Siempre quedó la sensación en el Plunagate de que el mayor pecado del ministro Lorenzo y de Calloia en su carácter de presidente del BROU, fue un errado concepto de la obediencia debida.

Siempre quedó la sensación en el Plunagate de que el mayor pecado del ministro Lorenzo y de Calloia en su carácter de presidente del BROU, fue un errado concepto de la obediencia debida.

El mamarracho que se armó para quitarse de encima los aviones de la aerolínea y, de paso, a sus 800 funcionarios (parte de los cuales hoy bregan por Alas-U) solo podía tener un ideólogo. Y si bien la lealtad hacia el presidente de la República debe respetarse, tiene un claro límite en el cumplimiento de las normas legales. Ellas están por encima del presidente y son o deberían marcar siempre el rumbo de sus conductas.

Jamás apartarse y menos prestarse a operaciones que sabían bien que eran indebidas. Lo político no está, ni puede estar nunca, por encima del Derecho. Ambos jerarcas fallaron feo en su compromiso con el país y sus ciudadanos.

Tres años después, el FA sigue recibiendo facturas. Es cierto que el voto ciudadano no reflejó una preocupación prioritaria por el cúmulo de irregularidades que se habían registrado, pero el gobierno quedó atrapado en una maniobra muy fea y dos de sus principales jerarcas fueron procesados.

Ahora llegó un nuevo sacudón con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que confirmó el procesamiento del entonces presidente del Banco República por el delito de “abuso de funciones” y lo bajó de sus aspiraciones de continuar su carrera como alto jerarca de la administración pública, ahora al frente de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Toda la alharaca que rodeó su designación, solo sirvió para dejar dos cosas en claro. Primero, el expresidente José Mujica, extasiado por las luces y las cámaras, se sintió en la obligación de confesar en el Senado de la República, cuando el FA aprobó la venia, que “Yo era el presidente. De la globalidad de la operación fui el responsable. El gobierno se quería sacar un clavo de encima”. Segundo, la insistencia de Calloia por buscar su permanencia en un cargo público, a pesar de tener un proceso penal abierto.

Eso fue malo, y lo malo muchas veces tiene la virtud de permitir percibir lo bueno. La conducta de Calloia contrastó, una vez más, con la ética y la mesura con que se manejó -ante los mismos hechos- el otro responsable directo del famoso aval de Pluna, el exministro Fernando Lorenzo.

Conviene hacer un poco de historia:

1) La subasta de los aviones de Pluna se realizó el 1° de octubre de 2012, luego de que la primera convocatoria a remate resultó un rotundo fracaso: no apareció nadie. La segunda iba por el mismo camino y el papelón del gobierno iba a ser monumental. Era necesario que apareciera alguien y sacara a Mujica y compañía del atolladero.

2) Se inicia la subasta y hay un oferente: se trata de la empresa española Cosmo. Representada por “el caballero de la derecha” que dice ser su vicepresidente y firma Antonio Sánchez (aunque sus documentos rezan Hernán Antonio Calvo Sánchez), se baja el martillo en siete minutos, dos más que los que había pronosticado Mujica que se hallaba en Lima.

3) Cosmo, con un capital de US$ 7 millones, había recibido el aval del Banco República por US$ 13, 6 millones como garantía de una operación de US$ 137 millones. El trámite, velocísimo, tuvo el respaldo exclusivo de su presidente, Calloia, dos horas después de una llamada telefónica del ministro de Economía.

4) Con esta operación, se violaron abiertamente las normas del Banco Central sobre lavado de dinero (activos).

5) De oficio (luego se sumaría la denuncia del Partido Nacional), el fiscal del Crimen Organizado, Juan Gómez inició una investigación sobre este episodio.

En diciembre de 2013, el fiscal pidió los procesamientos de Lorenzo y Calloia. De inmediato, el ministro presento renuncia a su cargo. Dijo que “comparecer ante la Justicia es una obligación de todo ciudadano” y que deseaba hacerlo “sin ningún privilegio”. Calloia, mudo a impasible, permaneció atornillado.

En las elecciones de 2014, Lorenzo fue candidato a diputado y resultó electo. Pero estaba procesado. Desde su bancada le prometieron la rápida derogación del polémico delito de “abuso de funciones” que ya estaba a consideración del Parlamento. Pero se negó a asumir y a que se acelerara esa modificación. Vale la pena reproducir sus palabras: “en estas circunstancias… me opongo a ese cambio, no quiero beneficio alguno. La aprobación de ese ajuste podría impedir que la justicia se expidiera y con ello dejaría un manto de sospecha acerca de la forma en que he procedido. He tomado la resolución de no acceder a mi banca. No se puede ser representante nacional bajo la eterna sospecha sobre mi persona y mi accionar. No me siento en absoluto culpable de haber cometido ningún acto en mi condición de ministro que merezca una condena, pero cuando se acepta y se lucha por vivir en una república democrática hay que asumir todas sus reglas, sus enormes ventajas y valores y también sus riesgos”.

Lorenzo dio un ejemplo de ética moral política y dignificó la función de los políticos. Porque no hay halago de notoriedad, primeros planos en las noticias, cosecha de aplausos o lauros que compensen el respeto por el buen nombre y la honorabilidad de una conducta aunque haya sido errada, que tan humano es o puede ser. Se fue por la puerta grande. Calloia fue la contracara y así terminó.