Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Reforma encubierta

El presidente del Senado del Brasil propuso un conjunto de medidas para sacar a su país del marasmo económico y político en que se encuentra. Una de ellas fue “acabar con la unión aduanera (del) Mercosur”.

El presidente del Senado del Brasil propuso un conjunto de medidas para sacar a su país del marasmo económico y político en que se encuentra. Una de ellas fue “acabar con la unión aduanera (del) Mercosur”.

Enseguida, el canciller uruguayo salió a informar que la propuesta había sido abandonada por “falta de apoyo”, aunque consideró que había sido un hecho positivo porque contribuyó a poner, otra vez, “el funcionamiento del Mercosur sobre la mesa”.

La presentación de la idea en un nivel tan alto del Gobierno brasileño demuestra que existen sectores importantes que entienden que el acuerdo regional se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico del Brasil.

Pero, además de haberse transformado en un lastre para la economía de varios países de la región, el Mercosur se ha tornado en una seria amenaza política para la soberanía de algunos de los Estados miembros.

El Tratado de Asunción fue un acuerdo económico y comercial. En los años siguientes, y coincidiendo con el pasajero auge del “progresismo” en la región, se le fue agregando una densa estructura política. A medida que se acentuaba el fracaso del Mercosur económico, floreció el Mercosur retórico y político. Uno de los frutos de ese desvío del camino inicial es el engendro del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Para nuestro país, el resultado de aquel proceso es que hoy la estructura jurídica e institucional del Mercosur no es solamente un problema económico, sino también un serio desafío para nuestra soberanía.

Los Estados deben vivir en el mundo tal cual es y no ceder a la tentación de perderse en el enrarecido espacio de las ideologías y fantasías de la mítica “Patria Grande”.

Para repetir lo esencial. El Uruguay apenas tiene algo más de tres millones de habitantes y está rodeado por vecinos muchos más grandes y poderosos. Nuestra gran defensa es el Derecho Internacional (de allí la preocupación causada por las declaraciones del anterior presidente de que lo político está por encima de lo jurídico).

El Derecho Internacional consagra los principios esenciales de la igualdad soberana de los Estados y de que ningún Estado puede ser obligado sino es mediante su consentimiento. Aunque existen excepciones al primer principio (por ejemplo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) la regla de un Estado un voto se aplica en la mayoría de los foros internacionales.

Al embarcarnos con imprudencia, ingenuidad o indiferencia en la aventura del Parlasur, nos metemos cada vez más en un corral de ramas donde, si no despertamos a tiempo, finalmente quedaremos atrapados sin remedio.

Aceptamos la representación proporcional incompleta en el Parlasur (con lo que arrojamos por la borda la garantía fundamental de la igualdad soberana). Además, aunque no sea así formalmente, es innegable que ese cuerpo colectivo, elegido directamente, tendrá un fuerte peso político que, fatalmente, le asignará a sus decisiones un impacto material de supranacionalidad (con lo que renunciaremos al principio de que ningún Estado puede ser obligado sin su consentimiento).

Para colmo, esos cambios se han realizado a espaldas de la opinión pública, a pesar de que, en la práctica, representan una verdadera reforma constitucional encubierta.

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