Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

La política del poder

Las relaciones entre los Estados se rigen por la política del poder. Es cierto que la comunidad internacional se esfuerza en establecer principios, normas e instituciones cuya finalidad es domesticar el ejercicio de la fuerza y de la prepotencia de las grandes potencias respecto de las chicas. Pero la regla fundamental continúa siendo que cada país defiende sus intereses.

Las relaciones entre los Estados se rigen por la política del poder. Es cierto que la comunidad internacional se esfuerza en establecer principios, normas e instituciones cuya finalidad es domesticar el ejercicio de la fuerza y de la prepotencia de las grandes potencias respecto de las chicas. Pero la regla fundamental continúa siendo que cada país defiende sus intereses.

En octubre, el gobierno anunció que se había logrado una “asociación estratégica” Uruguay - China y el presidente Vázquez proclamó que “en este momento, las relaciones diplomáticas entre los dos países han cumplido 28 años. En el año 2018 cumpliremos 30 años y hemos fijado esa fecha como límite para firmar el Tratado de Libre Comercio”.

La frase, altisonante, “asociación estratégica” me trajo a la memoria las reflexiones de Luis Alberto de Herrera sobre las relaciones internacionales recopiladas en el libro de Carlos María Velázquez. Herrera advertía que “el abrazo de las naciones fuertes, aunque exprese un cariño, suele sofocar”, y aconsejaba: “No seamos inocentones y miremos menos a los labios fascinadores del artista o juglar, y más a las manos endiabladas, donde está toda su intención”.

Las diferencias en tamaño y capacidad de negociación entre nuestro país y China, una de las grandes potencias con sus propias prioridades estratégicas (por ejemplo en el Mar de la China), es tan inmensa que no es racional ni prudente hablar de “asociaciones estratégicas entre iguales”. La asimetría entre las partes es tan grande que existe un serio peligro de que el vínculo de asociación entre iguales termine convirtiéndose en una adhesión del más pequeño al más grande.

En su reciente presentación en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el ministro de Relaciones Exteriores dejó entrever que lo que en octubre había sido considerado como una certeza, gradualmente ha pasado por una metamorfosis y ahora era una “aspiración”. Parecería dudoso que el acuerdo pueda ser concluido en el 2018.

Aparte de las introspectivas evaluaciones sobre los beneficios económicos para nuestro país de un acuerdo (el cual también tendría sus costos que deben ser evaluados), existen tres aspectos políticos que también importan.

Primero, nuestro país es parte del Tratado de Asunción cuyo objeto es la construcción de un mercado común que supone la libre circulación de bienes y servicios. Como resultado de cualquier acuerdo unilateral tendrá un efecto multilateral para los demás socios del Tratado de Asunción. Por ello, uno de los elementos de un emprendimiento de esa naturaleza es una política comercial externa común.

Segundo, la decisión Nº 32/00 del Consejo del Mercado Común, reitera lo obvio cuando reafirma el “compromiso de los Estados Partes del Mercosur de negociar en forma conjunta un acuerdo de naturaleza comercial con terceros países”.

Finalmente, nuestros socios mercosureños defienden sus propios intereses.

En realidad, la clave de la situación no se encuentra tanto en la relación Uruguay- China. Esta encrucijada resalta que, debajo de la retórica inocentona, existen serias diferencias de intereses de largo plazo entre nuestro país y otros miembros del Mercosur. Estas diferencias son las que determinan la viabilidad de un acuerdo de libre comercio con China.

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