Tomás Linn
Tomás Linn

Es otra cosa

Al nuevo presidente brasileño es posible cuestionarlo con buenos argumentos. Reclamar que se vaya al grito de “fora Temer” es parte del natural derecho a la libre expresión. Adherir a Dilma Rousseff expresa las preferencias (y diferencias) de los seres humanos. Pero afirmar que su destitución fue un golpe de estado, es groseramente inexacto.

Al nuevo presidente brasileño es posible cuestionarlo con buenos argumentos. Reclamar que se vaya al grito de “fora Temer” es parte del natural derecho a la libre expresión. Adherir a Dilma Rousseff expresa las preferencias (y diferencias) de los seres humanos. Pero afirmar que su destitución fue un golpe de estado, es groseramente inexacto.

Esto hace la militancia llamada “progre” que defiende a los parlamentos cuando son asediados por dictadorzuelos de derecha, pero cuando son de izquierda (o lo aparentan ser) prefiere alentar a los presidencialismos fuertes, a veces autoritarios, al punto de caer en el culto de personalidad.

En las democracias modernas gobierna quien consigue el voto de la mayoría. Pero su poder necesita estar limitado. Por eso existen “controles y equilibrios” donde el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, independientes entre sí, se vigilan. Por encima de quienes mandan, están quienes mandatan; sus libertades y derechos tienen prioridad. La Suprema Corte puede declarar inconstitucional una ley si vulnera los derechos de un ciudadano, aunque sea el único que reclame. El presidente puede disolver el parlamento y anticipar las elecciones si en circunstancias debidamente previstas un ministro suyo es censurado. También el Parlamento puede hacerle juicio político a un presidente y destituirlo. El mecanismo en Uruguay es similar al brasileño. Son instrumentos excepcionales que están en la Constitución.

No son excepcionales en gobiernos parlamentarios. Hay países en Europa donde el Primer Ministro es sometido a una rigurosa interpelación todas las semanas. Son legendarios el “question time” británico y las sesiones de las Cortes españolas interrogando con escasa amabilidad al presidente del gobierno. Asimismo, un primer ministro puede disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Si su partido pierde, cede su cargo al jefe del partido ganador. Y no hay drama.

Un primer ministro también puede ser sometido a un voto de confianza (si lo logra) o a un voto de censura. En este caso, renuncia de inmediato. Lo sucede quien queda como jefe de su partido o, en caso de que la coalición se disuelva, quien quede al frente de la nueva alianza. Tampoco hay drama. Nadie es sagrado ni intocable.

En América Latina, pese a lo rígido del presidencialismo, hay formas de poner algún límite. En Uruguay está prevista la disolución de las cámaras y el inmediato llamado a elecciones para legisladores (no para el presidente) en circunstancias bien delimitadas y también está previsto el juicio político y remoción del presidente de acuerdo a los artículos 93 y 102 de la Constitución. Las pautas para recurrir al juicio, si bien claras, al final se aplican cuando hay una flagrante e irrecuperable pérdida de confianza. El presidente ya no cuenta con mayorías y su capacidad de gestión está paralizada. Se aplica un instrumento político, no judicial, ya que no tiene la lógica de un juicio penal o civil. El presidente hace sus descargos si quiere, pero cuando la mayoría ya tomó una decisión, nada la hará cambiar.

Esto ocurrió en Brasil la semana pasada y también sucedió en 1992 cuando por la misma vía cayó Fernando Collor de Mello. El Partido Trabalhista (PT), hoy “víctima”, fue en esa ocasión un protagonista clave para destituir al presidente.

Lo mismo sucedió en 2003 y 2005 cuando ante la sostenida presión del entonces dirigente indígena Evo Morales, el congreso boliviano hizo renunciar a dos presidentes en un mismo período. El congreso cedió a la presión pero aún así cumplió con los requisitos previstos. A nadie se le ocurrió calificar a Evo Morales de golpista o sostener que el Congreso había dado un golpe de Estado.

El juicio político es una versión más compleja del voto de censura parlamentarista. Se aplica si es evidente que el presidente perdió todo apoyo del Parlamento. Sucede en Brasil al romperse el acuerdo entre el PT de Lula y Dilma con el partido de Temer. Lo irónico es que el acuerdo se mantiene para muchas de las elecciones municipales a realizarse dentro de poco tiempo.

Argumentar que se hizo caer a una presidenta votada por el pueblo, no sirve. También los legisladores fueron votados. Son representantes unos como otros. Solo que el gobierno se sostenía con un complicado tramado de acuerdos que no se pudo mantener hasta el final.

Se dice que Temer está tan vinculado al escándalo de corrupción como lo están otros de su partido así como del PT, incluido el propio Lula. Eso explica porque muchos brasileños querían que se fuera la anterior presidenta pero no que quedara el actual.

Nadie está obligado a simpatizar con Temer. Si realmente está involucrado en la corrupción debe ser investigado. Ante el complicadísimo contexto brasileño es lógico sentir rechazo a buena parte de sus dirigentes políticos.

Pero aún así, lo ocurrido no fue un golpe de estado. Un golpe de estado es otra cosa.

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