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Un país fotocopia

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Las redes sociales son una selva peligrosa. Una jungla donde conviven gente interesante dispuesta a compartir información de calidad, con personas que aprovechan la relación horizontal que estas permiten, para canalizar resentimientos y fanatismos. Pero, para un periodista, son un campo interesante para experimentos.

Las redes sociales son una selva peligrosa. Una jungla donde conviven gente interesante dispuesta a compartir información de calidad, con personas que aprovechan la relación horizontal que estas permiten, para canalizar resentimientos y fanatismos. Pero, para un periodista, son un campo interesante para experimentos.

Por ejemplo, días atrás el autor lanzó en una de ellas una crítica ante la supuesta unanimidad con la que el Senado había votado las modificaciones a la ley de autor que, entre otras cosas, legalizan la industria de la fotocopia de libros. Y la reacción fue una explosión.

Hubo posturas indignadas, que criticaban la demagogia de los legisladores, o su ignorancia de aspectos como nada menos que el art. 33 de la Constitución (“el trabajo intelectual, el derecho del autor, serán protegidos por ley). Hubo comentarios desafiantes, que recordaban la polémica interna que el asunto del “copyright” genera entre los pensadores liberales. Otros se encargaron de señalar que los libros “piratas” son el 90% del mercado en países como Perú o Colombia, cosa que no parece que debería llenarnos de paz. También hubo gente que señaló que en muchos países hay normas parecidas. Y por último, salió algún integrante de la “troupe de los naftalinos”, esos fanáticos ideológicos para quienes si uno tiene una postura que no es la suya, necesariamente tiene que ver con su historia de vida, con que es un ricachón insolidario, o cosas así. El argumento ad hominem a full.

Pero bajemos el tema a tierra. ¿Qué dice el proyecto de ley? Luego de una introducción plagada de corrección, moralina y buenas intenciones, incluye dos modificaciones centrales a la ley previa.

Una que habilita toda reproducción de una obra protegida siempre que sea para uso personal y sin fin de lucro. No importa si es con fin educativo, diversión, o lo que sea. Este cambio abre una puerta muy peligrosa, ya que es una justificación legal que, potenciada por el desarrollo tecnológico de los últimos años, puede amparar a toda la industria del intercambio de archivos a nivel informático. Esa que ha puesto en jaque a las industrias discográfica y del cine. Hay expertos que sostienen que con este cambio, el amigo Tim Dotcom, creador de Megaupload, ogro perseguido por una industria entera y que hoy está exiliado en Nueva Zelanda disfrutando de sus millones, podría instalarse en Uruguay tranquilo.

El segundo cambio es el que implica que se exonera de pena a quienes se organicen comercialmente para vulnerar los derechos de autor. Esto es francamente incomprensible. Si se exonera de pena al que lucre con este nuevo negocio, ¿quién va a querer tener una editorial o una discográfica? ¿Quién va a ser tan tonto como para invertir en cultura, en arte, en conocimiento? Va a ser mucho más negocio instalar una industria del fotocopiado que ninguna otra actividad.

A ver, mucho se dice que estos cambios buscan facilitar el acceso de estudiantes a libros de texto, que en Uruguay son caros. Y que las bibliotecas públicas no pueden atender a todos. También se dice que en Brasil y otros países de la región hay leyes similares.

Pues una investigación apurada con uruguayos estudiando en el exterior comprobó que por lo menos ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, se permiten cosas así. En universidades americanas como Harvard, John Hopkins o Cornell, se habilita a fotocopiar capítulos. Lo mismo en Navarra o la Universidad del País Vasco. Pero ni locos un libro entero.

¿A quién deberíamos imitar en esto? ¿A Brasil o a EE.UU.? Sobre todo cuando es una normativa que busca dar reglas de juego a una industria, no regular el comportamiento humano. Sorprende que los mismos sectores políticos que copiaron calcado el Código de la Niñez de Holanda, cuya realidad en esa materia es radicalmente distinta a la uruguaya, para algo como los libros de texto, prefieran imitar a vecinos que están bastante peor que nosotros.

Pero hay un aspecto más que esta ley implica y que no suele ser discutido en la política local. Vamos a un mundo donde el trabajo manual, industrial, está en camino a desaparecer por la acción de las máquinas y la competencia de mercados como el chino. Si Uruguay no protege los trabajos que implican intelecto, si no les da un marco claro de amparo, las posibilidades de desarrollo profesional para la gente en este país lucen cada vez más flacas. Es verdad que el derecho de autor está cada vez más en tela de juicio entre los pensadores de vanguardia de izquierda y derecha, sobre todo ante el avance tecnológico que facilita la copia y la “economía colaborativa”. Pero los legisladores deberían tener claro que más que nunca el trabajo intelectual necesita un marco razonable que le permita potenciar el desarrollo económico de quienes apuestan a la inteligencia y al pensamiento para tener un modo de vida. Si no, ahí sí que viviremos en una jungla casi peor que la de las redes sociales.

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Martín Aguirre

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