Sergio Abreu
Sergio Abreu

Primero la vida

Una instancia jurisdiccional revivió la discusión sobre el derecho a la vida y la despenalización del aborto aprobada por ley en la legislatura anterior.

Una instancia jurisdiccional revivió la discusión sobre el derecho a la vida y la despenalización del aborto aprobada por ley en la legislatura anterior.

El Dr. Julio María Sanguinetti opinó en su columna del domingo pasado sobre varios aspectos vinculados a la ley partiendo de la base de que un embrión no es una persona jurídica, ya que, “indiscutiblemente en él, hay una potencialidad de vida” que concreta sus derechos según su fundamento en lo dispuesto por nuestro Código Civil, es decir, “desde su nacimiento y luego de 24 horas de viabilidad”.

Con el respeto que nos merece el ex Presidente, discrepamos con su conclusión. Veamos.

¿Hay vida a partir de la concepción? Un no nacido, puede calificarse como una “vida potencial”. ¿Dónde se define qué es una vida potencial? El Dr. Robert George, exintegrante de la Corte Suprema de los EE.UU. y especialista en Bioética, afirma que “el embrión no es una vida potencial sino vida humana propiamente”, y agrega que “su desarrollo es un evento continuo y no hay un momento especial en que la vida humana súbitamente se vuelve sujeto de respeto y derechos humano. Un embrión no es diferente de un ser humano. Es un ser humano en su más temprana etapa de desarrollo”.

En la línea trazada, ¿quién puede con arbitrario criterio fijar ese momento? La vara gruesa de un legislador, ¿puede definir el momento a partir del cual puede realizarse un aborto? ¿La vida humana puede ser dividida en plazos aproximados para dejar de ser potencial y comenzar a ser protegida?

Basta remitirse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 4 que define como persona a todo ser humano con derecho a que se respete su vida “desde el momento de su concepción”. A eso se agrega lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados, que expresa en su art. 27 que “una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”.

Por tanto, se trata de derechos fundamentales preexistentes declarados en Tratados que nos obligan en sintonía con las disposiciones que incorporan Constituciones liberales como la nuestra, en particular en su artículo 7, complementado para su interpretación en este caso por los artículos 36, 40, 41, 42, 44, 72 y 332.

En consecuencia, no se trata de un aspecto confesional aunque también se plantee legítimamente desde ese ángulo; simplemente, porque el tema central es si la vida debe protegerse o no, por tanto, el verdadero fracaso, no es el aborto sino la extinción de una vida al impulso de recientes interpretaciones postmodernistas amparadas en la moda de lo políticamente correcto.

Norberto Bobbio, conocido filósofo y jurista italiano, laico, ateo y socialista, afirmaba que utilizar el argumento de “que mi cuerpo es mío y lo gestiono yo” para justificar un aborto, era algo aberrante; sobre todo cuando el derecho del concebido prevalece sobre los derechos de la mujer y de la sociedad por ser estos derivados del primero. La maternidad no buscada o no deseada no puede tener como solución conculcar una vida existente desde la concepción. Eso nada tiene que ver con el divorcio ni con las conquistas del batllismo y menos con aspectos relacionados con los invocados “machismos”.

Todo ser concebido no es consultado sobre si quiere vivir, por lo que un aborto significa el cercenamiento de su derecho como ser humano que se concreta, como es obvio, sin su consentimiento.

Podrá decirse que esta posición es conservadora. Y, afortunadamente, sí lo es; primero, porque las ambigüedades no son la mejor respuesta; y segundo, porque la coherencia es un capital político que hace a la credibilidad.

¿Acaso perjudicó al Dr. Vázquez mantener su posición antiaborto cuando vetó la ley votada por el Frente Amplio en su primera presidencia y que derivó en su renuncia al Partido Socialista?

Por otro lado, las alertas sociales relacionadas con los distintos actores en nuestra sociedad no pueden servir de justificación para interrumpir un embarazo y extinguir una vida. Y eso, porque los problemas que se plantean no responden a una causa única, sobre todo si se tiene en cuenta, entre otras circunstancias, la existencia de miles de madres solas debido a la destrucción de su vínculo de pareja ocurrido después de haber concebido uno, dos o más hijos. En consecuencia, la protección que la sociedad y las normas deben asegurar a todas las mujeres debe centrarse en la defensa de sus derechos violados por abusos y por la creciente violencia doméstica a que son sometidas.

Lo expuesto nada tiene que ver con el aborto, porque si bien es cierto que el “uno” solo existe con el “otro”, el tercer “otro”, que es el concebido por esos dos, no puede ser víctima de un arrepentimiento tardío tomando una vida como la variable de ajuste. No es mezclando las cosas que se solucionan los serios problemas sociales que se viven, y menos estigmatizando a los que compartiendo tanta sensibilidad en juego nos resistimos a aceptar que no existan límites jurídicos y éticos a lo que con derecho defendemos.

El verdadero fracaso de la sociedad se debe a nuestra incapacidad de transmitir educación en valores, no basados en antiguos prejuicios, sino en la importancia de dotar a las nuevas generaciones de responsabilidad en el uso racional de sus cuerpos. No se solucionan los embarazos de los adolescentes poniendo a su disposición procedimientos abortivos que afectan su salud física y psíquica, sino facilitando su acceso a los métodos anticonceptivos. Así, en el año 2016 se registraron menos abortos que en el año 2015, mientras que investigaciones recientes realizadas en barrios carenciados muestran que la mayoría de los adolescentes entrevistados “no consideran el aborto como una alternativa frente a un embarazo no intencional y lo condenan moralmente”.

Queda la discrepancia marcada a favor de la vida desde la concepción, no a partir de la intolerancia sino en función de la libertad de que gozamos todos los ciudadanos, en el marco de la Constitución y de la ley, para defender nuestros principios y convicciones. Y para nosotros la vida siempre está primero.

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