Martín Aguirre
Martín Aguirre

De video en video

Mientras buena parte de la patrulla moral se hacía una fiesta con un video, otras imágenes llegadas a la Redacción del diario arruinaban el sueño de quien se animara a verlas. Eran también originadas por un teléfono, pero en este caso tomadas en el penal de Santiago Vázquez.

Mientras buena parte de la patrulla moral se hacía una fiesta con un video, otras imágenes llegadas a la Redacción del diario arruinaban el sueño de quien se animara a verlas. Eran también originadas por un teléfono, pero en este caso tomadas en el penal de Santiago Vázquez.

“Che, acá no hay extintor, ¿no?”. “No, lo fueron a buscar”. “Este está pronto, ¿aquel está vivo?”. “¿Cuántos hay acá?”. “No sé, unos cuantos, se dieron de bomba”. El diálogo entre funcionarios de la guardia se ambientaba de fondo con los gemidos, lamentos y súplicas de algunos internos: “Ayudame, hermano, no me puedo ni parar”, se escucha. Y lo peor, el crepitar de algo que se parece a un cuerpo humano, retorciéndose mientras era devorado por las llamas.

Lejos de ser algo inusual, el panorma truculento allí descripto parece ser un día más “en la oficina” de una de las cárceles del país. En lo que va del 2016 han sido asesinados 31 presos, ya sea por armas blancas, o quemados envueltos en un colchón, sistema de ajuste de cuentas que se ha vuelto muy popular entre los internos.

Y en este mes, el número total de presos en las cárceles uruguayas llegó a un nuevo récord, 10.450, lo cual nos pone a la cabeza a nivel continental en cuanto a cantidad de gente privada de libertad por habitante.

Está claro que el tema de la situación en las cárceles está lejos de ser una prioridad para el uruguayo promedio, que en los últimos años se ha visto agredido por el auge de una delincuencia que no respeta barrios, edades, ni inversión en seguridad. La indignación ante esta escalada, sobre todo en los barrios más humildes, ha generado un clima de resentimiento que se puede palpar en la calle, en los foros de internet, en la charla cotidiana. La vida de un “pichi” cotiza más bajo que nunca en la escala de valores nacional.

Si bien se puede llegar a entender (no justificar) la reacción popular, no así la de las autoridades.

Por un lado el discurso oficial ha ido por el quitar trascendencia al impacto de esta ola delictiva. Se insiste en que comparado a México o Brasil seguimos siendo un país seguro y tranquilo, casi un modelo. Y si la gente se queja mucho, no es porque sea un problema real, sino porque los medios de comunicación o algún político inescrupuloso les ha llenado la cabeza. Explíquele eso a la vecina de Solymar a la que ya le entraron a la casa 10 veces en los últimos dos años, y que la última, como los ladrones no consideraron el botín suficiente, se aliviaron los intestinos en la cama principal como represalia.

Por otro, los aumentos de penas y la mano dura de un sistema judicial que recibe enormes presiones sociales para actuar con firmeza, han saturado los centros de reclusión. Unos centros que, pese a los años de billetera gorda del gobierno, a la inversión récord en el Ministerio del Interior y a las campañas de publicidad de los intelectuales de la comunicación de esa cartera -que insisten en que estamos bárbaro, y que si hay problemas es por una conspiración (otra) de algunos policías corruptos- cada día se parecen más al infierno en la tierra.

Vale decir que esta anomia de las autoridades encargadas de la seguridad y de las cárceles, es posible por la falta de exigencia. Cuando uno ve que a estas mismas autoridades ministeriales, hace ya cinco años se les murieron calcinados 12 presos en Rocha, en un hecho criminal advertido y prevenido, y no hubo ninguna sanción ni penal ni social a nadie, parece poco probable que este goteo de víctimas permanente les vaya a afectar mucho la vida.

No deja de ser sorprendente que un partido de gobierno cuyos dirigentes suelen hablar tanto de derechos humanos, sea tan pasivo ante el drama que se vive desde hace años en las cárceles del país.

Tenemos así un cóctel explosivo que mezcla hipocresía estatal, enojo popular, escasez material, e insensibilidad general. Y no se ve por ningún lado quién puede romper el círculo vicioso.

El problema es más acuciante todavía que los 10 mil tipos que hoy disfrutan del hospedaje estatal en una de estas cárceles infernales. En un país donde la educación pública no cumple el rol de dar herramientas para insertarse en el mercado laboral formal, donde la tasa de natalidad en los barrios carenciados cuatriplica la del resto, donde pese a los años de bonanza hay un sector marginal duro que vive casi fuera de la sociedad, tener estos centros que son verdaderos posgrados en crueldad y violencia, solo puede ser una bomba de tiempo.

Basta imaginarse la reacción del chico de 18 o 19 años que ingresa al Comcar por una rapiña menor y queda inserto en ese panorama dantesco. O de sus familiares, que padecen las humillaciones y degradación a las que se somete a los visitantes. Y la conclusión es que si alguien no corta el circuito de alguna forma, el nivel de violencia que se vive en las calles solo puede crecer de forma exponencial en el futuro próximo.

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