La economía uruguaya alcanzó niveles récord de empleo en el año 2011. Luego, el crecimiento se detuvo y comenzó una tendencia a la caída, sólo interrumpida brevemente en el año 2014. En lo que va de 2015 las cifras de empleo resultan más bajas insinuándose un retroceso en los niveles alcanzados en años anteriores.

La economía uruguaya alcanzó niveles récord de empleo en el año 2011. Luego, el crecimiento se detuvo y comenzó una tendencia a la caída, sólo interrumpida brevemente en el año 2014. En lo que va de 2015 las cifras de empleo resultan más bajas insinuándose un retroceso en los niveles alcanzados en años anteriores.

Esta caída no ha tenido su correlato en las tasas de desempleo que se mantienen todavía en niveles aceptables, aunque más altos que los mínimos alcanzados. Esto se debe a una caída en la tasa de actividad: menos personas buscan trabajo y se retiran del mercado laboral.

Esto representa un primer síntoma de la existencia de crecientes dificultades para la inserción laboral, más allá de la magnitud del aumento registrado en la tasa de desempleo.

Más tarde o más temprano esas dificultades, en buena medida fruto de la desaceleración de la economía uruguaya, se traducirán en un incremento de la tasa de desempleo porque retirarse del mercado no es una alternativa para la inmensa mayoría de la población en edad de trabajar.

En este escenario es que resulta pertinente analizar las pautas oficiales para la negociación salarial que está en curso.

Los objetivos declarados prioritarios para el gobierno en las negociaciones son:

-Promover aumentos salariales diferenciales, atendiendo la situación de los trabajadores con ingresos más sumergidos.

-Mantener elevados niveles de empleo: compatibilizar el crecimiento del salario real con la necesidad de continuar creando puestos de trabajo.

-Proteger las mejoras salariales obtenidas en los últimos 10 años, asegurando el mantenimiento de los niveles de salario real.

Una lectura desapasionada de estos puntos indica que el gobierno está sugiriendo que la prioridad es el mantenimiento del empleo y no el aumento del salario real, salvo para los trabajadores de ingresos más bajos.

Vayamos a las pautas cuantitativas. Para no complicar el análisis presentamos las que son relevantes para la mayoría de los grupos de actividad.

Se propone

-Un aumento nominal de 8.5% para el primer año y aumentos decrecientes para el segundo y tercer año del convenio.

-Un aumento adicional de 2.5% a 3.5% para los salarios más bajos (menores a $14.000).

-Ajuste al final del segundo año si la inflación supera los aumentos negociados.

Por otra parte el gobierno anuncia un aumento del salario mínimo nacional de 11.15% a partir del primero de enero de 2016 que es consistente con la pauta para salarios más bajos.

Estas pautas parecen a primera vista “moderadas” aunque en los hechos se traducirían en aumentos bastante mayores ya que será necesario compensar la inflación real con la “esperada” por el gobierno en los convenios anteriores. Esto agrega un componente de aumento adicional de casi el 3.5% para la mayoría de los grupos, lo que da como resultado, pisos de aumento para el primer año de casi 12% y en el caso de los salarios más bajos del orden del 15%.

En definitiva, la pretendida defensa del empleo con estas pautas más la “herencia” de los convenios anteriores no deja de ser una expresión de deseos. Los aumentos diferenciales si bien parecen muy simpáticos sólo pondrán más presión en el mercado y terminarán perjudicando a los trabajadores con menor calificación.

Si las pautas oficiales se cumplen habrá aumentos de salario real. Eso sí, sólo para los que logren conservar su puesto de trabajo.