Martín Aguirre
Martín Aguirre

La lucha de clases

La polémica sobre la ley penal empresarial marcó a fuego la agenda pública la semana que pasó. Y la nueva victoria del sector más a la "izquierda" del gobierno, y de su estamento sindical aliado, se presta para lecturas que alcanzan desde el funcionamiento de las instituciones democráticas, hasta los equilibrios internos en el oficialismo.

La polémica sobre la ley penal empresarial marcó a fuego la agenda pública la semana que pasó. Y la nueva victoria del sector más a la "izquierda" del gobierno, y de su estamento sindical aliado, se presta para lecturas que alcanzan desde el funcionamiento de las instituciones democráticas, hasta los equilibrios internos en el oficialismo.

El enfoque más árido, pero el que más se escuchó en estos días, es el estrictamente legal. O sea, si la ley, que castiga con entre tres y 24 meses de prisión a los empleadores que "pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador", es o no constitucional. Los únicos entendidos que defendieron la norma han sido algún laboralista (cátedra con fuerte tendencia pro-trabajador) y el exsenador Korzeniak. Por otro lado, el constitucionalista Martín Risso cuyas opiniones suelen ser de las más ecuánimes en estos temas, ha dicho que la ley choca con principios básicos de la Carta.

Tal vez el punto más discutible sea cuándo y quién podrá reclamar ante la Suprema Corte, ya que se exige para ello un "interés personal, legítimo y directo", por lo que habría que esperar que se materialice alguna denuncia concreta. En momentos de tensión entre el gobierno y la Justicia, es probable que la Corte sea muy exigente antes de meterse a estudiar un tema que le puede dar dolores de cabeza. Pero desde el punto de vista político y hasta de convivencia social, este debate tuvo aspectos más sugerentes que el simple lado legal. Por un lado en la interna del oficialismo, donde sectores como la Vertiente Artiguista, el Frente Líber Seregni, y figuras como el senador Nin Novoa, jugaron fuerte para que la ley tuviera cambios que la hicieran más mesurada. Incluso Tabaré Vázquez dejó por un momento su postura episcopal de campaña y llamó a no tomar decisiones que significaran "un paso adelante y tres para atrás". Pero perdieron como en la guerra, ante el acuerdo de comunistas y MPP, que les impusieron el mazazo de la disciplina partidaria.

Esto resulta significativo ya que es un nuevo desafío exitoso a la autoridad del candidato favorito a ser el nuevo presidente, que vuelve a poner sombras acerca del liderazgo que el mismo pueda tener en la interna de su partido. ¿Sería un eventual gobierno de Vázquez uno más débil y condicionado por el peso estructural de comunistas y tupamaros? ¿O en caso de llegar al poder, gobernará como le plazca? Un dato trascendente para esa masa de votantes de "centroizquierda" que suele prestar su voto al Frente Amplio, pero que para nada comulga con la visión de estos grupos mucho más ideologizados. Y que es clave para alcanzar una mayoría legislativa propia.

Otro aspecto interesante ha sido el rol jugado por el sindicalismo, en este caso por el gremio de la construcción y por su líder Oscar Andrade.

Fue notorio el nivel de presión que estos jugaron para forzar a dirigentes del oficialismo a votar una ley con la que no estaban de acuerdo. Andrade buscó bajar perfil a su victoria, y al mejor estilo del jugador de fútbol que hace tres goles, y desde el vestuario dice que lo importante es "lo colectivo", opinó que no se trata de un "triunfo", y que "el triunfo nuestro es si baja la siniestralidad".

Más allá del protagonismo de Andrade y de su gremio, lo que deja el episodio es el nivel de influencia que tiene en esta sociedad estos grupos organizados. La acción del Sunca presionando a los representantes de todos los uruguayos, resulta un precedente inquietante, en un país que se vuelve cada vez más campo de batalla de grupos y corporaciones. Según el presidente Mujica "los empresarios también presionan". Pero parece haber diferencias importantes entre el lobby empresarial, que en el peor de los casos afectará a la hora de pedir fondos para la campaña, que tener que aguantar a 10 mil obreros de la construcción metiendo pechera en las afueras del Palacio y silbando e insultando a quien no apoya su postura.

La visión de Andrade ha sido bien explícita. Más allá de formalismos legales a los que no da importancia, él cree que en este país hay tendencia "a mirar la realidad desde la óptica del empresario". La verdad es que si hay un país donde eso no ocurre es Uruguay. Aquí a influencias del batllismo estatista primero y del marxismo después, el empresariado suele ser mirado con poco cariño. Al punto que los esfuerzos por desarrollar una cultura emprendedora, clave para que el tejido productivo no caiga en manos de empresas extranjeras (como pasó esta misma semana con otro frigorífico) chocan con una población que prefiere abarrotar cada llamado para un carguito público. Medidas como esta nueva ley, parecen hacer poco y nada para mejorar en ese sentido.

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