Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Quien se precipita...

Los sucesos producidos en los últimos días demuestran que, en política, la menor distancia no siempre es una línea recta. En realidad, la menor distancia bien puede ser una línea sinuosa, una elipse o una parábola. Incluso puede llegar a asemejarse a un juego de billar a tres bandas sobre una mesa que se mueve.

Los sucesos producidos en los últimos días demuestran que, en política, la menor distancia no siempre es una línea recta. En realidad, la menor distancia bien puede ser una línea sinuosa, una elipse o una parábola. Incluso puede llegar a asemejarse a un juego de billar a tres bandas sobre una mesa que se mueve.

Pero, con todas sus complejidades y sorpresas, la política es un arte esencialmente humano. Algo que, con sus bemoles, entiende bien el expresidente Mujica. Aunque, en su caso, algunos críticos opinarán que se le va la mano para el lado del arte y deja demasiado de lado la ciencia (incluyendo el Derecho y la Ciencia Económica).

El viernes 22 de agosto, pareció abrirse un camino para finalizar las prolongadas diferencias entre el gobierno y los gremios de la enseñanza.

Aquel día se suscribió el Acta Final de la Instancia de Negociación entre, por una parte, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y, por la otra, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU). Además estaban presentes la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La redacción del primer parágrafo del Acta tiene una gran importancia: el Poder Ejecutivo es un testigo de un acuerdo suscrito por ANEP. Algo que parece lógico, si consideramos el permanente reclamo de este último organismo (y de los gremios) de que sea respetada su autonomía y competencias.

El Acta establece que el Poder Ejecutivo y ANEP arriban a una propuesta “a ser considerada por los órganos competentes de cada parte”. Lo que se suscribió no fue el acuerdo final pero igual tiene su importancia.

Siguió el fin de semana largo (una oportunidad que los políticos más veteranos habrían utilizado sabiamente para enfriar los ánimos).

Los términos convenidos en el Acta fueron rechazados por los docentes en sendas asambleas.

Ello dejó en una situación difícil no a ANEP (y menos el Poder Ejecutivo que solamente había actuado como testigo), sino a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Ahora correspondía a los líderes gremiales explicar a sus “bases” por qué habían entendido que los términos plasmados en el Acta podían ser aceptables.

Sin embargo, por algún motivo, el lunes 24, el Poder Ejecutivo (sin dar tiempo para discusiones en el nivel gremial), declaró “esenciales los servicios correspondientes a los Centros de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Técnico Profesional y Centros de Formación Docente”. Esta medida, tomada un lunes sándwich, desplazó a ANEP del lugar que le corresponde en este proceso, causó un debate jurídico sobre la legalidad de la medida (lo que la debilita fatalmente), indignó más a los gremios de enseñanza, e involucró al resto del movimiento gremial preocupado por una cuestión de principios. Pero, la principal consecuencia fue que, como por arte de magia, se liberó a los dirigentes de la Coordinadora del brete en que se habían metido el viernes. La Resolución cambió el punto focal de la crisis. Los dirigentes gremiales ya no tienen necesidad de justificar los términos aprobados por ellos mismos en el Acta del viernes, sino que pueden condenar tranquilamente la Resolución de esencialidad.

En política, como en otros órdenes de la vida, el que se precipita, se precipita.

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