Martín Aguirre
Martín Aguirre

Uruguayos campeones

Que en la semana de un clásico, la discusión sobre la llegada de la aplicación Uber haya opacado a noticias como que Zalayeta sueña con abrir una verdulería, o si Fucile se mejora de alguna lesión, dice mucho sobre lo que “calienta” al uruguayo el tema del transporte público. Mirado con un poco más de perspectiva, el asunto desafía a pensar cosas todavía más interesantes.

Que en la semana de un clásico, la discusión sobre la llegada de la aplicación Uber haya opacado a noticias como que Zalayeta sueña con abrir una verdulería, o si Fucile se mejora de alguna lesión, dice mucho sobre lo que “calienta” al uruguayo el tema del transporte público. Mirado con un poco más de perspectiva, el asunto desafía a pensar cosas todavía más interesantes.

Por ejemplo, las declaraciones del empresario del taxi, Oscar Dourado, asegurando que “Uruguay es un país de certezas, quizás tengamos el mejor transporte público de América Latina... y del mundo también”, disparan varias reflexiones. La primera es sacarse el sombrero ante la cancha política del empresario. Recordar lo de las certezas, eslogan de campaña del oficialismo, en momentos en que las autoridades tienen en sus manos definir la legalidad de un eventual competidor, es una maniobra digna de pasillo de la AUF.

Pero por encima de eso, la declaración de Dourado, que contrasta con la visión del 70% de los usuarios del transporte capitalino que afirman que este es malo, costoso e ineficiente, apelan a un tono emocional digno de un líder político nato. Para mucha gente que no ha tenido la oportunidad de viajar y ver que esa afirmación es totalmente falsa, Uruguay sigue siendo un oasis funcional, en medio de un continente caótico y tercermundista. Solo faltó decir “como el Uruguay no hay”.

Pero la polémica por Uber pone en la mesa otro tema jugoso: el fetichismo de la regulación.

Desde hace unos años en el debate político local se ha generado una muletilla que impone que la regulación es la base de la felicidad. Hay que regular el alcohol, hay que regular la marihuana, los matrimonios, los precios, los aumentos de sueldo, todo. En el entendido de que un sistema organizado de arriba hacia abajo, con nuestros preclaros dirigentes coordinando hasta el último detalle de la convivencia, es la solución a todos los problemas. Ahora se ve que no es tan así.

El transporte es una de las actividades más reguladas en el país. Se subsidian combustibles, se regulan las tarifas, se exigen permisos, autorizaciones. Y sin embargo una mayoría de los usuarios considera que el servicio es malo y que sus necesidades son la última inquietud de los reguladores.

Esto es previsible. Las regulaciones excesivas tienden a generar corporativismos, y en un sistema así quien tiene más influencia es el que posee más peso organizativo y capacidad de movilización, no la parte más debil. No es raro entonces que la IMM “salte” frenética cuando aparece alguien que puede molestar el negocio de los amigos empresarios del taxi, pero no tras 20 años de la aplicación de una mampara criminal que ha lastimado a cientos de usuarios (y que no evita los delitos contra taxistas) sin que a nadie se le haya ocurrido ordenar un estudio serio sobre su uso. Por mencionar simplemente un tema de tantos.

Es que las regulaciones son solo tan buenas como quienes las crean. O al menos como quienes las aplican. Y no son una panacea que mágicamente va a resolver todos los temas de la humanidad.

Pero hay un tercer tema que la irrupción de estos servicios como Uber o AirBnB obliga a pensar, y es acerca de la revolución económica que está generando la tecnología, y lo mal adaptados que estamos en Uruguay ante su llegada.

Resultó ilustrativa al respecto la postura del Pit-Cnt, expresada por su dirigente Fernando Pereira, que dijo que “la verdad es que la primera impresión que me da todo esto es negativa. Costó regular la situación de los trabajadores de taxis. Y lógicamente va a afectar el trabajo de otros”, sostuvo.

Es que la llegada de esta revolución tecnológica golpea en el corazón a una visión cerrada, proteccionista y corporativa como la que suele defender el Pit. Cuyo anhelo es una sociedad planificada donde los representantes de “los trabajadores”, se sienten a la mesa con empresarios y el gobierno de turno a organizar la marcha del país. Por eso se han opuesto a tratados de libre comercio, a desregulaciones, y a todo lo que implique descentralizar los centros de decisión.

El tema es que pretender frenar este proceso es como querer atrapar el agua con la mano. Se puede hacer un tiempo, pero tarde o temprano el líquido se escapa entre los dedos. La revolución tecnológica actual es incontenible, y lo mejor que puede tratar de hacer, sobre todo un país chico como Uruguay, es preparar a su gente para adaptarse y sacarle el máximo provecho a sus cosas buenas. Potenciar una educación moderna y que prepare para los cambios permanentes. Y que el Estado esté para ayudar a las personas y a las empresas a adaptarse a estos cambios, no para intentar frenarlos.

Lo contrario es garantía, más tarde o más temprano, de una ilevantable goleada en contra.

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