Pablo Da Silveira
Pablo Da Silveira

Mamarracho jurídico

Por primera vez en el Uruguay contemporáneo está ocurriendo algo frecuente en otras partes del mundo: una pareja preocupada por la educación de su hijo decidió educarlo en casa en lugar de mandarlo a la escuela. Se trata del homeschooling (literalmente: escolarización en el hogar), una vieja práctica que está volviendo con fuerza en varios países. Para tener una idea de la magnitud del fenómeno, téngase en cuenta que, solamente en Estados Unidos, unos dos millones de chicos se educan hoy de esta manera.

Por primera vez en el Uruguay contemporáneo está ocurriendo algo frecuente en otras partes del mundo: una pareja preocupada por la educación de su hijo decidió educarlo en casa en lugar de mandarlo a la escuela. Se trata del homeschooling (literalmente: escolarización en el hogar), una vieja práctica que está volviendo con fuerza en varios países. Para tener una idea de la magnitud del fenómeno, téngase en cuenta que, solamente en Estados Unidos, unos dos millones de chicos se educan hoy de esta manera.

La pareja que quiere seguir este camino en Uruguay se presentó ante ANEP para dar formalidad a su opción, pero recibió una respuesta feroz. En una resolución de octubre del año pasado, las autoridades educativas respondieron que la educación domiciliaria es violatoria de la Constitución y de la ley, y amenazaron con quitar la patria potestad a esos padres “por no cumplir con los deberes inherentes” a su condición. El director general de Primaria, Héctor Florit, trató de “ridículo” el proyecto de la pareja.
Cada uno puede tener la opinión que quiera sobre la educación en el hogar, pero el punto importante es que la respuesta de ANEP es un disparate. La educación domiciliaria no va contra la Constitución ni puede ser prohibida por ley.

El artículo 70 de nuestra Constitución declara obligatorias la enseñanza primaria y media, pero el artículo 68 afirma que “todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee”. ¿Por qué el texto constitucional habla de maestros y no solamente de instituciones? Alguien podría pensar que se refiere a elegir maestros dentro de una gran institución, pero las grandes instituciones no abundaban en 1934, cuando ese artículo se incorporó a la Constitución. Como han observado juristas de la talla de Horacio Cassinelli Muñoz, este artículo protege el derecho a “optar entre dos maneras de cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza”, una de las cuales es la educación individualizada en el hogar.

Sobre esto no hubo dudas hasta el año 2009, cuando el presidente Tabaré Vázquez promulgó su Ley General de Educación. El artículo 75 de esa norma impone a los padres o tutores el deber de “asegurar la concurrencia regular de su hijo o representado” a un “centro educativo”, como única “forma de cumplir con la educación obligatoria”. Así que acá hay algo nuevo. Pero eso no prueba que ahora sea obligatorio mandar a los hijos a una escuela o liceo. Lo único que prueba es que ese artículo de la impresentable Ley de Educación promulgada por Vázquez es inconstitucional. Todo el mundo sabe que, en materia de derechos y libertades, una ley no puede ser más restrictiva que la Constitución.

Ante el planteo de una pareja que actúa con buena voluntad, las autoridades educativas salieron a esgrimir el “no se puede” al que son tan afectos quienes nos gobiernan. La resolución que emitieron hubiera sido objetada por un alumno de primer año de Derecho. Pero lo bueno es que esa reacción nos recuerda la pésima calidad de la Ley de Educación que nos legó el primer gobierno frentista. Esa norma está plagada de inconstitucionalidades (Cassinelli Muñoz encontró no menos de nueve), incurre en errores de técnica legislativa y es conceptualmente confusa. Su modificación deberá estar entre las primeras tareas de una nueva mayoría parlamentaria.

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