Ricardo Reilly Salaverri
Ricardo Reilly Salaverri

Menores y delito

Tres noticias convergen sobre los menores que han cometido delitos. Para nuestra legislación es niño todo ser humano hasta los 13 años y son adolescentes los mayores de 13 años y menores de 18 años de edad, respectivamente.

Tres noticias convergen sobre los menores que han cometido delitos. Para nuestra legislación es niño todo ser humano hasta los 13 años y son adolescentes los mayores de 13 años y menores de 18 años de edad, respectivamente.

Desde 1934 la legislación prestó atención al niño y adolescente que la necesitan. Hoy las instituciones competentes dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Aquí importa el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), dentro del cual, se encuentra el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Este último se encarga de la atención y cumplimiento de condena de los adolescentes que han cometido delitos, que según su gravedad pueden llegar a la reclusión. En los casos más graves, respecto de menores entre 15 y 18 años, la pena mínima es de 12 meses y la máxima puede llegar a los 5 años.

La primera noticia hace al cuerpo policial, acompañando hasta su destino final al sargento Marcos Melo Pérez, de 45 años de edad, esposo y padre de tres hijos de 20, 18 y 12 años. En el barrio Santa Catalina, Montevideo, donde vivía, al bajar del ómnibus y dirigirse a su casa, dos menores, supuestamente por razones baladíes de vecindario, descargaron por la espalda contra el policía cuatro balazos, de una pistola de grueso calibre. A la familia se le dio habitación en una casa de otro barrio y el reclamo de vivienda policial se reafirmó, ya que la policía convive con maleantes y se suceden agresiones severas contra sus miembros en barrios socialmente complicados.

La vivienda policial reclama una política de Estado impostergable. Por otra parte, las acciones criminales cometidas por menores son en general un suceso común en la sociedad en que vivimos. La cual re- clama el ejercicio firme de la autoridad legítima y la responsabilidad del Estado. Una segunda noticia está vinculada al Sirpa, organismo ya aludido. Se difundió ampliamente un video en el que ante reclamos en actitud hostil de menores allí internados, ingresan al local en que estaban ubicados, funcionarios entre los que revista el representante sindical más notorio del sector. Se advierte una actitud violenta y un trato que aparece como desproporcionado, contra los menores. Lo ocurrido ha merecido censuras, denuncias penales, pronunciamientos políticos y sindicales de diverso tenor. No dudo en cuanto a que ser funcionario de un organismo de la naturaleza citada y con menores conflictivos y agresivos, es una tarea de las más duras que pueden existir. La investigación de las autoridades administrativas debería ser aclaratoria de lo acontecido. Y quizás sería bueno dar a luz los protocolos que se aplican en el centro de internación. Nadie aplaude el abuso represivo. Ahora, quisiera ver qué harían muchos de los que se rasgan las vestiduras por los derechos humanos, si tuviesen que trabajar en un lugar de tanta tensión y dificultades.

Finalmente, sobre lo último opinó el “Padre Mateo”, sacerdote católico volcado a atender a la gente carenciada. Estuvo, al frente del INAU y afirma que lo primero ante estas realidades, es la educación. Evocó el sistema preventivo de Don Bosco (fundador de los salesianos), prevenir antes que curar. Buscar lo que a los jóvenes les gusta hacer y enseñarles para que lo hagan y dar participación al sector privado. Compartiendo esto, lo real es que en el marco fáctico relatado, no es fácil encarar solamente soluciones de rehabilitación.

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