Washington Beltrán
Washington Beltrán

La asfixia a la Justicia

Mujica presidente cargó contra el Poder Judicial de manera directa. No logró alinearlo, fue al choque y comenzó la asfixia económica. Cuando asumió Vázquez, se pensó que la cosa podía ser distinta.

Mujica presidente cargó contra el Poder Judicial de manera directa. No logró alinearlo, fue al choque y comenzó la asfixia económica. Cuando asumió Vázquez, se pensó que la cosa podía ser distinta.

Sus primeras declaraciones fueron de cordialidad y acercamiento; se entrevistó con el presidente de la Suprema Corte, hubo intercambio de cumplidos y pareció que la situación iba camino a superarse. Pero no, cambió el estilo pero los resultados fueron los mismos. Ni un peso para el Poder Judicial en el Presupuesto Nacional de esta administración, en la tónica de las últimas Rendiciones de Cuentas.

El viento de la economía soplando ahora en sentido contrario y el panorama más dificultoso han permitido justificar este desahucio de la Justicia, al punto de que ni siquiera se le aceptó el pedido de $ 26 millones para cubrir gastos básicos hasta fin de año. El Poder Judicial está en situación de emergencia y con una economía de guerra: se reduce el número de fotocopias (inclusive de sentencias) y se fraccionan las hojas; no hay dinero para enviar los autos a lavar; hay facturas no pagadas y el Día del Patrimonio no abrirá el Palacio Piria, sede de la Suprema Corte, porque no hay dinero para viáticos ni horas extra, explicó el presidente de la corporación, Ricardo Pérez Manrique. Y junto con el Poder Judicial han caído en la bolada todos los órganos de contralor, como el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral o la Junta Anticorrupción. Que se arreglen como puedan.

En una peligrosa decisión y para disminuir gastos, la Suprema Corte ordenó el cierre de 13 juzgados en el interior del país, lo que le generó críticas de la Asociación de Magistrados, que vio con “honda preocupación la medida”, que “supone un cercenamiento al derecho humano de acceso a la justicia de las poblaciones afectadas”. Pero sin recursos es muy difícil mantener los centros de justicia.

De los tres poderes del Estado, el Poder Judicial aparece como el más débil: no tiene el mando de la fuerza de las armas ni el respaldo de un pronunciamiento popular. Sin embargo es la más sólida garantía del imperio del derecho, porque las pasiones políticas llegan a él amainadas y su función es, en la controversia, imponer el respeto a la Constitución, la vigencia de la norma, la afirmación del orden jurídico.

A tal punto es así, que la impresión que da esta asfixia económica a que se lo somete tiene su origen en los reiterados enfrentamientos que ha tenido en años anteriores con el Poder Ejecutivo. No se necesita ser malpensado para sospechar que hay una importante carga de rencor y hasta de revanchismo contra la Justicia. Porque allí no funcionan sus mayorías automáticas que le permiten sacar adelante todo lo que piensan o estiman conveniente; su independencia ha sido escollo y molestia, porque actúa con parámetros jurídicos y no políticos. Algunos dentro del FA entienden y acatan esa regla de juego propia del sistema republicano-democrático de gobierno. Otros no. Les resulta incomprensible, se resisten, se rebelan y buscan doblegarla.

No sorprende entonces que en los trasnochados proyectos de reforma constitucional que surgen periódicamente dentro del FA se busque cercenar sus facultades y su independencia. Ese es el gran motivo que subyace en la idea de Topolansky del Tribunal Constitucional para resolver esas cuestiones con prescindencia de la Corte, cuya potestad para decidir en última instancia quedaría restringida a los temas civiles, comerciales, penales o procesales, pero no los incluidos en la Carta. Lo de Topolansky no es una idea nueva: ya lo había planteado la dictadura en su intento de reforma constitucional, rechazado por la ciudadanía en la histórica jornada del 30 de noviembre de 1980, pero eso no le ha impedido insistir en la idea, por más que a la dictadura ya se le dijo NO.

Mientras en forma permanente desde el Frente y su apéndice el Pit-Cnt se alzan voces para defender el régimen “democrático y republicano” de Maduro o para denunciar la “injusticia” o el “golpe de Estado” contra Dilma Rousseff, acá en nuestro país esos mismos denunciantes promueven y apoyan que se asfixie al Poder Judicial, sostén de los derechos y guardián de las libertades. Da la impresión de que coinciden plenamente con lo que hace unos años sostenía en Cámara el diputado del MPP Esteban Pérez: “Los magistrados se olvidan de quién vota y quién asigna cada peso que ellos gastan en el intento de impartir justicia (…). La Suprema Corte de Justicia y los jueces en general se ve que han tenido repentinos ataques de amnesia y se olvidan que algunas venias se votan acá y que tanto la Rendición de Cuentas como el Presupuesto se votan en esta casa” (nada menos que el Palacio Legislativo).

A contrario de este pensamiento, Uruguay según la última edición del Barómetro de América, se encuentra segundo detrás de Canadá y primero en América Latina en materia de confianza en el sistema judicial. Eso sí, el sistema judicial clásico y con recursos para funcionar y no el “progre” sin un mango.

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