Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Pirro y el avión

En la Administración pública, en cierto sentido, no existen asuntos grandes ni chicos. Todos son importantes porque fijan precedentes políticos, cristalizan interpretaciones de las normas jurídicas, contribuyen a definir las expectativas que toda la sociedad tiene acerca de la forma en que se administra la república, y confirman, o debilitan, el prestigio y la legitimidad de las instituciones.

En la Administración pública, en cierto sentido, no existen asuntos grandes ni chicos. Todos son importantes porque fijan precedentes políticos, cristalizan interpretaciones de las normas jurídicas, contribuyen a definir las expectativas que toda la sociedad tiene acerca de la forma en que se administra la república, y confirman, o debilitan, el prestigio y la legitimidad de las instituciones.

La sociedad tiende a juzgar con mayor severidad las decisiones equivocadas tomadas en casos en que los menos prevenidos podrían considerar como de limitada trascendencia debido al escaso monto relativo de las sumas involucradas.

El trámite de la compra de la aeronave para la Presidencia ha sido una sucesión de errores y horrores que no le hace nada de bien a nuestro gobierno.

Ni al país, y que fija precedentes lamentables que minan la autoridad de uno de los organismos claves de la Administración pública, el Tribunal de Cuentas.

Como se recordará, el Tribunal de Cuentas observó la adjudicación del veterano avión de pasajeros. El Poder Ejecutivo dispuso reiterar el gasto y adjudicar la compra al único oferente. Finalmente, el Tribunal de Cuentas resolvió por mayoría considerar de “recibo los fundamentos expresados por el Poder Ejecutivo” y levantar las observaciones que había formulado.

Esa resolución ha sido una victoria pírrica para el Poder Ejecutivo. Pirro fue el rey de Epiro, en la Antigua Grecia, y tenía el dudoso mérito de ganar las batallas pero a un costo tan alto para sus tropas que cada triunfo equivalía a una derrota.

Las críticas que se han levantado contra la licitación son varias. Incluyendo que la combinación de los requisitos y los plazos estipulados, en la práctica, hacia muy difícil que se presentaran oferentes de aviones similares del exterior (que, indica el sentido común, es donde se encuentran más aviones de este tipo). Aquella primera resolución del Tribunal debió haber bastado para hacer aterrizar el proyecto y buscar un mejor camino para conseguir el avión presidencial.

Pero lo más grave se encuentra en otro lugar.

Las reiteraciones del gasto no son raras en la práctica del Tribunal de Cuentas. En este caso habría sido suficiente con cumplir con aquel trillado procedimiento y ya está. Pero, por algún motivo inescrutable, el Poder Ejecutivo decidió engalanar todo el asunto con un controversial dictamen de la Fiscalía de Gobierno que también consideró oportuno publicar en la página Web de Presidencia de la República. Como señaló uno de los miembros de la minoría en el Tribunal en su constancia de fundamento de voto discorde: “El Fiscal de Gobierno es un funcionario del Poder Ejecutivo, designado por éste y sometido a jerarquía, por lo que al emitir un juicio sobre lo actuado por el Tribunal de Cuentas, lo hace en calidad de juez y parte”.

Este episodio, tan innecesario, es precedido por otros casos dudosos, algunos de los cuales están siendo objeto de procedimientos judiciales.

Es un error evaluar estos asuntos solamente desde un punto de vista político o partidario. Todos los partidos pierden.

El sistema mismo pierde porque cada uno de esos episodios contribuye a debilitar la legitimidad sobre la cual se asienta el edificio de nuestra democracia.

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