Al calor de vacaciones se aprobó un tremendo “tarifazo” que ha afectado a todos los sectores productivos del país y a los trabajadores, que lo definen como una “fuerte embestida” contra sus intereses.

Al calor de vacaciones se aprobó un tremendo “tarifazo” que ha afectado a todos los sectores productivos del país y a los trabajadores, que lo definen como una “fuerte embestida” contra sus intereses.

La pregunta que nos hacemos, contribuyentes y ciudadanos, radica en saber cuál es el sentido de estas medidas y cómo se relacionan con la marcha de la economía en general.

La respuesta del gobierno parece ser muy simple; hay que recaudar más porque se ha gastado por encima de las posibilidades, sobre todo cuando el despilfarro se ha instalado en la Administración Central, en las Empresas Públicas así como en las decenas de sociedades de derecho privado creadas por ellas para evitar los controles del Tribunal de Cuentas.

A vía de ejemplo, las tarifas de UTE se ajustan sin que los clientes puedan acceder a la información básica que indique quién subsidia a quién, y sin hacerse público el costo de cada Unidad de Gestión de la Empresa por separado.

Por otro lado, aprovechando el impulso estival, no se explica al contribuyente por qué tiene que “capitalizar” a la Ancap en 800 millones de dólares, mientras que el Gobierno se reduce a entrecruzar acusaciones y descalificaciones entre “compañeros” que tratan de trasladar a los demás la responsabilidad de ser los causantes de la ya reconocida “herencia maldita”.

No se puede ignorar que los problemas fiscales son serios; que el déficit está arañando el 4%, que el desempleo alcanzó el máximo nivel de los últimos años, que la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés no pueden manejarse aislados de los vaivenes de la economía global como de las regionales; y que además, la información básica manejada para elaborar el Presupuesto careció del sustento necesario.

Y eso se debe a que todavía se insiste, por connotados ideólogos del Frente Amplio, que el “motor del desarrollo del país son las Empresas Públicas”.

Nada más errado. Digámoslo claramente: el Estado tiene que ser orientador regulador y garante; y las Empresas públicas deben respetar al que las financia dando cuenta de sus gestiones, con la mayor transparencia posible, de acuerdo a la Constitución y a la ley.

Lamentablemente, la situación actual de Ancap es más que ilustrativa porque se demostró que no es una empresa lucrativa, ya que el lucro es el resultado generado en condiciones competitivas. Por ello, en el caso de los monopolios, siempre es mejor hablar de resultados, y estos están a la vista.

En función de este concepto, en tiempos de bonanza los gobiernos frenteamplistas recaudaron co-mo capitalistas y gastaron indisciplinadamente como socialistas, sin tomar en cuenta que los recursos financieros que aplicaron sin la menor coherencia, vienen del bolsillo de todos los que trabajan.

En ese contexto, y por circunstancias externas favorables debidas a los al- tos precios internacionales de las materias primas, el Producto Bruto Interno aumentó en forma significativa. Mientras tanto, los gobiernos frentistas proclamaron a los cuatro vientos el éxito irreversible de su programa económico, como si fuera posible que nuestras economías pudieran vivir desacopladas de los ciclos económicos mundiales.

Sin embargo, hace ya un buen tiempo, la tozuda realidad empezó a advertir sobre la inconveniencia de continuar con políticas que, teñidas de un pensamiento económico-ideológico, aspiraban a reescribir la historia desde un soberbio criterio fundacional.

Es así que en el tercer gobierno frentista nos enfrentamos al fin de las recetas ideológicas que dividían las soluciones entre derecha e izquierda, con etiquetas mentales hoy en día inexistentes.

Todavía se recuerda la frase de Felipe González quien afirmaba que los déficits no son de derecha ni de izquierda, y que últimamente Raúl Castro confirmó cuando en uno de los últimos congresos de las juventudes comunistas dijo: “si se gasta más de lo que ingresa, nos comeremos el futuro”.

En consecuencia, no se necesita ser economista para saber que China, nuestro principal socio comercial, creció al 6,9% en el 2015 (el nivel más bajo desde la década del 90), y que las previsiones de la economía mundial fueron recortadas por el Fondo Monetario Internacional para los próximos dos años. Tampoco cuesta mucho esfuerzo advertir que lo que sucedió con otros modelos “populistas” de la región, no está lejos de producirse en nuestro país.

¿Qué se quiere hacer? ¿Insistir en el modelo lulopetista brasileño? ¿Cerrar la economía al estilo de la expresidenta Cristina Fernández? ¿Ignorar la emergencia económica del madu-chavismo? ¿Seguir gastando como si nada pasara?

La presión tributaria y las tarifas no pueden afectar más la competitividad de nuestros sectores productivos; y el Gobierno sabe que no puede esconder más la cabeza para no ver que debe desindexar los salarios y encarar un recorte importante del gasto público.

La verdad es que si no se reacciona a tiempo, los hechos económicos nos van a sumergir en la recesión y el desempleo. Y cuando ambos se instalen ya no habrá excusas para responsabilizar al capital internacional, a los EEUU o al devaluado discurso antiimperialista.

El gobierno tiene que “cambiar la cabeza” y olvidarse de buscar falsos enemigos. El equipo económico no tiene más espacio para seguir jugando a la “mosqueta”, y menos para hacer concesiones a los bolsones populistas que quieren seguir gastando, sin abocarse a las reformas estructurales como la educación, que aún están pendientes.

Los problemas reales están en la necesidad de aumentar el ahorro interno y profundizar una reforma educativa que aumente la calificación de la mano de obra y cierre la brecha entre la oferta y la demanda laboral que la modernidad impone. En otras palabras, la apuesta al aumento de la productividad es nuestra prioridad, pero si la competitividad se sigue perdiendo por la ineficiencia de todo el sector público, nos comeremos el futuro.