Existe preocupación por el alto costo que tiene sostener el sistema jubilatorio en este país. A su vez, los jubilados no creen ser la causa de ese costo, dado que pese a la cantidad de años trabajados y los aportes hechos, entienden que el retorno es menor a lo que les corresponde, en especial quienes reciben una jubilación topeada.

Son muchos los países con problemas para cumplir con las expectativas de los que aportaron para su retiro. Por un lado, porque hay población envejecida: se jubilan muchos y son menos los que trabajan. Por otro lado, porque al crecer la expectativa de vida el tiempo vivido en retiro es más largo que antes, aunque el pozo es el mismo.

Algunos de estos debates llegaron a Uruguay y se vinculan a la realidad general de la seguridad social y también a problemas concretos, como el de los "cincuentones" o el de algunas cajas específicas que atraviesan situaciones críticas.

En este Uruguay excesivamente estatista, lo que se va en jubilaciones es visto solo como un gasto, un desembolso mensual que el Estado debe sacar de sus arcas y volcar a los viejos. Casi como una obra social. En esa lógica, los jubilados tienen la culpa de tanto drenaje.

No lo sienten así los jubilados. Creen, con razón, que tras muchos años de trabajo y aportes regulares, ese dinero le pertenece: la jubilación es una devolución hecha en cuotas mensuales.

En la medida que el estado debe buscar recursos para cubrir lo que al BPS no le alcanza, es verdad que se trata de un gasto extra. En la medida que el jubilado sabe que trabajó por décadas y aportó su parte, tiene derecho a decir que ese dinero está y es suyo.

Una solución que se plantea en otros lugares (y en Uruguay ya se mencionó) es subir la edad del retiro. Dado que la expectativa de vida se alargó, es necesario postergar el momento de jubilarse.

No es una medida sencilla porque aunque una persona hoy pueda vivir más tiempo, la presión del prolongado esfuerzo físico e intelectual que implicó un trabajo cumplido por casi cuatro décadas, se empieza a sentir siempre a la misma edad. No es que la vejez empieza más tarde, simplemente es más larga.

Aún así, la abrupta pérdida del nivel de ingreso desde el momento de la jubilación (más pronunciada cuando existen topes) hace que mucha gente prefiera trabajar unos años más. Quienes entraron al sistema de las AFAP en la mitad de su vida laboral, saben que si aguantan un poco, ello les permitirá superar la barrera del tope, aunque sea por unos pesos.

No todas las empresas piensan igual. Por diversas razones, justificadas algunas y otras no, prefieren apurar el momento del retiro. A veces lo estimulan con premios, aunque el empleado hubiera preferido esperar. Otras empresas ya tienen establecida una edad fija en que cada asalariado debe irse. Ese techo puede ser a los 60, lo cual deja al futuro jubilado en una situación apretada. Otros lo fijan en 65 o 70 años, más allá de si la persona es necesitada en la empresa, está bien y tiene ganas de seguir.

En este mundo no siempre justo, se puede ser pontífice católico a los 80 años o ser presidente, como sucede en Uruguay, pero no profesor universitario, cajero o vendedor pues la raya última se pasa a los 70. ¿Será que a esa edad un gobernante es más lúcido que un académico?

Al impedir que el asalariado incida respecto a cuándo quiere retirarse, el mecanismo se vuelve coercitivo y hace pensar que existe discriminación por edad que impone la idea de que los viejos no sirven para nada (excepto para ser presidente).

Hay países que no tienen problema con que personas mayores ya retiradas tengan una actividad remunerada de su agrado y que las haga sentirse útiles. No suelen ser tareas de gran ingreso ni dedicación, pero se hacen con ganas y entusiasmo.

No así en Uruguay. Quien quiera trabajar (aunque sea por unos pocos pesos al mes) debe renunciar a su jubilación.

Esto es un despropósito. En primer lugar porque la jubilación le corresponde, haga lo que haga la persona después de su retiro. El jubilado "ahorró" ese dinero durante toda una vida y obligarlo a que no lo cobre es requisar algo que no le pertenece al Estado. Así se lo entiende en buena parte del mundo. No en este obcecado Uruguay.

Es además un despropósito porque las jubilaciones son realmente bajas y en muchos casos, por causa de los topes, son menos de lo que debieran ser. Por lo tanto no se paga lo suficiente y además se prohibe hacer tareas remuneradas por pocas que sean y que implicaría, como es obvio, más aportes al BPS. Se trata de un desprecio hacia ciudadanos mayores, un intento de desmerecerlos y de dar por terminado su ciclo vital antes de tiempo.

Pese a los muchos reclamos para remendar esta situación, con la excepción del diputado blanco Daniel Mañana en el período pasado, nadie se tomó en serio la posibilidad de crear mecanismos como los que existen en tantos otros países. Países que respetan lo que es de otros y donde sería inaudito quitarle una jubilación a quien aportó, cualquiera sea la razón.