Martín Aguirre
Martín Aguirre

Goncálvez, corrupción, hipocresía

Qué tiene en común la salida de prisión de Pablo Goncálvez y la polémica en torno a la corrupción y las declaraciones juradas de los dirigente políticos? Más de lo que el lector distraído puede imaginar a primera vista.

Qué tiene en común la salida de prisión de Pablo Goncálvez y la polémica en torno a la corrupción y las declaraciones juradas de los dirigente políticos? Más de lo que el lector distraído puede imaginar a primera vista.

La noticia de la liberación del único asesino serial de la historia reciente del país generó un escándalo. Un escándalo justificado en cierta forma por el miedo y la sensación de que recobrar la libertad a los 46 años de edad, después de haber matado fríamente a tres jóvenes, a muchos deja gusto a poco. Pero Goncálvez cumplió la pena establecida, y ni la Justicia ni la Policía pueden hacer nada al respecto. Sin embargo, la Justicia y la Policía han sido blanco de reclamos, enojos y planteos, por no tomar medidas que aporten tranquilidad a los ciudadanos de que la liberación de Goncálvez no implica un riesgo para la sociedad.

Sin embargo nadie mira adonde verdaderamente habría que mirar, o sea, al Parlamento. ¿Son las leyes y las penas que sancionan estas conductas las adecuadas para la sensibilidad actual? ¿Tienen herramientas los jueces y policías para manejar casos así?

Algo parecido sucede con todo este jolgorio de denuncias, y stripteases patrimoniales que hemos visto en los últimos días.

Todo comenzó con un planteo del senador Pedro Bordaberry para crear una comisión investigadora que analice el impacto de los masivos casos de corrupción en Argentina y Brasil en nuestro país. Algo razonable al ver que muchas de las empresas implicadas tenían operación en Uruguay, y que no pocos de los dirigentes políticos acusados, también tenían relaciones y contactos aquí.

El Frente Amplio, condicionado por su mala experiencia con la comisión de Ancap, se negó a apoyar a Bordaberry, y el proyecto quedó en la nada. Pero para no dar una ventaja moral a la oposición, los dirigentes del MPP lanzaron una propuesta para que todo el mundo político, empresas que contraten con el Estado, y otros amplios sectores de la economía, difundan sus estados patrimoniales. A partir de allí, medio Parlamento se puso a competir a ver quién publicaba antes su declaración, y quién era más modesto. En el ínterin, el presidente Vázquez se molestó de manera incomprensible con una nota publicada por El País, en la que el presidente de la Junta Anticorrupción informaba que la declaración del mandatario no “abría” la información sobre su esposa. Algo perfectamente legal, pero que según el jerarca ilustra sobre las carencias de la norma que regula su actividad. Vázquez perdió su habitual flema y llamó a que los “dueños” de medios de comunicación deban difundir su patrimonio, obviando tal vez por las ansiedades normales de un gobierno que no da pie con bola, que los medios, a diferencia de los políticos, no manejan plata de la gente, ni reciben ningún beneficio tributario.

Ahora bien, ¿de qué sirve todo este exhibicionismo patrimonial? La verdad es que, salvo para hacer chistes sobre el auto de este, el sueldo de aquel, o de que Vázquez se tomó el trabajo de abrir una cuenta en un banco de origen suizo para depositar 100 mil pesos, para nada. Sin embargo, esa misma nota periodística deja en evidencia el nivel de hipocresía y falta de sintonía con los reclamos sociales que tiene nuestro sistema político.

Allí, el presidente de la Junta Anticorrupción se quejaba amargamente de la falta de recursos crónica a la que se ve sometida su entidad, a la poca “bolilla” que se le da a sus reclamos de funcionamiento, y a que el Parlamento no se ha puesto de acuerdo para votar algo tan básico como una norma sobre enriquecimiento ilícito.

En los hechos lo que sucede es que todo este florecimiento de información pública sobre el patrimonio de los políticos sirve de nada si no hay un organismo que pueda investigar con eficiencia los cambios en ese patrimonio. Que Uruguay figure bien en los rankings de corrupción junto a países como Suecia o Nueva Zelanda, no implica que seamos inmunes, e incluso puede señalar un cierto acostumbramiento a fenómenos de ese tipo, ya que los mismos se basan en la “percepción” de la gente, no en datos concretos. De hecho, cuesta imaginarse que en Suecia o Nueva Zelanda un legislador que convive con un expresidente de la República pueda manejar una empresa que comisiona en las exportaciones de productos a un país, al que ese presidente ha defendido en todos los foros internacionales, sin que se desate un escándalo de proporciones. Acá, no pasa nada.

La pregunta es si nuestros legisladores, enfrascados en eternas discusiones sobre agendas escandinavas de reformas sociales, no han ignorado los verdaderos problemas y sensibilidades de la sociedad uruguaya actual. Y si las leyes que regulan tanto las sanciones penales, como la corrupción, están de veras para atender esos reclamos, o son cáscara vacía propia de otros tiempos más felices.

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