Leonardo Guzmán
Leonardo Guzmán

¡Ataques al abogado!

Actuarios y funcionarios del Poder Judicial rechazaron en febrero la imposición sin alternativa que les planteó el Poder Ejecutivo, de rebajar la deuda que, tras años de pleito, se fijó por sentencia firme.

Actuarios y funcionarios del Poder Judicial rechazaron en febrero la imposición sin alternativa que les planteó el Poder Ejecutivo, de rebajar la deuda que, tras años de pleito, se fijó por sentencia firme.

Repetimos: ese rechazo, más que defender pesos, afirmó el principio de independencia de la Justicia y el principio de imperatividad de la cosa juzgada, que obliga a obedecer sin chistar todo fallo irremediable y prohíbe desacatarlo.

Tales principios nos sujetan a todos. Gobiernos incluidos.

Los judiciales, en dos tandas, denunciaron el atropello ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El ministro Ernesto Murro salió al cruce sosteniendo que eran “dos planteamientos contra el Estado uruguayo”. Error conceptual: una denuncia formulada en vías de Derecho no es “contra” el Estado, porque el Estado solo existe como Derecho, sistema legal de libertades, obligaciones y prohibiciones. En eso concordaron hace casi un siglo Kelsen con su pureza normativa y Duguit con su visión sociológica; y concuerdan hoy las corrientes analíticas derivadas de la Escuela de Viena. No es contrario al Estado, señor Ministro, exigirle a los transitorios rectores del aparato de poder que obedezcan a la esencia inseparable de lo que pasa por sus manos, que es el Derecho.

Deslizó el mismo Ministro: “casualmente lo hace el mismo abogado que defendió a los Peirano”. Ofensa conceptual: de Cicerón a Atienza, pasan- do por Quintiliano, Locke y Perelman, siempre se despreció el argumento “ad hominem” -contra el hombre-, que desacredita al mensajero para desprestigiar el mensaje.

Y además, agravio directo a la persona y la función del abogado.

El abogado debe ser respetado en su libertad de aceptar o rechazar defensas sin que ni el Ministro de Trabajo o el Ministro del Interior -Bonomi lo hizo en relación con el exdefensor de “el Betito Suárez”- puedan reprobarlos invocando apellidos o apodos sacados de la crónica policial.

Auxiliar imprescindible de los magistrados, custodia personal de los derechos individuales, impulsor de la vida del Derecho, el abogado no se identifica con los actos civiles o penales que se reprochen a sus patrocinados. Como asesor civil a veces opina antes de las decisiones, pero como defensor penal entra siempre cuando los hechos ya se consumaron.

Su tarea no es convertirse en un hincha del delito que grita desde la Ámsterdam sino enfrentar los daños y las responsabilidades para que los posibles autores de cada desaguisado reciban el rigor de la ley pero también sus beneficios. Para ello, escudriña hechos y conceptos en busca de diferencias relevantes, en esfuerzo de conciencia. Y ese denuedo así acumulado ensanchó el horizonte civilizador a través de los tiempos y plasmó las garantías del debido proceso. Sin ellas, la libertad correría aún más riesgos que los que están a la vista.

Hace 40 años, Adela Reta, Rodolfo Schurmann Pacheco, Hugo Batalla, Fernando Oliú, el suscrito y varios más, debimos soportar destrato y persecuciones por asumir defensas ante la Justicia Militar. Obviamente, reclamar que se cumpliera la ley no era solidarizarnos con los delitos en juego ni identificarnos políticamente con nuestros defendidos. ¡Pero vaya que costaba hacérselo entender a la dictadura!

Lo que uno no imaginó es que iba a ser necesario explicárselo a ministros de la democracia.

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