Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Presos de Guantánamo

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, declaró que no está de acuerdo con que nuestro país reciba a un grupo de prisioneros que se encuentran en el limbo jurídico de la base de los Estados Unidos en Guantánamo. Lacalle Pou advirtió que "el gobierno no informó nada" sobre ese proyecto y que no ha contestado a sus pedidos de informes. El candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, tampoco apoya el proyecto porque considera que no tiene un marco jurídico adecuado. Pero, la embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso afirma que nuestro país ya está comprometido a recibirlos.

A todo esto se agregan las marchas y contramarchas del presidente de la República.

En julio, Mujica declaró a la prensa que consideraba "un deber" acceder al pedido del gobiernos de los Estados Unidos, de que Uruguay recibiese a seis detenidos en la cárcel de Guantánamo. Mujica justificó su decisión diciendo que "me pasé toda la vida dándole en contra", a la prisión de Guantánam

El candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, declaró que no está de acuerdo con que nuestro país reciba a un grupo de prisioneros que se encuentran en el limbo jurídico de la base de los Estados Unidos en Guantánamo. Lacalle Pou advirtió que "el gobierno no informó nada" sobre ese proyecto y que no ha contestado a sus pedidos de informes. El candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, tampoco apoya el proyecto porque considera que no tiene un marco jurídico adecuado. Pero, la embajadora de los Estados Unidos, Julissa Reynoso afirma que nuestro país ya está comprometido a recibirlos.

A todo esto se agregan las marchas y contramarchas del presidente de la República.

En julio, Mujica declaró a la prensa que consideraba "un deber" acceder al pedido del gobiernos de los Estados Unidos, de que Uruguay recibiese a seis detenidos en la cárcel de Guantánamo. Mujica justificó su decisión diciendo que "me pasé toda la vida dándole en contra", a la prisión de Guantánamo, "y cuando aparece un presidente que quiere hacer algo positivo, ¿qué voy a hacer?".

Sin embargo, a principios de este mes, parecía menos entusiasmado. Tras participar en un seminario sobre empresas públicas, Mujica dijo a la prensa: "Las decisiones las voy a tomar yo. Le dije que los cautivos van a venir cuando yo disponga, querido, ¿quieren más claro? Lo va a determinar el presidente de la República y no va a pedir consejos a nadie, nada más a su almohada". Agregó: "Yo prefiero tener toda la información, las cosas claras, que todavía no las tengo".

Pero, la semana pasada, la embajadora Reynoso afirmó en un evento en la Embajada de su país (nada menos que para festejar la apertura del mercado uruguayo a los pollos y mollejas provenientes de los Estados Unidos) que nuestro país habría asumido el compromiso de recibir a los presos. En su opinión los partidos políticos de la oposición habían quedado comprometidos por lo acordado por el gobierno uruguayo. Reynoso dijo "Este arreglo diplomático entre dos países no es un acuerdo entre dos partidos. Eso es lo que nosotros entendemos porque tenemos un acuerdo con la República Oriental del Uruguay".

¿Es esto tan así?

La Constitución establece que "Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros," corresponde "Concluir y suscribir tratados, necesitando para ratificarlos la aprobación del Poder Legislativo" (artículo 168). Por su parte, al Poder Legislativo le compete "aprobar o reprobar… las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras" (artículo 84.7.). El texto es categórico: el requisito de la previa aprobación parlamentaria se aplica a los acuerdos "de cualquier naturaleza".

Entonces, primero, el Presidente no puede tomar decisiones "sin pedir consejo a nadie", debe hacerlo con sus Ministros (la Constitución no reconoce a la almohada presidencial); segundo, está claro que lo que la embajadora llama un "arreglo diplomático" es un acuerdo y que, por lo tanto, requiere la previa aprobación parlamentaria para tener un efecto obligatorio para nuestro país; tercero, que el gobierno no ha informado debidamente al Parlamento ni a la oposición de las negociaciones; y, finalmente, que ni el presidente tiene las cosas claras.

Un caos.

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