Ricardo Reilly Salaverri
Ricardo Reilly Salaverri

Legalizando el chantaje

En realidad el chantaje laboral ya existía adentro de algunos parámetros de razonabilidad antes de que llegara el gobierno de Tabaré Vázquez. Su ineficiente gobierno frenteamplista caracterizado históricamente por el negociado de Pluna que contó con su determinante, filmado y notorio aval, fue un juguete usado por el partido comunista y afines. Se dictaron leyes que bajo una máscara de "progreso social" son un tiro en el pie para los emprendimientos y la empresa privada (tercerizaciones, aumentos salariales indexados, suba de salarios y cargas sociales en dólares, juicios laborales sumarios que conducen a los empleadores demandados a la hoguera instantáneamente, etc.).

Y, no debe olvidarse que la mejor justicia social parte de una economía dinámica, la competencia basada en los talentos y las virtudes y de que hayan inversiones, empresarios eficientes, y un equilibrio adecuado ente capital y trabajo en lo que son paradigma Alemania y los países escandinavos entre otros.

En realidad el chantaje laboral ya existía adentro de algunos parámetros de razonabilidad antes de que llegara el gobierno de Tabaré Vázquez. Su ineficiente gobierno frenteamplista caracterizado históricamente por el negociado de Pluna que contó con su determinante, filmado y notorio aval, fue un juguete usado por el partido comunista y afines. Se dictaron leyes que bajo una máscara de "progreso social" son un tiro en el pie para los emprendimientos y la empresa privada (tercerizaciones, aumentos salariales indexados, suba de salarios y cargas sociales en dólares, juicios laborales sumarios que conducen a los empleadores demandados a la hoguera instantáneamente, etc.).

Y, no debe olvidarse que la mejor justicia social parte de una economía dinámica, la competencia basada en los talentos y las virtudes y de que hayan inversiones, empresarios eficientes, y un equilibrio adecuado ente capital y trabajo en lo que son paradigma Alemania y los países escandinavos entre otros.

Si las situaciones vinculadas al tema se deterioraron con los inútiles y nefastos gobiernos frenteamplistas establecidos reafirmando todo lo que ayer negaban y combatían y aprovechándose de las bases económicas, agropecuarias, agroindustriales e industriales y de servicios que recibieron del pasado, así como una coyuntura económica internacional excepcional que les es ajena, ahora, de la mano del "fachismo" sindical, la mayoría parlamentaria de lelos robotizados (no piensan, no hablan, solo votan) y con afán de destruir a la empresa privada, nadie dude que ese es el fin mediato de la acción de los agitadores, llega la frutilla del postre: la ley de responsabilidad penal del empleador por los accidentes de trabajo.

Debemos señalar que detrás de cualquier proclamada mejora social de la legislación laboral de parte de los dirigentes gremiales que padece la república lo que se esconde es un pingüe negocio de los trabajadores reclamantes, los abogados -especialmente los amigos de los "pitcenetianos"- y en definitiva de todos los asociados en el negocio del reclamo laboral (la rosca). A eso apunta esta legislación de la década perdida.

El proyecto legal en curso de sanción dice, en lo fundamental, que los empresarios individuales, los titulares de empresas que contratan servicios tercerizados por el personal de éstas, e individualmente los directores de personas jurídicas empleadoras, son responsables penalmente por los daños que pueda sufrir un trabajador a causa del incumplimiento de normas de seguridad en el trabajo.

Esta norma en vías de sanción es absolutamente innecesaria. Si no se la dictara la responsabilidad ya existe encuadrada adentro de las disposiciones sobre responsabilidad civil, y los delitos de lesiones y homicidio culposo o intencional. Su dictado edulcurado bajo la pátina de "lo social" viene de la mano de la mala leche de la rosca del negocio del reclamo laboral del que se hablaba. Ya pasa ahora, pero con esta resolución ante un accidente, no importa de quien sea la culpa, se presentarán ante alguno de los posibles empleadores "culpables" un reclamante, un abogado "laboralista" y si es posible un dirigente de sindical (la rosca) y dirán al demandado: "o nos paga o lo denunciamos penalmente". Y, en este país como funcionan las cosas, ¿quién sensatamente querrá arriesgarse a un juicio penal de precepto? Su defensa será decir: "Muchachos: ¿cuánto quieren?" Chantaje consumado. Y, legalizado. Especialmente al pequeño empresario, lo dejarán como a Adán en el paraíso. Debe ir pensando en comprarse un buen par de chancletas y a otra cosa mariposa.

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