Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

El mejor control

El País informó el 25 de marzo acerca de la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, del día 22 del mismo mes, referente a la “Licitación Pública 31845/1 convocada para la adquisición de un inmueble destinado a instalar el Servicio de señales luminosas, Laboratorios y Administración de Regulación alimentarios y el Servicio de Áreas Verdes, dependencias de la Intendencia de Montevideo”.

El País informó el 25 de marzo acerca de la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, del día 22 del mismo mes, referente a la “Licitación Pública 31845/1 convocada para la adquisición de un inmueble destinado a instalar el Servicio de señales luminosas, Laboratorios y Administración de Regulación alimentarios y el Servicio de Áreas Verdes, dependencias de la Intendencia de Montevideo”.

La Resolución establece en sus considerandos que “el procedimiento licitatorio se adecuó a los dispuesto” en la legislación correspondiente. Pero, continúa: “sin perjuicio de ellos correspondería señalar las siguientes constataciones”, y enumera una serie de circunstancias que, por lo menos, podrían ser consideradas como llamativas.

Ello condujo, primero, a que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, afirmase a la prensa que este era el momento de “no hacer mucho discurso ni dar manija, sino de investigar”. En los días siguientes, Martínez designó una comisión investigadora integrada por directores políticos de la Intendencia (el periodista de El País señaló que la medida era “un hecho inédito para una denuncia de este tipo”) y, siguiendo lo aconsejado por aquella, tomó la decisión de desistir de la compra y realizar una nueva licitación. Todo este proceso fue seguido por la prensa que informó a la opinión pública.

Por su parte, la Junta Departamental designó una comisión preinvestigadora sobre el asunto.

El viernes pasado, El País informó que la Junta había establecido una comisión para investigar la frustrada compra.

La decisión de designar la comisión investigadora fue tomada por unanimidad, lo que es realmente positivo. Lamentablemente, la bancada del Frente Amplio consideró necesario acusar a “los medios de comunicación” por haber dado a conocer la resolución del Tribunal de Cuentas “generando alarma con el propósito de lesionar la gestión del gobierno departamental”. La coordinadora de la bancada del Frente Amplio dijo que El País había causado “alarma pública” al difundir la información. Suponemos que en la medida en que los demás medios de prensa también cubrieron la noticia, ellos también quedan comprendidos en la acusación de provocar “alarma pública”. Esta es la tradicional actitud oscurantista de condenar al mensajero por la noticia (¿acaso es mejor que seamos ignorantes pero contentos?).

Lo que hicieron los medios de comunicación fue cumplir con su función: informar.

Una de las lecciones de este proceso es que lo decidido por el Tribunal fue, sin dudas, esencial. Pero también es esencial que la prensa, cumpliendo con su deber en un país democrático republicano, haya informado sobre la Resolución de aquel órgano de contralor y emprendiese su propia investigación sobre la compra. Esa información periodística encontró eco en la consciencia de los ciudadanos y esto produjo el movimiento de opinión que motivó a que el intendente y la Junta actuasen como lo hicieron.

El episodio también demuestra la gravedad del decreto aprobado por el Poder Ejecutivo el 13 de febrero, que impone una verdadera mordaza a todos los funcionarios públicos y, de forma indirecta, impide que los medios de comunicación puedan cumplir con su función esclarecedora en beneficio de toda la sociedad.

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