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Continuidades preocupantes

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En los albores de una nueva administración del Frente Amplio fuimos ingratamente sorprendidos por las declaraciones de la hoy flamante ministra de Desarrollo Social sobre el tema de las transferencias monetarias condicionadas.

En los albores de una nueva administración del Frente Amplio fuimos ingratamente sorprendidos por las declaraciones de la hoy flamante ministra de Desarrollo Social sobre el tema de las transferencias monetarias condicionadas.

La ministra sostiene que las transferencias monetarias que realiza el Estado no deben estar sujetas a control de contrapartidas. Es decir el dinero debe ser transferido a los beneficiarios sin exigir de ellos ningún tipo de obligaciones a cambio.

En el reportaje al que hacemos referencia, la ministra sostuvo que “se enojó mucho” cuando el BPS suspendió un número significativo de asignaciones familiares al comprobar que sus beneficiarios no estaban cumpliendo con la obligación de asistir a los centros de educación.

“¿A los que tienen más, los que nacieron en una cuna de oro qué contraprestación les estoy pidiendo (...) ¿Los niños que nacieron en situación de exclusión en el 2001, en el 2002, o en el 2003 tienen la culpa? Yo le tengo que decir yo te doy, pero tú cumplime con esto y con lo otro. No, no es ese el criterio y yo lo discuto en cualquier lado, estoy muy convencida.”

Hay que tener presente que en el caso de las asignaciones familiares existe un marco legal que determina las contrapartidas de estas transferencias. Históricamente fue la asistencia a los centros educativos por parte de los beneficiarios y en el marco del Plan de Equidad se agregó por ley la exigencia de controles sanitarios periódicos.

Por supuesto que no nos corresponde hacer comentarios sobre las emociones de la ministra, pero sería bueno recordarle que la asistencia a la educación primaria y primer ciclo de secundaria es obligatoria. Por lo tanto, para controlar el cumplimiento de la normativa vigente no se necesita transferirle dinero a nadie. Las asignaciones familiares operan simplemente como un incentivo para el cumplimiento de la ley.

Por otra parte, nos preocupan los débiles argumentos que utiliza para defender la no existencia de contrapartidas. Suponemos que los que nacieron en cuna de oro son todos los ciudadanos que viven en hogares con más de 36.000 pesos de ingresos mensuales (cifra por encima de la cual nadie cobra asignaciones familiares).

En definitiva lo que enoja a la ministra es la ley y como no le gusta decididamente impulsa el no cumplimiento de la misma. Dado que el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria quizás en lugar de alentar el incumplimiento de las normas, podría enviar un proyecto de ley quitando la obligatoriedad de la asistencia a la educación. Porque tengamos bien claro que cuando se habla de contraprestaciones se está exigiendo que los padres envíen a sus hijos a la escuela y al liceo y que les realicen controles sanitarios. Cualquier observador menos apasionado que la ministra verá en esta normativa una defensa real de los derechos del niño que va más allá de los discursos políticamente correctos.

Resulta preocupante que sigan al frente del Mides jerarcas que están dispuestos a saltearse las leyes en nombre de una supuesta sensibilidad social superior sacrificando con ello las posibilidades futuras de los niños. Estos discur- sos abrevan más en el mantenimiento de formas soterradas de conservar un botín electoral que en políticas sociales técnicamente fundamentadas.

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Fanny Trylesinski

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