Luciano Álvarez
Luciano Álvarez

La muerte del autor

En 1968, el célebre intelectual francés Roland Barthes escribió un artículo célebre, La muerte del autor, proclamando -con razón- que el autor solo existe cuando su obra es “actualizada”, es decir puesta en funcionamiento por un receptor, que la revive y la interpreta. Claro está, para que ese fenómeno se produzca debe existir un autor, una obra y un receptor activo.

En 1968, el célebre intelectual francés Roland Barthes escribió un artículo célebre, La muerte del autor, proclamando -con razón- que el autor solo existe cuando su obra es “actualizada”, es decir puesta en funcionamiento por un receptor, que la revive y la interpreta. Claro está, para que ese fenómeno se produzca debe existir un autor, una obra y un receptor activo.

El 13 de abril de 2016, los senadores uruguayos, con el liderazgo entusiasta de su colega Constanza Moreira, parece que se tomaron al pie de la letra el título de Barthes y levantaron sus cándidas manos para matar al autor y a la obra, sin los cuales, lógicamente no habrá receptores.

Todo comienza cuando La FEUU et allia diagnosticaron que los estudiantes no pueden estudiar adecuadamente porque el costo de los libros escapa a sus posibilidades y la fotocopia ha sido jaqueada por la ley N° 9.739 de derechos de autor, de modo que era imprescindible modificarla. Así lo hicieron.

Pero, como quien no quiere la cosa, los impulsores sacaron de la manga un artículo, el 15, mediante el cual es lícita “La reproducción hecha por cualquier medio, sin autorización del autor o titular, de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física, en un solo ejemplar para su uso personal y sin fines de lucro”. Dicho de otra manera, todo puede ser copiado. El cuento de “un solo ejemplar...” es inverosímil en tiempos de internet y ancho de banda.

Los colorados, el Partido Independiente y la mayor parte del Partido Nacional tuvieron la saludable prudencia de no votar este ar- tículo, aunque en su conciencia debe pesar el haber votado la ley en general.

Comienzo por el pretexto: la fotocopia. La defensa de esa antigualla cara es una muestra singular de un sistema educativo destruido, decimonónico y burocrático y de promotores, por lo menos, ignorantes.

Uno de los impulsores del proyecto sostuvo que “hay un mecanismo quebrado, roto, entre el derecho a estudiar y el derecho de autor”. Parece que ignora que sin derecho de autor no hay autor ni obra, por lo tanto, tampoco lector. Yo lo mandaría a febrero.

Le daré el beneficio de la interpretación. El “derecho a estudiar” significa, supongo, “disponer de materiales de estudio”.

Disponer de materiales de estudio a costos razonables o gratuitos (esa es otra discusión) debiera ser la consecuencia de un modelo basado en docentes y facultades capaces de preparar cursos que incluyan tanto producción original como una precisa selección de materiales.

En las buenas universidades, como lo explica el colega Aldo Mazzucchelli, “se arma un único libro o ‘reader’ con los capítulos, fragmentos, etc. a usar en clase.” Las facultades negocian las autorizaciones correspondientes y eso se pone a disponibilidad en plataformas electrónicas y bibliotecas.

Hay otros asuntos inextricablemente relacionados, por ejemplo: ¿los libros son caros? ¿En relación a qué? Entro a internet y veo la oferta delivery de una pizzería económica: “1/2 metro muzzarella + 2 fainá + 1 bebida 1.5 lt. = $ 410”. Es algo menos que el precio promedio de un libro. Abro otra ventana y tengo ante mis ojos el libro Parásitos, de Robert Levine, un trabajo sobre cómo los oportunistas digitales están destruyendo el negocio de la cultura, valor $ 310. Es uno de los seis e-books que he comprado últimamente. Puedo su-brayarlo y escribir notas, no puedo copiarlo. La librería, la editorial y el autor ganan su bien habido dinero. En cambio el generoso señor de la fotocopiadora lo gana robando derechos y el estudiante compra mercadería robada, así de simple. Aceptemos, como en la época de la ley seca, el delincuente llena una necesidad, culpa del fracaso del sistema educativo.

Pero queda lo más importante. El famosos artículo 15, ese que, aparentemente se metió de contrabando para que todo lo copiable sea copiado.

Es lícito suponer que este proyecto emana de su mayor defensor en el medio: una organización llamada Creative Commons (CC); grupo internacional que trabaja con la senadora Moreira con el fin de liberar todos los contenidos viables en internet. Como dice Levine, “el resultado es ‘una versión digital del capitalismo’, en la que los distribuidores parasitarios se llevan todos los beneficios económicos de Internet reduciendo los precios, y los proveedores de cultura se ven obligados a recortar los costos”.

No es muy difícil informarse que CC está financiado por gigantes como Google, Lulu.com, Mozilla, Red Hat, eBay y Nike.

Por el momento, al menos, el resultado es la inexorable muerte de una parte muy importante de los creadores, particularmente los jóvenes. Ninguna empresa editorial y cultural en general va a arriesgar en el largo y mediano plazo, va a apostar a los valores seguros y rápidos.

El Uruguay, por su escala, es un país ideal para experimentar; es muy lícito pensar que estamos frente a un nuevo experimento de señores como Soros y sus amigos.

Si la senadora Moreira y Creative Commons, su “think tank”, su laboratorio de ideas, quieren trabajar, como Mujica, con el gran capital y el neocolonialismo, está en todo su derecho, pero no metiendo un artículo de ley que convierte a los creadores en galeotes atados a los remos de la gran nave electrónica, mientras puedan sobrevivir.

Los diputados tienen la palabra.

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