Luciano Álvarez
Luciano Álvarez

Derecho de asilo y solidaridad

La mujer lo tenía planeado desde largo tiempo atrás. En ca-so de ser detenida fingiría quebrarse en el interrogatorio ofreciéndose a entregar un contacto muy importante. Eran las 10.20 de la mañana del lunes 28 de junio de 1976 cuando la bajaron de un Volkswagen en Bulevar Artigas y Canelones para encontrarse con el supuesto contacto. Caminaría dos cuadras; una pareja la seguía a pie y rondaba el vehículo.

La mujer lo tenía planeado desde largo tiempo atrás. En ca-so de ser detenida fingiría quebrarse en el interrogatorio ofreciéndose a entregar un contacto muy importante. Eran las 10.20 de la mañana del lunes 28 de junio de 1976 cuando la bajaron de un Volkswagen en Bulevar Artigas y Canelones para encontrarse con el supuesto contacto. Caminaría dos cuadras; una pareja la seguía a pie y rondaba el vehículo.

Cuando estuvo próxima a la embajada de Venezuela, en Bulevar Artigas y Chaná, corre los últimos metros que la separan del muro perimetral. La pareja está cerca, el hombre la corre y la mujer alerta al vehículo; salta el muro, ya está en el jardín, en territorio venezolano. Grita, pide auxilio y asilo. Una funcionaria ve todo: -¡Corran que pasa algo, hay una mujer gritando! El consejero Frank Becerra y el secretario Carlos Baptista salen y se encuentran con una pareja de civil forcejeando con la mujer para sacarla del predio; el policía de guardia se mantiene quieto. Los venezolanos, que ahora son tres, forcejean para llevar a la mujer hacia la casa. -¡Embajador, ayúdeme, asíleme, asíleme!, grita desesperada la mujer. Ha llegado el auto, los funcionarios la tienen agarrada de las piernas, los otros del torso y el pelo. Aunque llegan hasta la calle, hasta el auto, no es posible salvarla. En el jardín de la embajada ha quedado una prueba muda: un zapato de la raptada. De su identidad, nada se sabe.

Inmediatamente, el embajador Julio Ramos llama al Ministerio de Relaciones Exteriores y envía un telegrama a su gobierno: “Acaba de ser violada embajada. Policía penetró sede y sacó violentamente a una dama que solicitaba asilo. Policía maltrató consejero. Acabo formular enérgica protesta ante el gobierno, reclamando la señora y pidiendo castigo policía. Seguiré informando. Ramos”.

A las pocas horas el embajador uruguayo en Caracas, Julio César Lupinacci, es convocado de urgencia por el viceministro de RREE: “Usted se imaginará por qué lo llamamos”. Le contesté que no lo sabía, dirá Lupinacci.

A esa altura los compañeros de la secuestrada ya estaban al tanto y el embajador Ramos recibe varias llamadas. Se trata de Elena Quinteros, de treinta años, maestra y militante de un partido clandestino recién formado, el PVP (Partido por la Victoria del pueblo).

De origen cristiano, a los veinte años Elena se había convertido al anarquismo, militando sucesivamente en organizaciones emanadas de esta corriente. Su compañera Sara Méndez evoca: “Creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, nuestra vida se identificaba con la revolución”.

También formaba parte de ese conjunto un grupo de acción directa OPR 33. Habitualmente se lo recuerda por el robo de la bandera de los 33 Orientales, del Museo Histórico (1969), pero su actuación en la Argentina incluye acciones como el secuestro del empresario Federico Hart -16 de marzo de 1974- por el que se obtuvo la fabulosa cifra de 10 millones de dólares de aquella época.

A principios de mayo de 1975, Elena Quinteros debe huir a Buenos Aires, pero regresa clandestinamente en marzo de 1976. En un día claro de otoño cita a su madre, María del Carmen Almeida, a quien todos conocerán como Tota Quinteros y una amiga de la infancia en el popular restorán El Buzón. Fue el último encuentro entre madre e hija.

Elena Quinteros forma parte de un equipo encargado de montar una tan estrambótica como ingenua y costosa operación -el llamado “plan de aparición”- utilizando los recursos del marketing para el lanzamiento del PVP como nuevo partido.

El 24 de junio de 1976 Elena Quinteros es detenida en un apartamento de Massini y Libertad. Fue entonces que puso en marcha su plan para refugiarse en la embajada de Venezuela.

El embajador venezolano trabaja día y noche. El martes 29 de junio envía una nota al gobierno uruguayo: “Tan flagrante violación de nuestra soberanía no tiene para mi gobierno otra reparación que la inmediata entrega de la mencionada señora”.

El gobierno solo trata de ganar tiempo y negar que la Policía y el Ejército tengan que ver con el hecho.

Caracas hierve de indignación a todos los niveles. El 5 de julio -conmemoración de la independencia venezolana- Ramos suspendió la tradicional recepción en la embajada, habló con el presidente Carlos Andrés Pérez e inmediatamente llamó al canciller Juan Carlos Blanco para comunicar la ruptura de relaciones.

Entre los intercambios significativos vale la pena leer una carta del canciller uruguayo que oficia de respuesta y acusación al gobierno democrático de Venezuela cuya actitud: “…se ajusta a los lineamientos de la campaña internacional de carácter político lanzada contra el Uruguay”. La supuesta conspiración internacional contra la patria pura es un sobado argumento de los tiranos; hoy está en boca, con lenguaje más vulgar, de Maduro y Delcy Rodríguez, bajo el cerrado aplauso de sus amigos del Frente Amplio y demás.

A lo largo de nueve años y tres presidentes, Venezuela se mantuvo firme y con las mismas exigencias. En noviembre de 1976 Carlos Andrés Pérez respondió a una carta de Tota Quinteros. Le dice que “por considerarlo una cuestión de principio, seguirá insistiendo en la libertad de su hija.” Uruguay sigue predicando la conspiración o peor, lanzando vagas y crueles promesas. En 1979 el diplomático Carlos Giambruno se entrevistó con Tota Quinteros en un pasillo de la ONU “...Se me apersonó […]. Dijo hablarme en tono personal y me habló de la posibilidad de entregar a mi hija al gobierno de Venezuela y en esta forma se reanudarían las relaciones”.

Así se llegó al 1º de marzo de 1985. El Uruguay liberado reanuda las relaciones diplomáticas. Venezuela envía un embajador de primera línea, Armando Durán, quien dijo: “A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, el problema de Elena Quinteros pasa a ser un problema de política interna de Uruguay”. Era lógico. Aunque, tristemente, su desaparición y el porqué resten por conocerse.

Venezuela había cumplido hasta el último requisito de buena fe y democracia. El actual gobierno uruguayo no ha tenido la misma conducta.

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