Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Universidad de la Educación

En el terreno de la educación existen varios consensos que pasan por encima de las fronteras partidarias. Uno de ellos consiste en afirmar que debemos otorgar rango universitario a la formación docente. Casi todos coincidimos en que ese paso es necesario para recuperar el prestigio de la profesión y para alinearnos con las mejores prácticas internacionales.

En el terreno de la educación existen varios consensos que pasan por encima de las fronteras partidarias. Uno de ellos consiste en afirmar que debemos otorgar rango universitario a la formación docente. Casi todos coincidimos en que ese paso es necesario para recuperar el prestigio de la profesión y para alinearnos con las mejores prácticas internacionales.

La discusión no es entonces si se debe o no otorgar rango universitario a la formación docente, sino cómo hacerlo. Y aquí aparecen las discrepancias, especialmente en un momento en que el gobierno se propone reeditar el proyecto de creación de una Universidad de la Educación que fracasó hace unos años.

La idea de Universidad de la Educación es problemática en varios sentidos, pero antes que nada nos enfrenta a un riesgo grave: el peligro de que los uruguayos nos hagamos trampas al solitario y pasemos a llamar “Universidad” al mismo conjunto de centros de formación docente que tenemos hoy. Eso sería un gran engaño colectivo, porque lo que da carácter universitario a una institución no es lo que diga el cartel colgado en la puerta sino lo que pasa adentro.

El gobierno conoce este riesgo, pero se limita a exorcizarlo de una manera muy típica de nuestra izquierda: articula un discurso apropiado, que dice que no se trata solamente de un cambio de nombres sino de agregar a ese cambio toda una reconversión académica que asegure altos niveles de calidad.

Las palabras son las adecuadas, pero el problema es que no hay nada detrás de ellas. Y la prueba es que no se ha dado a conocer ningún plan bien diseñado en el que esté marcado un rumbo y se identifiquen las grandes decisiones a tomar.

Una vez que exista, una Universidad de la Educación deberá ser autónoma como han de serlo las universidades. Pero eso no impide que, antes de ponerla en marcha, se defina una estrategia que nos asegure que realmente estaremos creando una universidad y no otra cosa.

Una manera muy simple de percibir el grado de improvisación del gobierno consiste en observar que no tiene ninguna respuesta para una pregunta muy específica: ¿qué se hará con los actuales formadores de docentes que no están en condiciones de desempeñarse como profesores universitarios?

La pregunta es incómoda pero también ineludible, porque la verdad es que no todas las personas que hoy enseñan en los centros de formación docente tienen la preparación ni el nivel necesarios para dar el salto. Algunos podrán hacerlo si se organiza un plan de fortalecimiento académico, intenso y muy personalizado. Otros difícilmente lo consigan aunque les demos esa oportunidad. Aquí y en todas partes, formar un profesor universitario es un proceso largo y exigente.

Este tema incomoda al gobierno y por eso prefiere ignorarlo. Pero al actuar de este modo se condena a hacer justo lo que dice que no quiere hacer, es decir, a colgarle el título de universidad a un sistema de formación docente que hoy no tiene ese carácter.

Antes de considerar siquiera la posibilidad de acompañar este proyecto, la oposición debería hacerle una única pregunta al gobierno: ¿cuáles son las decisiones y procedimientos previstos para evitar que terminemos creando una institución que no tenga nivel universitario a pesar de llevar ese nombre?

Si no hay una respuesta clara, estaremos agregando un nuevo problema a los muchos que ya tenemos.

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