Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Programas y realidades

El sentido común indica que la política exterior de los Estados debe ser de largo plazo y estar fundada en un sólido y amplio consenso político nacional. Lamentablemente, el sentido común es el menos común de los sentidos.

El sentido común indica que la política exterior de los Estados debe ser de largo plazo y estar fundada en un sólido y amplio consenso político nacional. Lamentablemente, el sentido común es el menos común de los sentidos.

En el caso de la política del Mercosur, en nuestro país, lo que debería ser un intercambio de ideas amplio y realista, abarcando a todos los partidos políticos, se reduce a un esotérico debate interno en el seno de la coalición de gobierno sobre cómo interpretar algunos pasajes de su programa político. El resto de los partidos políticos y los ciudadanos que representan están excluidos. A pesar de que también tendrán que soportar las consecuencias de una mala política exterior.

Debido a esa extraordinaria forma de definir la estrategia internacional del país, los opositores a las políticas de apertura dentro de la coalición tienen un peso desproporcionado en el proceso de definición de la política exterior del Estado. No parece muy democrático.

El consenso más amplio en nuestra sociedad (incluyendo a sectores del Frente Amplio) probablemente es que nuestro país debe abrirse al mundo exterior y negociar acuerdos comerciales con el mayor número de contrapartes comerciales. La mayoría somos partidarios de una política exterior a la chilena.

Pero, en la práctica tenemos un Ministro de Relaciones Exteriores pragmático que refleja aquel consenso general y que intenta llevar adelante una política de inserción internacional que se ajusta al mismo pero que encuentra resistencia importante dentro de su coalición.

En el caso del Mercosur el punto de partida de la discusión es la Resolución No. 32/2000 del Consejo del Mercado Común donde se re afirma “el compromiso de los Estados Partes del Mercosur de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”. La Resolución es una limitación importante para la soberanía de cada una de las Partes del Tratado de Asunción y debe ser interpretada en forma restrictiva, aunque permite negociar acuerdos no arancelarios, por ejemplo para incorporarse como observador a la Alianza del Pacífico.

Ahora, los hechos están imponiendo un cambio de curso en la política plasmada en la Resolución No. 32/2000.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y el Uruguay están de acuerdo en hacer más flexible el marco jurídico para la negociación de tratados de comercio con terceros países.

El gobierno del Brasil ha dado señales en el mismo sentido. El presidente Macri ha dicho que es necesario que el Mercosur salga de su congelamiento y negocie un acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico y el ministro Nin declaró que era necesario avanzar en las negociaciones comerciales con este bloque económico regional.

La propuesta es acertada. Por varios motivos. Incluyendo que la Alianza del Pacífico, formada por México, Colombia, Perú y Chile reúne un mercado de 217 millones de habitantes con los que tenemos mucho en común y, también, porque ese bloque puede ser la puerta para aproximarnos a los dinámicos mercados del Pacífico (que incluyen a uno de los compradores más importantes de exportaciones uruguayas).

La realidad es la realidad.

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