Martín Aguirre
Martín Aguirre

El doctor y el bisturí

Es una bomba. El procesamiento del líder sindical histórico del INAU, vice- presidente del Pit-Cnt, y hombre fuerte de COFE, Joselo López representa un sacudón al tablero político nacional. Sacudón que si bien ha sido aplicado por la Justicia, tiene detrás todas las huellas de una decisión política al más alto nivel. La única duda es si se trata de un golpe de suerte para el gobierno o una maniobra cuidadosamente planificada.

Es una bomba. El procesamiento del líder sindical histórico del INAU, vice- presidente del Pit-Cnt, y hombre fuerte de COFE, Joselo López representa un sacudón al tablero político nacional. Sacudón que si bien ha sido aplicado por la Justicia, tiene detrás todas las huellas de una decisión política al más alto nivel. La única duda es si se trata de un golpe de suerte para el gobierno o una maniobra cuidadosamente planificada.

Dejemos por un momento de lado el tema del video, y la discusión de si la violencia allí explicitada justificaba una decisión judicial como la que salió. Dejemos por un momento de lado la hipocresía de algunos que ahora se convierten en paladines de la Justicia, pero hasta hace nada se abrazaban a López, lo votaban para altos cargos sindicales, o salían junto a él en la TV acusando de inmorales a quienes planteaban bajar la edad de imputabilidad. Incluso hagamos el esfuerzo de entender cómo cuando 12 presos se fritan en una cárcel de Rocha no pasa nada, y ahora van 17 personas presas por esto.

Porque más allá de todos estos hechos, importantes en sí, la salida de López del escenario, con un procesamiento que incluso puede terminar en destitución como funcionario público, tiene implicancias tremendas a nivel político.

Los memoriosos recordarán cuando Jorge Batlle se animó a publicar los sueldos del Estado como forma de forzar una reforma que nunca llegó. Cuando Tabaré Vázquez habló de “la madre de todas las reformas”, o cuando Mujica se reunió con gente de Nueva Zelanda y dijo que estaba juntando un grupo de “jóvenes medio brillantotes” para impulsar los cambios que todo el mundo acuerda son vitales. Frente a ellos siempre se paró una figura que pudo más que todos los votos del país: Joselo López.

Y la historia es implacable en mostrar que todos esos intentos quedaron en la nada.

Por supuesto que una persona sola no logra esos resultados, y que el poder de los sindicatos públicos excede en mucho la capacidad de un líder. Pero desconocer el impacto de la salida de un dirigente con el peso de López en la última década, es solo calificable como una ingenuidad.

Otro detalle no menor: es la última figura de peso en el mundo Pit-Cnt que no estaba sometido a la disciplina interna de algún partido integrante del Frente Amplio.

Ahora bien, ¿cómo se produjo esta caída? Está claro que en buena medida el gobierno se limitó a cosechar los frutos del clima de impunidad que campeaba en el entorno de López. Pero también que desde la llegada al poder de esta administración hubo una decisión política firme de cambiar lo que era una situación vergonzante de abusos y descontrol en los centros de detención de menores. Situación que llevaba años, pero que se agravó cuando en el período pasado, ante la inquietud en el gobierno de Mujica por las cifras de fugas, el nivel de alarma pública que generaban los delitos protagonizados por menores, y la amenaza política que suponía el plebiscito de la “Baja”, se decidió entregar en buena medida el manejo de estos centros a los funcionarios con el perfil más duro. Esos que entendían que con jóvenes que “no eran del Crandon” solo cabía una forma de tratamiento.

Las fugas se acabaron, la “Baja” no salió, y todo pareció encaminarse. Pero las denuncias de abusos seguían cada vez más fuertes. Así, en lo que es un pacto político interno bastante extraño, Vázquez y Bonomi acordaron ubicar en el INAU a una figura de confianza del ministro, Gabriela Fulco, con el cometido de poner orden en el organismo. Desde un inicio el sindicato con López a la cabeza la enfrentó con dureza, volvieron los motines y fugas, y el clima se puso asfixiante. Es ahí que, milagrosamente, se hace público el video que según la ministra Arismendi estaba bajo siete llaves (¿por?), y todo se tuerce en favor de las nuevas autoridades.

Y si algo confirma la decisión política a más alto nivel de “fusilar” a López es la salida de la ministra María Julia Muñoz (tal vez la jerarca más cercana al presidente Vázquez) a bajarle el pulgar diciendo que “no debe haber matones en el Estado”.

De todas formas, así planteadas las cosas, se generan tres dudas esenciales. La primera cómo va a ser la reacción sindical ante todo esto. ¿Saldrán a “pegarse” a la poco popular figura de López y a enfrentar al gobierno a sangre y fuego?

La segunda, ¿implicará esto por fin un cambio radical en las políticas de manejo de los centros de reclusión de menores? Y por último, ¿aprovechará el gobierno una eventual debilidad del gremio estatal para poner en marcha una reforma del estado profunda? Eso sí que sería una bomba.

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