Ricardo Reilly Salaverri
Ricardo Reilly Salaverri

Autoridad

La población nacional tiene la sensación de que el Estado no ejerce su autoridad adecuadamente y todos los días surgen hechos que revelan la descomposición social y a las fuerzas del orden superadas por la ola delictiva. Pasan muchas cosas que no se conocen.

La población nacional tiene la sensación de que el Estado no ejerce su autoridad adecuadamente y todos los días surgen hechos que revelan la descomposición social y a las fuerzas del orden superadas por la ola delictiva. Pasan muchas cosas que no se conocen.

Otras como la lesión a un diplomático para robarle en la rambla, o el asesinato de un delincuente que se protegió tomando como escudo a una joven mujer en un ómnibus, inmersas en un alud de hechos que dejan lesionados y muertos, lleva a que se tenga miedo a andar por la calle. Y, en este marco la propuesta de un partido político de mantener al frente del Ministerio del Interior a Bonomi y Vázquez, como ministro y subsecretario respectivamente, no es un dato alentador. Más bien anuncia un padecimiento a continuar en el futuro inmediato. Y, es una circunstancia que va más allá de anuncios y promesas de una mejoría porque la sicosis está instalada en la población.

Actualmente, no hay reunión de la que un paisano cualquiera participe, en la que el tema central sea uno distinto al de la seguridad pública. Podría ser una cuestión de la ciudad, sin embargo hoy lo es también del medio rural. Ya no queda gente que no haya -hayamos- padecido del crimen, y si a alguien no le pasó nada, le ocurrió a un familiar cercano, a un amigo o al vecino. En este punto las estadísticas que quienes administran al estado uruguayo manejan se equivocan, porque la gente normalmente no denuncia lo que le pasa. Sea porque no tiene confianza en los institutos policiales, sea porque no cree que hacer la denuncia tenga utilidad alguna, sea porque hacer la denuncia de agresiones le puede provocar la venganza de los delincuentes del barrio, que todos saben quienes son y es preferible no denunciar, sea porque las leyes penales y el Poder Judicial, no representan para el pueblo garantía de aplicación dura y clara de La Ley, o por otros motivos. Lo real es que hay muchos más delitos de los que el gobierno nacional maneja en sus consideraciones numéricas.

La conclusión es la de que nos administra un grupo de personas que están en deuda con el requisito fundamental de la existencia de una sociedad políticamente organizada, que consiste en el ejercicio de la autoridad pública en todo el territorio y respecto de todos sus habitantes.

Para que una república pequeña en espacio y población, y por lo mismo razonablemente controlable, sufra de esta enfermedad, en un momento de tangible, involuntario e innegable bienestar económico sistemáticamente desperdiciado, tienen que haber razones. Una es de cajón, recuérdese al ministro José Díaz, bajo la tutela presidencial de Tabaré Vázquez, y su himno a las bondades de los delincuentes víctimas de una sociedad injusta, o a las de sus sucesores hasta llegar al actual ministro Eduardo Bonomi, para concluir en que el Frente Amplio nunca tuvo vocación de combate ante la delincuencia, sino que por el contrario su actitud es la de la permisividad. Alentada además, por personas que hoy tienen responsabilidades de gobierno, que practicaron ayer un terrorismo antidemocrático, que se definen anarquistas -o sea, enemigos del ejercicio de la autoridad- y que por lo mismo, no saben qué hacer ante el flagelo que castiga a la ciudadanía.

Mientras en esto estamos, como cabeza de un paquete de soluciones al tema, se vota por legalizar la marihuana y transformar a los consumidores de pasta base en adictos al porro.

¿Qué nos espera?

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