Martín Aguirre
Martín Aguirre

Cárcel, ricos y pobres

¿Para qué sirve meter a una persona en la cárcel? Para algunos, es un castigo. Para otros, una manera de dar un ejemplo que haga que el resto de la gente piense dos veces antes de cometer un delito. También hay quien ha sugerido que la pena implicaría “retirar de circulación” por un tiempo a quien comete acciones que dañan a sus conciudadanos. Por último, la Constitución impone que la cárcel debe ser un ámbito para recuperar para la sociedad a alguien que no ha sabido adaptarse a sus normas.

¿Para qué sirve meter a una persona en la cárcel? Para algunos, es un castigo. Para otros, una manera de dar un ejemplo que haga que el resto de la gente piense dos veces antes de cometer un delito. También hay quien ha sugerido que la pena implicaría “retirar de circulación” por un tiempo a quien comete acciones que dañan a sus conciudadanos. Por último, la Constitución impone que la cárcel debe ser un ámbito para recuperar para la sociedad a alguien que no ha sabido adaptarse a sus normas.

La discusión, histórica e inagotable, vuelve a estar sobre la mesa hoy en este Uruguay en el que la inseguridad sigue en el tope de las inquietudes populares. Y donde dos noticias de estos días han generado polémica: la intención del oficialismo de eliminar el delito de abuso de funciones, y unas declaraciones del Fiscal de Corte en las que habría dicho que los ricos no van presos porque quienes hacen las leyes son gente de su misma “clase”.

La realidad es que el fiscal Díaz hace un razonamiento un poco más elaborado que ese titular, diciendo que: “a las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces, es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es”.

Lo que dice Díaz no es totalmente cierto cierto. Cualquiera que vea la composición del Parlamento hoy, o sea de quienes hacen las leyes, comprobará que no existe una sobrerrepresentación de los sectores más ricos, ni más formados. Todo lo contrario. Hay una anécdota de un viejo político que ya hace años se quejaba del nivel legislativo nacional diciendo que “hay senadores que uno ni siquiera sabe quiénes eran los padres”. Por suerte, se podría agregar.

Ahora bien, también es verdad que nuestra “clase política” ha tenido problemas desde hace tiempo para ajustar las pautas y sanciones del código penal, a los cambios de sensibilidad que ha experimentado la sociedad. Eso si dejamos de lado situaciones en las que ha operado ese lobby desregulado de ong’s y grupos de presión que se atribuyen el muy dudoso rol de “representantes de la sociedad civil”.

Por ejemplo, parece claro que en los últimos años los delitos de corrupción, de peculado, todo lo que implique daños económicos contra la administración pública por parte de funcionarios, generan mucho más “dolor” en la sociedad que hace 50 o 60 años. Pero las penas que establece el código para muchos de estos delitos son pensadas para una época en la que el honor personal estaba tan alto en la consideración general, que la simple acusación de algo así llevaba a renuncias, cuando no a suicidios. La sanción penal era tal vez el menor de los daños. Hoy vemos a políticos que hacen destrozos con el dinero público, como el senador De León en ALUR, pero siguen opinando de todo como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, no ha habido ni una propuesta de modificar este tipo de delitos, de agravar las sanciones, para ponerse a tono con la nueva sensibilidad. Y eso que llevamos 12 años de gobierno del FA que siempre hizo de estos temas una bandera. Por el contrario, la propuesta más revolucionaria en esta área es eliminar el delito de abuso de funciones, sin ni siquiera proponer alguna alternativa más acorde con la realidad.

Por dar un ejemplo, el delito de conjunción de interés público y privado, tiene una pena mínima de 3 meses de prisión, máxima de 3 años de penitenciaría, y una multa de 10 UR. Casi lo mismo que cobra la IMM por ir a 80 km por hora en una zona de 60 por la rambla. Algo parecido pasa con delitos económicos que no tienen por qué involucrar al sector político, como el fraude, la insolvencia fraudulenta, estafa.

La respuesta de algunos expertos al ser consultados por esto es que no se trata de que esos delitos tengan poca pena, sino que en general tenemos un código penal muy benigno, donde el homicidio tiene un máximo de 12 años de penitenciaría, que bien se pueden pagar en menos tiempo con buena conducta y otras compensaciones.

Claro que ahí tenemos que volver al principio, ¿para qué metemos presa a una persona? Porque si la idea es recuperar de acuerdo a lo que dice la constitución, está claro que el Comcar (o como se llame esta semana) no va a recuperar a nadie. Y tampoco parece claro que un abogado de 60 años que desarrolla una compleja trama de lavado de dinero, sea “recuperable” trabajando en la panadería de una cárcel. ¿Entonces?

Es un tema poco glamoroso para los estándares actuales, pero todo esto muestra que el país necesita urgente una actualización muy profunda de todo su sistema penal, no solo del proceso. Es vital adaptar las penas y hasta la velocidad del sistema a los requerimientos y sensibilidades actuales de la sociedad, o la consecuencia será el descrédito absoluto y un regreso a la ley de la selva. Pero claro, nuestros dirigentes están demasiado ocupados discutiendo cosas serias de verdad, como si dejan poner una estatua de la virgen, la situación interna de Haití, u obligar a usar el lenguaje de señas en la TV.

Hay que ser más comprensivo. 

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