Martín Aguirre
Martín Aguirre

Las empresas públicas

La semana pasada dejó varias pelotas picando en el área. Las idas y vueltas con las renuncias en Ancap, las peleas que marcaron el aniversario del FA, o el cambio de pisada del presidente Vázquez, que parece haber arrancado el año dando la razón a quienes decían que una vez sepultada la discusión presupuestal, otro sería el tono del gobierno.

La semana pasada dejó varias pelotas picando en el área. Las idas y vueltas con las renuncias en Ancap, las peleas que marcaron el aniversario del FA, o el cambio de pisada del presidente Vázquez, que parece haber arrancado el año dando la razón a quienes decían que una vez sepultada la discusión presupuestal, otro sería el tono del gobierno.

Pero toda esta telenovela en torno a Ancap invita a hacer una reflexión más profunda. Si se quiere más constructiva. Acerca del motivo por el cual existen empresas públicas, y si su realidad hoy está cumpliendo con la razón por la cual la ciudadanía en 1992 votó por derribar la ley que proponía su privatización. Una votación que, vale aclarar, no se concretó solo por una lucha esforzada de frentistas y Pit-Cnt contra los ogros neoliberales. Sino porque nada menos que el Foro Batllista y una parte importante de los blancos acompañaron la iniciativa.

Vale señalar también que pese a la serie de escándalos actuales y a la política tarifaria (que alguien podría llamar expoliatoria) no ha surgido ni una sola voz relevante que reclame revisar esa decisión. Pese a las denuncias y quejas de varios dirigentes del oficialismo que ven detrás de cada crítica a Ancap o UTE, una conspiración malvada para su privatización.

Analizando el espectro político parece haber al menos tres posturas claras en torno a por qué el país debería seguir conservando la propiedad de estas empresas.

La primera es tal vez la más extrema, tiene su núcleo en el Frente Amplio, en el sector más “ideológico” de esa coalición. Y sostiene en forma más o menos explícita que lo privado es en esencia negativo, y que es el Estado el que debería tener el control de la mayor parte de la actividad económica, como forma de alcanzar una sociedad “más igualitaria”. A esa línea, integrada por comunistas, MPP y parte importante de socialistas, no le afectan ni las pérdidas, ni la mala gestión, ni las tarifas exageradas. Ni la historia del último medio siglo, ni la desigualdad de ingresos que existe dentro del mismo ámbito público, donde los que más ganan no son los que más aportan al conjunto social, sino quienes tienen mayor capacidad de presión.


Es un tema ideológico, casi un dogma religioso. Lo público es bueno, lo privado malo, y chau.

Hay un segundo grupo, que también está mayoritariamente dentro del Frente Amplio aunque aquí ya hay foráneos, que ve a las empresas públicas como un aliado de las cuentas públicas. O sea que entienden que el hecho de que el Estado sea dueño de las empresas que brindan servicios esenciales en forma monopólica, si se manejan con un criterio de eficiencia, habilita unos ingresos que el gobierno puede usar para apuntalar sus políticas económicas y planes sociales.

Tal vez la figura más representativa de esta visión sea el minis-tro Astori y su entorno. Tal vez la principal crítica que se le pueda hacer es que a lo largo de la historia son mayoría los ejemplos de estas empresas manejadas mal y con criterios clientelísticos. Algo que él siempre achacó a “la derecha”, y que tal vez por eso ahora está tan molesto con que lo mismo haya pasado a un gobierno “progresista”.

La tercera postura es tal vez la más plural. La que es sostenida por gente de orígenes políticos e ideológicos más diversos. Y es la que entiende que en un país y un mercado chico como el nuestro, la propiedad estatal de estas empresas “estratégicas” debería tener como justificación el ser un apoyo y un impulso a la actividad privada, verdadero motor de la economía de un país.


Por ejemplo, si la actividad productiva en un mercado pequeño tiende a encarecerse y a ser poco competitiva, tener empresas de combustibles o eléctricas que no necesitan generar utilidades para sus accionistas privados, permitiría habilitar tarifas más baratas que sus competidores, que les dieran un margen extra para ser exitosas. Por ejemplo, si por razones de escala casi inevitables el turismo en Brasil o la industria láctea argentina tienen ventajas notorias, que Ancap y UTE no precisen dejar ganancias debería facilitar darles tarifas diferenciadas a estos sectores que las ayude a ser más competitivos.

Debería. La cruda realidad es que no es así, sino todo lo contrario. La tarifa eléctrica o la cuenta de combustible en vez de ser una ayuda para una industria uruguaya, son un factor en contra.

Históricamente siempre ha sido así. En el mejor de los casos lo que se ha dado es el ejemplo dos, o sea que se ha usado a las empresas estatales como herramienta recaudatoria, con mercado cautivo, pero cuyas utilidades han sido usadas para sostener políticas y a figuras con intereses electorales de mira corta.

La gran duda es, si los hechos siguen mostrando que las dos posturas más racionales no son realistas, ¿alcanzará solo con los dogmáticos para seguir legitimando la necesidad de tener un esquema de empresas públicas como el de hoy?

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