Y Tabaré respiró hondo. Es que el fallo positivo del tribunal arbitral en el juicio contra Philip Morris es una victoria clave para el presidente. Primero porque es una causa suya en la que enfrascó a todo el país. Si salía bien, era un triunfo glorioso, casi un David contra Goliat. Si salía mal, Uruguay iba a tener que pagar una indemnización millonaria, por culpa de un capricho personal del mandatario.

Y Tabaré respiró hondo. Es que el fallo positivo del tribunal arbitral en el juicio contra Philip Morris es una victoria clave para el presidente. Primero porque es una causa suya en la que enfrascó a todo el país. Si salía bien, era un triunfo glorioso, casi un David contra Goliat. Si salía mal, Uruguay iba a tener que pagar una indemnización millonaria, por culpa de un capricho personal del mandatario.

Pero, además, es una buena noticia, algo que no está abundando en este segundo período de Vázquez, donde la economía, y el vínculo con la oposición y hasta su propio partido, solo exhiben titulares negativos, y la imagen del gobierno parece una espiral de caída sin freno.

Pero que tantos uruguayos hayan festejado como una victoria de la selección el fallo de un tribunal del Banco Mundial, vuelve a dejar en evidencia que somos un país raro. Un país capaz de logros de avanzada en algunos aspectos, y de mostrar miserias abyectas en otros. Sin ir más lejos, el mismo día que festejábamos haber doblegado a las tabacaleras, un grupito de familias organizaba casi sin repercusión una marcha en reclamo de justicia por la peor tragedia carcelaria de la historia del país, donde 12 personas murieron carbonizadas en sus celdas en Rocha. Tras seis años de esa masacre, producto inapelable de la negligencia estatal y muestra de los peores rasgos cuartomundistas del país, no hubo un “mea culpa” del Estado, y las causas judiciales siguen el frustrante tranco de siempre.

Un país tan raro que en medio de un panorama amenazante en lo económico, con datos que indignan en lo social, y un clima de convivencia cada vez más enrarecido, el tema que desvela a la fuerza en el gobierno es, aunque usted no pueda creerlo, una reforma constitucional. El asunto suena tan disparatado, que por momentos es fácil ceder a la tentación de creer que se trata de una bomba de humo para desviar la discusión pública. Pero conociendo el tesón, y el desapego con la realidad de sus impulsores, parece injusto atribuirles una capacidad de acción política tan sofisticada.

Lo que nunca queda demasiado claro es qué se buscaría con esa modificación. Qué justificaría meter al país en una discusión eterna acerca de cambios a las reglas de juego que nos hemos dado los uruguayos para regular nuestra convivencia desde hace tantos años.

Tal vez quien ha sido más explícita ha sido la ex primera dama, Lucía Topolansky. Sus argumentos han sido dos: cambiar el funcionamiento de la Justicia para quitar a la Suprema Corte la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes que vota el Parlamento; y modificar el derecho de propiedad, que según su particular análisis jurídico, estaría valorado por encima de la vida en la carta actual.

Ambas cosas suenan disparatadas. En el caso de la Corte, la propuesta de Topolansky ha sido crear un tribunal constitucional, al estilo español o francés, donde los sectores políticos pueden tener más influencia que en un esquema jurídico-profesional como el uruguayo. Francamente, para quien sigue las noticias de España y Francia, la solución no es tal, ya que cada vez que esos tribunales toman una decisión, la polémica es bastante mayor a la que ocurre en Uruguay.

El otro punto tampoco se sostiene. Basta ver las penas que impone el Código Penal a quien ataca la vida de alguien comparado a quien ataca la propiedad. Y en cuanto a la capacidad del Estado de limitar el derecho de propiedad de las personas, los requisitos no parecen tan exagerados. Lo único que se exige es una “previa y justa” indemnización que compense la pérdida patrimonial del ciudadano. ¿Es eso un obstáculo tan complicado para que Topolansky pueda gobernar como gustaría?

Pero además hay un tema que suele quedar de lado cuando se discute livianamente sobre algo tan importante como el derecho de propiedad. Este derecho no es una creación de los poderosos para defender sus riquezas y privilegios. Por lo general esta gente se protege sin necesidad de demasiada construcción legal. Este derecho, como casi todos los que plantean los sistemas liberales modernos, es una forma de proteger a los más débiles ante el abuso de poder de gobernantes, estados, y mayorías circunstanciales. Es para evitar que un día aparezca un Chávez, que a modo de emperador romano, se pasee por el país decretando la expropiación de bienes ajenos, por un simple capricho matinal.

No deja de ser asombroso que en la misma semana en que las autoridades vuelven a la carga con esta ambiciosa idea de reforma, las noticias revelan nuevos datos desesperantes del sistema educativo público, como que el 30% de los jóvenes evaluados por las pruebas PISA en 2009, no habían podido terminar el liceo en 2014. Y las dos personas que el actual presidente mostró en la campaña como los garantes de una profunda reforma educativa, aparecieron en el programa Código País denunciando que nada de lo prometido se ha hecho realidad, y que las cosas van en el peor camino posible.

Lo dicho, un país muy raro.