Para la Federación de Funcionarios de la Salud si bien Heber Tejeira incurrió en un delito, poco cabe reprocharle a su compañero Alfredo Silva, procesado sin prisión por su desempeño. Entre Tejeira, preso por cohecho, es decir coimas y Silva por conjunción del interés público con el privado, hay una gran diferencia.

Este último cumpliendo con su labor se limitó a favorecer a funcionarios de la salud, sin ventaja económica para sí. Por lo cual, no solo habría tenido un comportamiento correcto, sino que, tal como expresó el Secretario General de su sindicato, de una actitud que "cualquiera que se sienta representante de los trabajadores, va a hacer". Si esta conclusión fuera correcta, como parece desprenderse de la propia ley 18.161, corresponde preguntarse si el corporativismo, o sea la designación de sindicalistas para el directorio de algunas "corporaciones" o entes del estado, merece ser apoyada. Entendiendo que se les convoca no ya para meramente escuchar su opinión sino pa

Para la Federación de Funcionarios de la Salud si bien Heber Tejeira incurrió en un delito, poco cabe reprocharle a su compañero Alfredo Silva, procesado sin prisión por su desempeño. Entre Tejeira, preso por cohecho, es decir coimas y Silva por conjunción del interés público con el privado, hay una gran diferencia.

Este último cumpliendo con su labor se limitó a favorecer a funcionarios de la salud, sin ventaja económica para sí. Por lo cual, no solo habría tenido un comportamiento correcto, sino que, tal como expresó el Secretario General de su sindicato, de una actitud que "cualquiera que se sienta representante de los trabajadores, va a hacer". Si esta conclusión fuera correcta, como parece desprenderse de la propia ley 18.161, corresponde preguntarse si el corporativismo, o sea la designación de sindicalistas para el directorio de algunas "corporaciones" o entes del estado, merece ser apoyada. Entendiendo que se les convoca no ya para meramente escuchar su opinión sino para codirigir dichos entes.

Existen en doctrina, por lo menos, dos géneros de corporativismo. El primero, preconizada por el fascismo, que rememora el precedente gremial medioeval aunque promoviendo el capitalismo, es un régimen dominado por un partido político monopólico, el fascista, que organiza la sociedad en cámaras jerárquicamente ordenadas que representan a trabajadores y propietarios, según sus respectivos ramos.

El poder permanece en el ámbito político y lo ejerce autoritariamente el partido fascista. La organización corporativa alternativa es la marxista leninista, donde el proletariado, que en teoría domina la sociedad mediante su dictadura, se expresa a través de un partido de revolucionarios profesionales -el partido comunista- cuyos miembros monopolizan el poder público. Este es ejercido en nombre del socialismo, la eliminación de las clases y la socialización de la economía. De hecho, la diferencia política con el caso anterior es muy tenue y en general a favor del fascismo. Por más que ambos son dictaduras.

Aquí el corporativismo está muy lejos de su modelo de referencia, como corresponde a un estado democrático liberal como el Uruguay. Sin embargo aparece, con leves matices como promesa a cumplir por la mayoría de la izquierda frentista, (grupo de los ocho), sectores de Constanza Moreira, independientes, así como en movimientos sociales y sindicales como el Pit-Cnt, de obvia inspiración marxista. En ese sentido resulta coherente que estas colectividades se resistan a suprimir la representación obrera en ASSE o en cualquier otro lugar. Para ellos un logro político y gremial irreversible. Que a su vez explica los fracasos para modificar este régimen donde se presenta, especialmente en el área de la enseñanza.

Sucede entonces que el actual problema en ASSE no radica ni en Silva ni en el desempeño, de orden meramente penal, del otro funcionario. Por el contrario aquí, junto a la necesidad de erradicar el delito, natural en todo tipo de Estado, está planteada una lucha ideológica profunda, una confrontación entre dos concepciones de la sociedad donde los mecanismos que definen al liberalismo están cuestionados. Nadie duda, en este sentido, de mantener una administración que elimine el cohecho, pero ello no implica avanzar hacia un régimen de corporativistas probos. Lo adecuado, a la vista de su escasa compatibilidad con la democracia, es su erradicación.