Luciano Álvarez
Luciano Álvarez

1916: el año de la gestación

Verosímilmente hacia 1914, una delegación de dirigentes de la comunidad judía visitó a Batlle y Ordóñez; pedían su mediación para obtener el permiso del Estado para la creación de un cementerio israelita, fundamental para los rituales según la ley religio- sa. Batlle se horrorizó ante la propuesta: ¡como era posi- ble que los judíos, discriminados en tantos países, ciudadanos con todos los derechos en el nuestro, no aceptaran ser enterrados como los demás uruguayos!

Verosímilmente hacia 1914, una delegación de dirigentes de la comunidad judía visitó a Batlle y Ordóñez; pedían su mediación para obtener el permiso del Estado para la creación de un cementerio israelita, fundamental para los rituales según la ley religio- sa. Batlle se horrorizó ante la propuesta: ¡como era posi- ble que los judíos, discriminados en tantos países, ciudadanos con todos los derechos en el nuestro, no aceptaran ser enterrados como los demás uruguayos!

Este hecho me parece sumamente ilustrativo de la personalidad de Batlle y Ordóñez y su proyecto de república.

En primer lugar, “no podía soportar, -según el testimonio de Domingo Arena-, […] ninguna religión positiva”, y era incapaz de comprender el hecho religioso, menos aun el profundo y necesario sentido humano de sus rituales.

Al mismo tiempo, no hay duda de que, patricio de vie-jo cuño, no albergaba xenofobia alguna, antes bien repetía la expresión “uruguayos todos, vengan de donde vengan”, para significar una tierra crisol.

Pero, tercera observación, para ello debían someterse a un rasero de identidad y ciudadanía para ser como “los demás uruguayos”. La educación pública era el aparato fundamental a tales fines.

En 1908, desde Europa, Batlle había escrito: “Aprovechemos estos tiempos de formación para construir el país modelo... ¿Cómo hacerlo?; a través de una gran reforma, llevada a cabo por medio de la ley”. Fue un empeño magnífico, el producto de algunas lecturas filosóficas, de su punto de vista del país y del mundo, de sus propias tradiciones políticas y familiares, de su imaginación, experiencia, convicción, tenacidad, y audacia. No solo lo soñó; en buena medida lo concretó mediante leyes innovadoras y justas, plenas de piedad y altruismo.

También era necesario crear un “uruguayo modelo” que resultó más ciudadano que industrioso, tal como lo demuestra su polémica con Figari sobre la enseñanza industrial y los liceos departamentales; más igualitarista que individualista, carente de religión pero rico en un panteón de héroes y eventos patrióticos.

A pesar de su talante jacobino -o quizás por él- Batlle y Ordóñez amaba menos los sillones presidenciales que las asambleas y no pretendió perpetuarse en el poder, aunque su pesada mano fuera implacable contra quienes lo desafiaran.

La tarea de construir el país modelo reposaba en un Estado poderoso, en un gobierno de partido y un partido de gobierno -el Colorado. Batlle despreciaba las ideas parlamentaristas o la coparticipación, a la que había derrotado en la guerra de 1904.

Su dilema era cómo crear un Ejecutivo sin alimentar la ambición de los hombres. El colegiado fue su respuesta; un Poder Ejecutivo con “bastante más poder que el que la Constitución de 1830 otorgaba al presidente,” dice Göran Lindhal.

Además, demostrando no dar puntada sin nudo, Batlle daba por descontado que los primeros miembros de la junta serían todos colorados y que los blancos tendrían frente a sí la imposible tarea de vencer en cinco elecciones consecutivas para obtener la mayoría del cuerpo. El sistema electoral dificultaba aún más la participación y el progreso de las minorías. Batlle no pretendía modificarlo.

Este proyecto de larga hegemonía se completaba con una férrea disciplina partidaria: los representantes del partido en el Ejecutivo Colegiado debían de estar subordinados a las directivas del mismo.

Un amplio sector del partido Colorado se opuso, diversos grupos de interés también; pero fueron los blancos quienes levantaron nuevamente las banderas por las que habían dejado su sangre en los campos de batalla. Juan Andrés Ramírez lo expresó de manera contundente: “La asamblea de la tribu […] no es menos despótica que el cacique y la libertad se pierde lo mismo bajo la tiranía de uno que bajo la tiranía de varios”. Y agregó las exigencias: división de poderes real, verdadero control parlamentario y limitación de la omnipotencia ejecutiva.

El país entero estaba movilizado por una miríada de intereses cruzados. Hubo que negociar. El primer gran paso fue la Ley Electoral de 1915 que no solo convocaba al cuerpo ciudadano con voto universal masculino, sino que agregaba -dice Pivel Devoto- otras dos “conquistas preciosas: el voto secreto y la representación proporcional.”

El 30 de julio de 1916 se llevaron a cabo las elecciones para la Convención Nacional Constituyente. Se triplicó el número de sufragios, los blancos obtuvieron la mayoría relativa y, lo más importante, todos los sectores reconocieron el carácter popular y honesto de estas elecciones, una bienvenida novedad.

La discusión del nuevo proyecto involucró a todas las elites nacionales. Ahorraré al lector los vaivenes y la trama de actores cruzados que gestaron la nueva Constitución. Importa el resultado; este proceso es la gestación y el parto de la excepcional democracia uruguaya del siglo XX.

Carlos Pareja me ha hecho llegar un texto inédito -“La encrucijada refundacional de 1916”- que analiza de manera formidable este evento fundamental en la vida de la república, “adoptando diseños institucionales y modalidades de funcionamiento del sistema de partidos muy diferentes a los de sus homólogas en la región”.

Pareja se admira de que -tal como había sucedido en las guerras religiosa europeas- los acuerdos se pensaron provisorios “una tregua entre combatientes desgastados por los enfrentamientos pero terminaron configurando un arreglo basado en ciertos principios, al amparo y a la luz de los cuales hemos construido no solo nuestras instituciones republicanas y democráticas, sino también la autoimagen irremplazable de nuestra dignidad como agentes morales autorizados a formar y revisar por cuenta propia nuestras creencias y convicciones”.

Una historiografía hegemónica ha interpretado este proceso como una suerte de contrarrevolución conservadora, como “el alto” del proceso reformista, como “el freno del impulso”, como la poco meritoria fundación de una “sociedad amortiguadora”, “hiperintegradora”, del “estado de consenso”, que forman parte, dijo Real de Azúa del “legado de convicciones deprimentes y hasta fatalistas que muchos uruguayos abrigan sobre su nación”.

Por el contrario, creo que el 30 de julio de 1916, merecería formar parte de las grandes efemérides nacionales en un lugar de privilegio.


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