Sergio Abreu
Sergio Abreu

La nueva gobernabilidad

La gobernabilidad está en juego. Los lineamientos de esta nueva administración de Tabaré Vázquez son cuestionados por varios sectores de su fuerza política; un equilibrio inestable que exhibe, por un lado, un equipo duro de gobierno, y por el otro, dirigentes y movimientos que se resienten ante los conflictos internos que hacen referencia a una nueva “herencia maldita”. Esta ya no sería de blancos o colorados, sino directamente propia.

La gobernabilidad está en juego. Los lineamientos de esta nueva administración de Tabaré Vázquez son cuestionados por varios sectores de su fuerza política; un equilibrio inestable que exhibe, por un lado, un equipo duro de gobierno, y por el otro, dirigentes y movimientos que se resienten ante los conflictos internos que hacen referencia a una nueva “herencia maldita”. Esta ya no sería de blancos o colorados, sino directamente propia.

La realidad nos muestra que la apertura del país es irreversible y que la productividad y la competitividad deben ser el centro de las preocupaciones de cualquier Gobierno.

Ya no se discute la necesidad de la inversión privada, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de aquellas cadenas de valor que insertan al sector productivo en el mercado externo; eso supone, alejarse del debilitado “populismo” ideológico de la región que ha entrado en un círculo vicioso de estancamiento, inflación y corrupción, donde están implicados varios de nuestros socios del Mercosur.

La unidad de conducción del Poder Ejecutivo está comprometida y ello porque las diferencias internas se vienen profundizando.

A vía de ejemplo, la situación del ministro de Defensa Nacional no es fácil ya que requerido por sus “compañeros” a obtener mayor información en busca de la verdad, su respuesta ha determinado el reclamo de su alejamiento del cargo.

También se plantean visiones encontradas en la orientación de la Cancillería en cuanto a la estrategia negociadora dentro del Mercosur al proponerse dos velocidades con la Unión Europea ante la posición del gobierno argentino, que no quiere aperturas a su política proteccionista. Ello llevó incluso a que hasta el embajador en Bruselas discrepara públicamente con el Poder Ejecutivo sobre el formato a aplicar en esas negociaciones.

Por otro lado, la ministra de Educación y Cultura, se enfrenta a los sindicatos de la enseñanza que se oponen a que su autonomía “ideológica” sea vulnerada por evaluaciones técnicas sobre sus resultados, desconociendo que la crítica situación de la educación perjudica principalmente al alumno, el único que no tiene sindicato que lo defienda.

En las empresas públicas el enfrentamiento es más personalizado; el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, expresidente de Ancap, se debate frente a duros cuestionamientos a su gestión una vez conocidas las pérdidas de la empresa.

Lo mismo sucede con Antel que ha extendido su visión monopólica en servicios como la conexión de la fibra óptica e impulsado una Ley de Medios, plagada de inconstitucionalidades, aún no reglamentada por el nuevo Poder Ejecutivo.

Por otra parte, es la primera vez que un gobierno del Frente Amplio ha tenido tantos paros en los emblemáticos primeros 100 días de gobierno con “fundamento ideológico” tal como lo plantearan los principales dirigentes sindicales.

Las negociaciones del TISA son el centro de un “macaneo” técnico y político; de tal nivel, que la decisión de participar que tomó el presidente Mujica con su anárquico estilo, se cuestiona por varios jerarcas de su Administración, incluidos dos de sus exministros que argumentan que nunca fueron consultados.

El déficit fiscal, la inflación y el tipo de cambio, condicionan la estabilidad macroeconómica a diferencia del pasado en que el viento de cola en la economía permitió administrarlos en forma precaria.

Todos estos aspectos se pueden resumir en la discrepancia que hoy mantienen el ministro de Trabajo y el director general sobre la indexación de los salarios de cara a un potencial brote inflacionario y a sus eventuales repercusiones sobre el empleo.

Por lo contrario, en Cuba, Raúl Castro, enfrentado a una cruda realidad advertía, hace muy poco, a las juventudes del Partido Comunista: “si las personas sienten la necesidad de trabajar para vivir amparadas en regulaciones estatales paternalistas e irracionales, jamás estimularemos el amor por el trabajo”; y agregaba “si mantenemos plantillas infladas en casi todos los ámbitos del quehacer nacional y pagamos salarios sin vínculos con los resultados no podemos esperar que los precios detengan su ascenso constante... sabemos que sobran cientos de miles de trabajadores y que este es un asunto muy sensible que estamos en el deber de enfrentar con firmeza y sentido político”. En resumen finalizaba: “continuar gastando por encima de los ingresos sencillamente equivale a comernos el futuro”.

Esto nos demuestra que el eterno dilema es que el crecimiento de un país y el bienestar de su gente dependen de las reformas que incentiven la inversión, la iniciativa privada, y la eficiencia del propio Estado; sobre todo, cuando se ha probado que no se puede aspirar a un capitalismo sin lucro, ejercer un socialismo indisciplinado, estimular inversiones y acosar con conflictos sindicales a los inversores.

La situación del Mercosur es el mejor ejemplo, ya que la integración fracasó por las trabas comerciales, la falta de seguridad jurídica y los devaneos tropicales que le inyectaron arena ideológica al engranaje de un proyecto comercial pensado en una mayor apertura de los mercados. Nadie cree hoy que la solución pueda venir por el “más y mejor Mercosur”.

El Brasil calificado por el expresidente Mujica como nuestro “estribo” no quiso asumir los costos del liderazgo y prefirió anudar su trenza histórica con la Argentina y mantener aislado un Mercosur que no ha celebrado un solo acuerdo sustantivo mientras que cientos de ellos se vienen firmando y negociando, perjudicando inclusive el acceso de nuestros productos a terceros mercados.

La novedad es que China se ha transformado en el primer socio comercial de Brasil, Chile y Uruguay, y que las inversiones en infraestructura que financia el gobierno chino nos enfrentan a un Tratado de Tordesillas asiático que se nos impone sin que se pueda identificar una estrategia adecuada para ajustarse al nuevo escenario.

Los cambios son tan vertiginosos como impensados y se reflejan en una nueva realidad del país que necesita una oposición con dirigentes preparados y partidos políticos capaces de apoyar al país en todo lo que necesite, y al Gobierno, como decía Wilson “en aquello que merezca”.

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