Martín Aguirre
Martín Aguirre

Víctimas y culpables

Los incidentes del sábado pasado en la cancha de Cerro, tema excluyente de la semana, enfrentaron al Ministerio del Interior, a la Justicia, y a los dirigentes del fútbol. ¡Otra vez! Pero pocas veces como esta quedan tan en evidencia las contradicciones. Y en un momento en que la seguridad es un tema tan vital, para el barrio, y para todo el país.

Los incidentes del sábado pasado en la cancha de Cerro, tema excluyente de la semana, enfrentaron al Ministerio del Interior, a la Justicia, y a los dirigentes del fútbol. ¡Otra vez! Pero pocas veces como esta quedan tan en evidencia las contradicciones. Y en un momento en que la seguridad es un tema tan vital, para el barrio, y para todo el país.

El sábado, en una portada impactante El País mostraba cómo un operativo policial con decenas de efectivos era forzado a meter marcha atrás a pocas cuadras de Carlos María Ramírez a las tres de la tarde por la presión de una de las bandas criminales que allí operan. El domingo, la tapa era la pelea furibunda en el Tróccoli que terminó poniendo fin anticipadamente al partido Peñarol-Cerro.

Nadie quedó sin ver los videos filmados durante los incidentes, especialmente uno donde un hincha lleva 5 o 6 metros a trompadas a un oficial de la Republicana, para luego sufrir una paliza equivalente, con patadas en la cabeza incluidas, ya esposado y en el suelo. Sin embargo, durante la semana, fue la misma cantarina de siempre. El juez por un lado que dice que la Policía no le aportó pruebas para procesar a nadie.

El ministro de Interior, Jorge Vázquez, que salió con los tapones de punta a acusar a la Justicia de no hacer su trabajo. El Ministerio de Turismo y Deporte, en tanto, confirmaba que el famoso “derecho de admisión” nunca se ha aplicado y que al fútbol “entra cualquiera”. Y en un costado interesante, el dirigente de Cerro, Ernesto Vergara, decía que el que tiene que dar seguridad en todo el país es la Policía. “Tenemos que colaborar con ellos, pero no podemos sustituirlos”, afirmaba. Esto fue retomado durante la semana por el periodista de fútbol Enrique Yanuzzi, que en su audición radial afirmaba algo que parece evidente: la Policía y el Ministerio del Interior son las instituciones a las que la sociedad le da la tarea de brindar seguridad, les permite el uso de armas y de la violencia institucionalizada, con el fin de garantizar el goce de los derechos que tenemos los ciudadanos en todo el territorio. Desde una cancha de fútbol, hasta un pacífico pueblo de campaña. En 18 de Julio y Andes y en el pasaje más sinuoso de los palomares del Cerro.

La cuestión es que ahora, debido a que el club tiene profusos antecedentes, es probable que le caiga una sanción máxima de parte de la AUF. Lo cual debido a la altura del campeonato que ocurre, dejará a Cerro con toda seguridad sin la chance de jugar de local durante el resto del torneo. Esto podrá parecer una frivolidad ante la magnitud de lo ocurrido. Pero no es tan así.

El Cerro es un barrio muy simbólico de la capital, y viene padeciendo un clima de violencia y sangre doloroso, con cifras de asesinatos que poco tienen que envidiar al más conflictivo país centroamericano. En las últimas semanas la noticia ha sido el choque entre dos bandas a las que se les ha decomisado armamento literalmente de guerra. En ese sentido, el club de fútbol, y su estadio cumplen un rol clave de integración social, de vínculo con el resto de la ciudad, si se quiere, de esperanza de ascenso, en una zona donde es más probable “salvarse” jugando al fútbol que estudiando medicina. La veda para que el club juegue en su barrio, tiene un doble efecto muy negativo. Por un lado, es un mazazo para los pocos que luchan desde adentro por mejorar la situación del barrio, de dar una imagen diferente, y que han hecho un esfuerzo por poner este estadio en condiciones para ser anfitriones de un espectáculo de este tipo. Por otro, refuerza el aislamiento, la sensación de que nadie se preocupa por esa zona.

Que los únicos que dan la cara por el barrio son la barra de delincuentes que hoy se disfrazan de hinchas, y mañana venden pasta base a los propios jóvenes del Cerro, u operan como sicarios de algún próspero malandro barrial. De nuevo, en un país con un estado de Derecho saludable, es la Policía la encargada de garantizar la paz y la libre circulación. Según se ha comprobado, los violentos que generan estos problemas no son más de 400. Si jueces, políticos y policías no logran controlar a 400 personas, si no pueden dar seguridad en 10 miserables canchas de fútbol, qué podemos esperar para el resto del país.

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