Leonardo Guzmán
Leonardo Guzmán

Respuesta a la Justicia

Sin funcionarios ni actuarios, anteayer el Poder Judicial volvió a vivir otra jornada absolutamente anormal. Pero ni sorprendió ni conmovió. ¡Total! ¡Adentro y afuera, por años, las oficinas vienen exhibiendo el reclamo frontal de que se liquide y pague el salario dispuesto por la ley! ¡Total! ¡Ya hace un año que en los juzgados cuelgan afiches que recuerdan la obviedad de que “las sentencias deben cumplirse”!

Sin funcionarios ni actuarios, anteayer el Poder Judicial volvió a vivir otra jornada absolutamente anormal. Pero ni sorprendió ni conmovió. ¡Total! ¡Adentro y afuera, por años, las oficinas vienen exhibiendo el reclamo frontal de que se liquide y pague el salario dispuesto por la ley! ¡Total! ¡Ya hace un año que en los juzgados cuelgan afiches que recuerdan la obviedad de que “las sentencias deben cumplirse”!

A todos nos enseñaron que acatar la Justicia es un deber incondicionado, cuya violación acarrea conminaciones en dinero y puede determinar responsabilidades penales. Para que el Derecho no sea ciencia ficción y pueda cumplir su misión de enderezar la realidad, la obediencia a las decisiones judiciales es un requisito insoslayable.

Pero he aquí que este Uruguay donde hoy vivimos, por un lado pasea y zarandea la imagen de defensor de los derechos humanos, y por otro lado, viene ya soportando dos sucesivos elencos gobernantes que se han empeñado en violar la legalidad nada menos que con el Poder Judicial. Primero obligaron a que jueces, actuarios y funcionarios reclamasen, en juicio, la liquidación legal que se les negaba por las buenas; y cuando fueron apareciendo las sentencias, se las desconoció hasta el punto de no ofrecer un modo razonable de cumplirlas e ignorar olímpicamente su obligatoriedad.

Con ello, en el mismo gesto se violó la ley, la cosa juzgada, la independencia del Poder Judicial y la dignidad laboral de sus servidores.

El conflicto no es, pues, una pulseada gremial. El rechazo a las propuestas por parte del Poder Ejecutivo refleja principios cardinales de la vida republicana. No es una mera cuestión de pesos sino la respuesta pertinente ante una transgresión frontal.

Por lo cual no debe dolernos tanto por el bochorno que nos aparejará su denuncia internacional, como por la clase de país que resultaría si todos aceptáramos callados que en esto venga a parar el respeto que se deben entre sí los poderes del Estado.

Todos aprendimos que la costumbre no establece ni deroga las leyes. Entonces, no nos dejemos acostumbrar a la apatía ni a la boca cerrada: si queremos que las leyes nos rijan en pie de igualdad, no dejemos corroer por el silencio nuestra conciencia normativa de ciudadanos.

Así como el advenimiento de la dictadura nos unió en torno a la defensa de la legalidad a muchos que pensábamos distinto y nos allegábamos desde tiendas contrapuestas, ahora que se desconoce la legalidad en clima chirle, es tiempo de que, saliendo cada cual de su chacrita, volvamos a vitalizar el pacto republicano que, desde las Instrucciones, nos dio identidad mucho antes de lograr la independencia.

El caso del Poder Judicial es patético y emblemático, pero no es único. Refleja un aflojamiento de la legalidad, de los sentimientos normativos y de los sentimientos a secas. Esa flojera inficiona a todos los órdenes de la vida pública y privada.

Nos duele y nos daña por encima de izquierdas y derechas, partidos y gremios, generaciones viejas y nuevas, ricos y pobres. Nos agrede en nuestra esencia de personas.

Por eso, quienes queremos que los gobernantes y los gobernados estemos igualitariamente sometidos a la ley, debemos luchar juntos para que los fallos de este largo conflicto no sigan violándose por alcaldadas.

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