Leonardo Guzmán
Leonardo Guzmán

¡A pesar de todo!

A la muerte de una señorita de 16 años bajo las ruedas de una camioneta que quedó sin chofer por una balacera de maleantes, en una semana le sumamos el asesinato de una señora madre que, al entrar con el auto a su casa, fue rapiñada a la vista de su hija de solo 13 años.

A la muerte de una señorita de 16 años bajo las ruedas de una camioneta que quedó sin chofer por una balacera de maleantes, en una semana le sumamos el asesinato de una señora madre que, al entrar con el auto a su casa, fue rapiñada a la vista de su hija de solo 13 años.

Las crónicas subrayaron que la muchacha fallecida era hija de la actuaria Esc. Carina Ascheri y que la niña supérstite es hija del señor fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz. La mención de esos respetables cargos sirve para identificar públicamente el contexto honorable de las víctimas y los deudos, pero el dolor ciudadano no surge de las funciones de los progenitores sino de sentir el valor irrepetible de las existencias tronchadas y de comprobar que el Estado no garantiza el derecho a la vida como manda el art. 7 de la Constitución. Lo cual es desgarrador. Pasamos años con nuestro sistema educacional retrogradando tanto en las pruebas PISA como en las mediciones nacionales y cruzando ese retroceso con toda suerte de paros y huelgas docentes, pero guardando sepulcral silencio sobre la necesidad de restablecer en los jóvenes el hambre de saber, el apetito por aprender, la ambición por ascender y la voluntad de ser.

Pues bien. Éramos pocos y parió mi abuela: al bochorno por los malos resultados de los alumnos, se le agregó en estos días el ludibrio de un concurso de maestros donde hubo postulantes que recibieron las preguntas filtradas por Whatsapp. Pero la cosa no paró ahí: la directora general de Educación Inicial y Primaria declaró a Radio Uruguay -ex Sodre- que no se anuló la prueba “porque ningún docente presentó denuncia por sentirse perjudicado por la situación”. Con ello dio por sentado que la violación del secreto y el fraude solo invalidan las pruebas si algún concursante se queja, como si la noticia trascendida en todos los medios y la vergüenza pública no fueran suficiente denuncia y como si custodiar la limpidez y la lealtad de los concursos no constituyera un deber de todo funcionario y un valor a inculcar desde los más tiernos pupitres. Lo cual es funcional y pedagógicamente un escarnio.

Vivimos meses ventilando en el Senado las decisiones que arruinaron a Ancap, nuestra empresa mayor que otrora fue orgullo ante América y hoy figura a la cabeza de la historia nacional del disparate. Lo que quedó a la vista no son opiniones sino hechos, buena parte de los cuales imponen, más que una investigación parlamentaria, una indagación a fondo por alguno de los dos Juzgados Letrados Especializados en Crimen Organizado.

Y tamaño desmoronamiento no nos llegó solo. Le agregamos la ausencia deliberada de quien fue presidente de Ancap en la mayor parte del período deficitario indagado: el ciudadano Sendic, que debiendo estar en Sala para defenderse desde su banca de senador, se fue a Cuba, evidenciando que antes que las responsabilidades de la libertad prefiere los silencios de la dictadura-Castro-58-años. Y peor aún, la mayoría automática le adicionó un ciclópeo esfuerzo por paralizar el pensamiento ciudadano, envolviendo los hechos bajo densas capas de atribución de “falacia, falsedad, presunciones, operación política, trama sórdida y hasta inquisición”. ¡Al daño material se le agregó caída del diálogo y miopía moral!

Sí: los hechos de estas horas nos ponen frente a la evidencia de que la República vive una postración de dimensiones bíblicas. Es contra ella que debemos erguirnos sin miedo.

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