La ética pública de un país marca los límites entre lo que se puede hacer en público y lo que la sociedad espontáneamente considera inaceptable. Esos límites se mueven, hacia arriba o hacia abajo, al impulso de diferentes factores; uno de ellos, decisivo en ese vaivén, es la conducta de los gobernantes.

La ética pública de un país marca los límites entre lo que se puede hacer en público y lo que la sociedad espontáneamente considera inaceptable. Esos límites se mueven, hacia arriba o hacia abajo, al impulso de diferentes factores; uno de ellos, decisivo en ese vaivén, es la conducta de los gobernantes.

Hace ya varios años que el asunto de la ética pública se ha instalado en nuestro país. El comportamiento singular, verdaderamente inexplicable, del Vicepresidente ha hecho que la discusión política y el comentario popular (en las redes sociales y en el boliche) se condensen sobre su figura y su actuación, descentrando así peligrosamente el tema: aquí, más que nunca, el árbol tapa al bosque.

Se da en el oficialismo una conducta bastante generalizada -que en el caso del MPP ha configurado casi un estilo- de concebir el oficio de gobierno según un sentido propietarista. El Directorio en pleno de ALUR (que se esconde detrás del nombre del senador De León) se votó a sí mismo unos sueldos de magnate (que los interventores de Ancap procedieron a rebajar sin apelación). Ese Directorio, asignado a la cuota política del MPP, pagaba sueldos a los cañeros que no eran empleados propios sino de otros. Un diputado de ese sector, de nombre creo que Paredes, intermediaba en los negocios con Venezuela: negocios comerciales que le impusieron ochenta viajes a Caracas. Suponiendo, en una hipótesis de benevolencia ingenua, que todo eso constituía una tarea patriótica para dar una mano a los productores uruguayos, es reflejo de una conducta como de patrón, propietario del gobierno y de los asuntos del estado, como si el gobierno fuera un feudo familiar, conquistado definitivamente y sobre el cual los patrones pudieran actuar directamente, sin observancia legal ni de protocolo, por ser representantes genuinos del sentir y los intereses populares.

Ese comportamiento patrimonialista respecto al estado y al gobierno está en la raíz de los abusos que se están cometiendo. Agrego, de paso, que ese mismo sentido propietarista que exhibe el MPP era lo que sentía Somoza respecto a Nicaragua, Chávez con Venezuela y Trujillo con la Dominicana.

Como el estado es sentido como cosa de ellos, las empresas del estado también. Ergo no había contradicción ni falta alguna en usar los símbolos de la propaganda de Ancap para la campaña electoral de su candidato. También se podía contratar cuarenta jardineros para la planta de pórtland (y favorecer a algunos amigos en necesidad): los patrones generosos se pueden permitir esos gestos de grandeza.

Pero esta concepción propietarista del estado y del gobierno que está tan metida en el MPP fue consentida por todo el Frente Amplio. La Me-sa Política, el Presidente del Frente, la rama sindical, la prensa amiga y todos los sectores que lo integran, hasta los más castos como la Vertiente Artiguista, se han desensillado protestando contra el complot de las derechas y de los medios de prensa. Recién ahora, en el correr de la semana pasada, han comenzado a insinuar prevenciones, siempre formuladas en condicional: si hubiera pasado tal cosa… Pasó, señores, y todos ustedes no solamente callaron hasta ahora sino que lo defendieron.

Es posible anticipar que ahora van a tomar a Sendic literalmente como chivo expiatorio: lo van a cargar con las mugres de todo el Frente Amplio y lo van a echar al desierto para que allí se muera y con él la vergüenza colectiva. Otra inmoralidad.