La resolución del fiscal de Corte fue la que correspondía. Enterado por una reciente publicación que integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros podrían haber perpetrado delitos para su organización, informó a la fiscal competente a los “efectos pertinentes”.

La resolución del fiscal de Corte fue la que correspondía. Enterado por una reciente publicación que integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros podrían haber perpetrado delitos para su organización, informó a la fiscal competente a los “efectos pertinentes”.

Lamentablemente el dictamen de ésta no estuvo a la altura de lo esperable. Desarchivó dos expedientes e indicó “que (en los mismos) no existen vínculos entre las personas que realizaron robos a instituciones bancarias en la década del 90” y los grupos denunciados. Tal como si el asunto, donde se relacionaban graves delitos con un sector partidario mayoritario en las últimas elecciones nacionales -el MPP alberga al MLN como su principal componente-, configurando un suceso de enorme magnitud política, no mereciera mayor preocupación. Solo una miradita de soslayo, sin la mínima intención investigativa y la aclaración, como al pasar, que los otros hechos denunciados no merecieran atención, en tanto su estudio no le fuera específicamente requerido. Archívese el tema, sugirió la fiscal. Sin reparar que la justicia, especialmente cuando involucra el acontecer de un país y figuras relevantes del mismo en uno de los períodos más difíciles de su historia, no merece tratamientos burocráticos. Exige compromiso.

Si es adecuado, como lo es, investigar hasta el final qué ocurrió con los desaparecidos durante la dictadura y cómo se distribuyen las responsabilidades penales y morales en su transcurso, igualmente lo es inquirir sobre sus causas y cuál fue, restaurada la democracia, el comportamiento de los grupos que colaboraron en su promoción. Especialmente cuando ello involucra a un protagonista esencial de ambos períodos como fue el Movimiento de Liberación Nacional. En ese sentido, los testimonios que se acumulan hasta ahora, tanto el reciente libro de Urruzola, como el documentado trabajo de Adolfo Garcé en el 2006, Donde hubo fuego, o en las declaraciones de Jorge Zabalza en Cero a la izquierda en el 2007, no pueden desconocerse. Porque no se trata únicamente de examinar lo que ya se hizo, sino de lo que se debe hacer ante las nuevas evidencias acumuladas.

Es claro que en las décadas del ochenta y noventa (en algunos casos posteriormente) operaron bandas organizadas y pesadamente armadas, que asaltaron bancos y diversas empresas cometiendo delitos de sangre, incluso homicidios, con la participación de elementos aparentemente vinculados a la guerrilla o directamente pertenecientes a la misma. Se acumulan testimonios de exintegrantes (obviamente requeridos de prueba) que vinculan tales hechos con el MLN, el que habría contado con una selecta organización para coordinar tales actividades (Grupo de los 17 y Mediocampo). Ello mientras la guerrilla, que en el ínterin había ingresado a la gestión política parlamentaria, difundía la historia -que logró imponer- que su actuación previa procuraba defender la institucionalidad frente al inminente golpe de la derecha. Lo cual, de ser cierto lo que ahora surge, llevaría a ratificar una vez más la absoluta falsedad de esa justificación y la hipocresía de una organización de iluminados que a la sombra de la legalidad, vuelta la democracia, mantenía intacto su desdén por ella y continuaba, pese a sus proclamas, conspirando para su derrumbe. ¿Es razonable que semejantes sucesos se dejen tan fácilmente de lado? ¿Alcanza para desestimarlos con las desaprensivas palabras de la fiscal subrogan?