Tomás Linn
Tomás Linn

Veredas rotas

La Intendencia de Montevideo arreglará las veredas que estén en mal estado. Por tratarse de un gobierno municipal que no ha hecho demasiada obra pública, la noticia impactó. Es que la medida busca resolver una situación de agudo deterioro en extensas zonas de la ciudad.

La Intendencia de Montevideo arreglará las veredas que estén en mal estado. Por tratarse de un gobierno municipal que no ha hecho demasiada obra pública, la noticia impactó. Es que la medida busca resolver una situación de agudo deterioro en extensas zonas de la ciudad.

Tampoco se trata de una obra que exija una enorme inversión. Deberá volcar dinero en una etapa inicial, pero luego lo recuperará ya que cada propietario devolverá la parte del tramo que pasa frente a su casa, en el momento de pagar la Contribución Inmobiliaria. Por lo tanto, para la Intendencia no es un gasto irrecuperable.

Hace años que crecen las quejas por el lamentable estado de las veredas en Montevideo. Se ha dado la irónica y cruel situación en que personas en silla de ruedas podían cruzar la calle, subir por las rampas recién construidas para gente con discapacidades, pero luego les era imposible avanzar dado el pésimo estado de las veredas.

Que las obras las haga la Intendencia y luego las pague el propietario, como ocurrió tantas veces en el pasado, siempre pareció la solución más obvia. La pregunta es por qué se esperó tanto.

Según la información trascendida, los arreglos se harán con las tradicionales baldosas grises. Aquella idea que tuvo el exintendente Ehrlich (quizás la única realmente lúcida en su deslucida gestión) de que las aceras debían rehacerse con grandes panes de hormigón, como se usa en muchas ciudades del mundo, quedó descartada. Lo cual es una lástima y una oportunidad perdida, pues sería más sencillo y su apariencia más prolija.

Una de las discusiones es determinar quién paga las reparaciones en las avenidas donde las veredas son anchas y están destrozadas ya que funcionan como un irregular estacionamiento. El País mencionó esta semana el caso típico de la avenida Luis P. Ponce, aunque ocurre en muchas otras. Otro ejemplo sería bulevar Artigas en los tramos que van de Garibaldi al monumento de Luis Batlle y luego desde ese monumento hacia la bahía. La discusión no solo debería apuntar a ese estacionamiento indebido. Las aceras de las grandes avenidas son usadas por mucha gente y en consecuencia van más allá del propietario. Tal vez lo sabio sea por lo menos compartir los gastos y que se haga con buen gusto.

Los dos ejemplos mencionados (Ponce, bulevar Artigas y seguramente otras) merecen que con la recuperación de sus aceras también se busque hermosearlas. Son avenidas que forman parte de lo que la ciudad tiene para mostrar (por una de ellas pasa el bus turístico) y por lo tanto todo a su largo debería estar diseñado con un estilo armonioso y estético, en un sentido similar al criterio aplicado en extensos tramos de la rambla.

Esto, claro, exigiría una inversión levemente superior a una simple reparación de veredas y muchos propietarios no estarían en condiciones de pagarla. Pero en la medida que beneficia al conjunto de la ciudad, y no solo al propietario, buena parte del costo tendría que ser asumida por la Intendencia.

El problema es que los últimos gobiernos municipales no se destacaron por gastar donde sí hay que gastar y mucho menos se destacaron por hacer obras con buen gusto, que realcen con belleza a una ciudad deteriorada y destratada. Por lo tanto, es difícil esperar que la actual administración haga lo que no está en su ADN hacer.

La gran picardía de esta decisión es que en poco tiempo los montevideanos verán una frenética actividad de arreglos y reformas con recursos que no saldrán del presupuesto municipal (financiado con los tributos que paga la gente) sino que será financiado con una erogación extra de esos mismos contribuyentes.

El deterioro de las veredas, una maldición extendida por toda la ciudad, tiene mucho que ver con el pesadillesco funcionamiento de la burocracia estatal. Al ser responsabilidad de cada propietario, la sola idea de encarar un arreglo de las veredas es todo un problema. Hay que contratar a alguien que lo haga. Como son obras realizadas a la vista de todo el mundo, no faltará quien indague si el albañil contratado y el trabajo emprendido está en regla, según lo estipulado por el BPS, la DGI, la propia Intendencia. Esto obliga al propietario a recorrer los laberínticos pasillos de las dependencias estatales haciendo interminables trámites. En conclusión, mejor es dejar las aceras tal cual están.

Con esta medida, el trabajo lo asume la Intendencia (a través de las alcaldías) y el propietario tan solo recibe la cuenta. Se saca un problema de encima y, al mismo tiempo, la ciudad mejorará algo su descuidado aspecto.

Que esto había que hacerlo, había que hacerlo.

La Intendencia trasmitirá la imagen de que se embarcó en un enorme plan de obras a la vista de toda la población, que sin embargo no lo pagará. Será una perfecta coartada para eludir las otras muchas, imprescindibles y largamente postergadas obras públicas de esta descuidada y malquerida ciudad.

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