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El debate como excusa

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El debate público en Uruguay tiene las virtudes inherentes a nuestra tradición republicana y los defectos de nuestra consabida capacidad para patear los problemas hacia adelante.

El debate público en Uruguay tiene las virtudes inherentes a nuestra tradición republicana y los defectos de nuestra consabida capacidad para patear los problemas hacia adelante.

Como en toda sociedad democrática en que no existen limitaciones a la libertad de prensa y de expresión, todos nos manifestamos por distintos medios para dar a conocer nuestra opinión, ya sea a través de columnas de prensa, tertulias radiales, redes sociales, conferencias, debates, conferencias de prensa, seminarios de clubes políticos o comités de base, y un largo etcétera.

Vale decir, el problema no es la falta de debate, sino en términos generales su foco, su calidad y su productividad. Dos ejemplos de las últimas semanas pueden resultar ilustrativos. La comisión para el análisis de la inseguridad convocada por el presidente Vázquez y clausurada por él mismo el miércoles, terminó simplemente con algunas propuestas que pasan a estudio del Parlamento con cambios en la legislación. Más allá de estrategias políticas, los meses de discusión de esa comisión terminan siendo, como era esperable, mayormente improductivos, ya que aunque sea muy uruguayo el voluntarismo legal para cambiar la realidad la solución del problema no pasa, como todos sabemos, por el Parlamento. El otro ejemplo es el debate que se ha generado en torno a la eliminación de los beneficios fiscales a las donaciones que se realizan a las universidades privadas. La medida, absurda y discriminatoria por decir lo menos, surgió entre gallos y medias noches al final de la discusión de la rendición de cuentas desde un grupo del oficialismo al que, insólitamente, sin tiempo de análisis, se sumó el resto. A partir de allí se han gastado ríos de tinta, horas de radio y televisión, y tiempo en reuniones para discutir un asunto que para el Estado implica una “renuncia fiscal” de menos de un millón y medio de dólares. Cuando nuestra educación está en franco retroceso como ponen de manifiesto todos los expertos serios en la materia y todos los resultados de estudios relevantes, la discusión sobre la educación en el Uruguay se centra en un tema insignificante en monto, en alcance, y promovido por mero revanchismo ideológico inconducente. Naturalmente que está bien que en una sociedad democrática se discutan todos los asuntos, como señalamos al principio, el problema es que en nuestro país confundimos debatir los temas con ocuparse de los mismos. Los permanentes llamados (que se realizan desde el oficialismo y desde la oposición) a grandes diálogos nacionales con todos los actores sociales y políticos involucrados para discutir el asunto en el marco de la conquista de un país productivo, con justicia, son en la práctica meros saludos a la bandera.

Más aún cuando hay temas donde hay consensos entre la mayoría política del país, pero que, de todas maneras, las reformas se bloquean por minorías radicalizadas o la acción de los sindicatos que defienden el statu quo más ranciamente conservador imaginable.

El debate público siempre va a existir sobre todos los temas relevantes, pero el Uruguay necesita una academia, un sistema político y un gobierno que resuelva problemas, no sólo que los discuta, porque en ello nos jugamos la suerte del país y el prestigio de la democracia. Parafraseando a Ortega y Gasset: ¡Uruguayos! ¡A las cosas, a las cosas!

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Hernán Bonilla

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