Sergio Abreu
Sergio Abreu

El disparate del golpe parlamentario

La destitución de la expresidenta Rousseff es un acto jurídico de acuerdo a derecho. Eso no quita que se opine que pueda ser políticamente injusto o que los cargos que se le imputaron no tenían entidad e incluso que la oposición decidió restarle el apoyo por razones políticas a la Presidenta. Opiniones fuertes pero respetables que tienen en el ordenamiento constitucional brasileño la forma de canalizarlos debidamente.

La destitución de la expresidenta Rousseff es un acto jurídico de acuerdo a derecho. Eso no quita que se opine que pueda ser políticamente injusto o que los cargos que se le imputaron no tenían entidad e incluso que la oposición decidió restarle el apoyo por razones políticas a la Presidenta. Opiniones fuertes pero respetables que tienen en el ordenamiento constitucional brasileño la forma de canalizarlos debidamente.

Otra cosa es el disparate de sentenciar desde el exterior que el resultado de un Juicio Político en otro país es un “golpe de estado parlamentario” argumentando que el pueblo tiene mayor legitimidad que la representación que inviste el propio Parlamento. Un recurso efectista que pretende ignorar que la Constitución al consagrar el instituto del Juicio Político le otorga al Parlamento esa función de control del Poder Ejecutivo. Y que su origen viene desde los tiempos de la Carta Magna impuesta en 1215 al Rey de Inglaterra Juan I (conocido como Juan Sin Tierra) por sus vasallos bajo la formula que rezaba “nosotros que solos somos igual que vos, pero juntos más que vos, os demandamos guardéis nuestros fueros y las leyes. Por eso te nombramos nuestro Rey y Señor si así lo hicieres; si no, No!!

En consecuencia impugnar la legitimidad del Poder Legislativo desconociendo su representación es abominar de la República, de sus instituciones, de la fuerza del Derecho, desvirtuar el concepto de soberanía popular y rechazar la separación de poderes como piedra angular de una sociedad democrática.

Y es más grave, cuando se juzga un asunto interno brasileño dirimido en el marco de su Constitución y se agrede su soberanía en complicidad con los sancionados, ignorando que abierta esta portera, cuando los poderosos respondan se corra el riesgo de rescatar solo como actos propios, el cantar el himno o izar nuestra bandera.

Por eso, que esto lo sostengan el Ministro del Interior y el expresidente Mujica con el Pit-Cnt preocupa seriamente porque son varias las voces que dentro del gobierno opinan diferente y que al superponerse, muestran posiciones contradictorias por actores de primera línea que no hacen otra cosa que sembrar el desconcierto. dividir al Partido de gobierno y afectar la imagen del país.

Lo que sucedió con el Canciller es demostrativo. Este en su esfuerzo por guardar las formas y hablar en nombre del gobierno como corresponde, se encontró con que su propio grupo político lo desautorizó acudiendo a la original tesis de que su posición puede ser diferente a la del Ministro. Pocas veces hemos visto una situación tan original como desconcertante, sobre todo en un área tan delicada como la Política Exterior aunque la capacidad de sorprenderse ha quedado es estos tiempo solo como un privilegio de los más jóvenes.

Lamentablemente, el Frente Amplio sigue sin tener en cuenta que en temas tan importantes no se puede tener dos o tres opiniones, ya que la base de una política exterior seria es mantener posiciones firmes e inequívocas para fortalecer la imagen del Estado y no debilitarlo con ambigüedades que afecten la capacidad de defender los intereses nacionales dentro y fuera de la región.

En este contexto, a veces las posturas heroicas pueden respetarse aunque tengan sus costos, pero el doble discurso y la demagogia internacional tienen como única respuesta la indiferencia o las represalias en sus múltiples expresiones; sobre todo, cuando un Brasil poderoso y primer socio comercial del Uruguay no se sienta obligado a hacer el menor esfuerzo por contemplar las demandas que tuvimos y tenemos desde nuestra frágil vecindad.

Pero hay algo más grave aún: ¿desde cuándo somos jueces políticos de las crisis internas de otros países? ¿Quién nos otorgó la competencia de definir un Juicio Político previsto por la Constitución brasileña como un golpe de estado parlamentario? ¿Qué seriedad proyecta un país cuando el expresidente Mujica, del mismo partido que el Dr. Vázquez, se adelanta a fijar posición antes que su gobierno?

Y hablando de legitimidad ¿cuál es el motivo que determina a una central sindical a pronunciarse sobre la forma que interpreta o aplica la Constitución el parlamento brasileño? ¿Responde a un fundamento permanente o depende de la ocasión?

Pero si se sintiera habilitada ¿dónde estaban estos catones cuando el juicio político a Collor de Mello? ¿No tuvieron nada que decir cuando el senador Collor electo por acuerdo electoral con el Sr. Lula y la Sra. Dilma presidió las Comisiones de Ética y de Relaciones Exteriores del Senado brasileño con el respaldo del lulopetismo? ¿Tampoco pudieron comentar la corrupción del Partido de los Trabajadores que llevó a que su amigo José Dirceu fuera separado del cargo y condenado con otros “compañeros” a varios años de prisión? ¿Nunca se molestaron cuando el representante del Partido de los Trabajadores en la Cancillería, Marco Aurelio García, se entrometía en los asuntos internos de otros países renegando de las líneas principales que el Barón de Río Branco dejó para prestigio de Itamaraty? ¿Nada tenían que observar cuando el mismo señor desde Cuba administró la sucesión del presidente Chávez a favor de Nicolás Maduro, o cuando respaldó a este en su intento dentro del Palacio Presidencial del gobierno paraguayo de convencer a los altos mandos militares que resistieran la decisión del Parlamento de destituir por 70 votos contra uno al entonces “compañero” presidente Lugo? ¿Y qué dijeron cuando el execrable violador de su hijastra, el presidente Ortega de Nicaragua, fue honrado con las llaves de la ciudad de Montevideo? ¿El combativo sindicato de Adeom estaba distraído?

Estas preguntas y comentarios también se los hacen el lector y la gente medianamente informada. Porque se puede pensar diferente, y de eso se trata la democracia, pero invocar principios y reglas morales según quiénes participen para involucrarse en los asuntos internos de otro país es un camino que, en el caso del Uruguay, lo lleva a la pérdida del respeto trabajosamente ganado por su coherencia de la mano del Derecho como principal aliado y escudo.

Herrera decía: “no puede aceptarse la injerencia abusiva en las cuestiones que cada país está habilitado para resolver por sí solo... quien no tolera intromisiones en su patria no podrá jamás inmiscuirse en el sagrado de las ajenas, y mucho menos servir de instrumento para que se las ofenda o se las coaccione”.

En otras palabras, y para ser más gráficos: se debe caminar parejo ya sea calzando zapatos de cuero, de gamuza, deportivos, zapatillas o chancletas; pero es imposible caminar con un zapato en el pie izquierdo y una chancleta en el derecho. No se llaga solo un pie; se llagan los dos. Y en esas condiciones son muy cortas las distancias que se pueden recorrer, sobre todo cuando todavía queda la posibilidad de quedar descalzos. Y los más chicos son los primeros en sufrirlo.

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