Una característica notable del actual discurso progresista es el intento de traducir la casi totalidad del debate político al lenguaje de los derechos. La discusión de casi cualquier política pública se plantea desde “la perspectiva de los derechos”.

Una característica notable del actual discurso progresista es el intento de traducir la casi totalidad del debate político al lenguaje de los derechos. La discusión de casi cualquier política pública se plantea desde “la perspectiva de los derechos”.

Las propuestas de gobierno presentadas durante la última campaña electoral dieron mucho espacio a la llamada “nueva agenda de derechos”. El canciller Almagro acaba de lanzar su candidatura a la secretaría general de la OEA bajo el lema: “más derechos para todos”.

Esta insistencia supone una inflexión histórica. La noción de derechos fue incorporada al pensamiento político por el liberalismo (aunque tiene antecedentes) y durante mucho tiempo fue ajena al universo mental de la izquierda. Todavía en los años setenta, la izquierda hablaba con desprecio de “la democracia formal” o de las “libertades burguesas”. Con esas expresiones no solo aludía al sistema electoral (que era desdeñado en favor de otras opciones, como la acción directa) sino también a las libertades fundamentales y al debido proceso (lo que conducía a justificar una “justicia revolucionaria” que se permitía secuestrar, juzgar sin garantías y ejecutar gente).

Tal vez lo tardío de esta incorporación explique la inconsistencia con la que se procede. La izquierda vernácula habla sin parar de los derechos, pero se mantiene en silencio ante los atropellos que hoy mismo están ocurriendo en Venezuela. El gobierno invoca la noción de derechos para traer refugiados pero se declara amigo de un régimen represor, dinástico e históricamente homófobo como el cubano. Toda la izquierda se conmueve, con razón, ante la suerte de los desaparecidos de la dictadura, pero intenta sepultar en el olvido a las víctimas de la guerrilla.

Una nueva prueba de este comportamiento consiste en el reciente rechazo del presidente Mujica al control de constitucionalidad que debe ejercer la Suprema Corte de Justicia. Mujica olvida que los derechos no solo pueden ser violados por dictaduras militares, sino también por mayorías que se vuelvan descuidadas o prepotentes. A lo largo de la historia, muchas mayorías han apoyado o convalidado la represión de minorías étnicas, religiosas, sexuales o políticas. Y ese riesgo sigue existiendo. Una mayoría que, conmovida por una serie de crímenes horrendos, se vuelque a favor de una justicia demasiado expeditiva, dejará de lado garantías fundamentales y seguramente incurrirá en excesos.

Por eso no alcanza con que una decisión tenga el apoyo de una mayoría (sea de legisladores o de ciudadanos) para considerarla políticamente legítima y jurídicamente válida. Además hace falta verificar que esa decisión no violente derechos ni libertades fundamentales. Para eso es necesario recurrir a lo que técnicamente se llaman mecanismos contra-mayoritarios, es decir, mecanismos que permitan declarar inválida una decisión aunque la mayoría la apoye. Y eso requiere la intervención de órganos como la Suprema Corte, cuya integración y desempeño no son fácilmente controlables por parte de quien esté transitoriamente en una posición de predominio político.

Lo propio de la democracia constitucional es que la mayoría se pone límites a sí misma porque sabe que puede equivocarse. Quien crea que esta clase de contrapeso es un problema no estará en condiciones de defender los derechos y libertades fundamentales.