a menores de edad tomando cerveza o vino en caja, sentados en el cordón de la vereda a pocos metros del lugar donde estudian. Vivimos en un país donde no hay políticas efectivas para manejar el consumo de drogas dentro de los propios centros educativos. Vivimos en un país de calles inseguras, donde salir de un instituto de enseñanza a las seis de la tarde supone toda clase de peligros para docentes y estudiantes. En este contexto, se propone una norma que solo podrá aplicarse si se invierte una enorme cantidad de recursos y un esfuerzo logístico que hoy no se están empleando para solucionar problemas más acuciantes.

La prohibición de los 200 metros parece un gesto típico de un gobierno más preocupado por dar golpes de imagen que por desarrollar políticas públicas serias. Deberíamos empezar por preguntarnos por qué esa norma no es usual en el mundo democrático.